La Rioja dio este lunes un paso decisivo frente a la política del Gobierno nacional de dar de baja pensiones por discapacidad: la provincia presentó el primer recurso de amparo individual en favor de una mujer con problemas de salud mental que vio suspendido su beneficio por resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El escrito, acompañado de una medida cautelar, fue interpuesto ante la Justicia Federal por los abogados Marcos Rodríguez y Ana Astorga, quienes representan a una vecina de la capital riojana. El objetivo de la acción judicial es restituir la pensión en forma inmediata y retroactiva, al considerar que la baja fue arbitraria e ilegítima.
El gobernador Ricardo Quintela dispuso que los asesores legales del Estado provincial brinden patrocinio gratuito a todas las personas que atraviesen situaciones similares. Según adelantó, se trabaja en la presentación de un amparo colectivo que pueda dar una respuesta integral al conjunto de los afectados en La Rioja.
“Creemos que esta es una acción muy necesaria porque no es la única persona de la provincia a la que le fue cercenado su derecho en forma ilegítima e inhumana. Junto con la doctora Astorga estaremos defendiendo a quienes lo necesiten, siguiendo las instrucciones precisas del gobernador Ricardo Quintela, en defensa de los más vulnerables”, expresó Rodríguez tras la presentación.
Por su parte, Astorga remarcó la gravedad del caso y cuestionó la forma en que se aplicó la medida nacional. “Son cuestiones sensibles y debemos tener en cuenta que la salud mental no es visible. No se puede de un día para otro dar de baja un derecho adquirido en legal forma. Para que se otorgue el beneficio hubo un procedimiento, con presentación de certificados médicos en tiempo y forma. Sin embargo, no se respetaron esos plazos y la baja se dispuso de manera arbitraria. Una enfermedad psiquiátrica es grave y no admite dilaciones ni esperas”, afirmó.
Desde la Universidad Popular, la abogada Samira Mitre, referente del área de Inclusión, valoró el paso judicial dado por la provincia y confirmó que ya se avanza en un amparo colectivo. “Lo que se busca es la restitución de las pensiones y evitar que estas medidas se sigan repitiendo. Este es el primer amparo individual, pero sabemos que no será el último, porque la Universidad recibió numerosas consultas de personas que sufrieron la baja de sus pensiones”, explicó.
Mitre cuestionó la política nacional en materia de discapacidad y advirtió sobre sus consecuencias: “El Gobierno nacional está en una actitud de desamparo total hacia las personas con discapacidad. La vía judicial es factible y deberá continuar si se multiplican las suspensiones”.
Asimismo, destacó la decisión del gobernador Quintela, a quien consideró coherente con su postura de cercanía con los sectores más vulnerables. “Es esperable porque el Gobierno provincial siempre se mostró presente, al lado del pueblo y de las personas con discapacidad. Quintela siempre puso la cara frente a las actitudes crueles y maliciosas del presidente de la Nación”, sostuvo.
Las personas que requieran asesoramiento legal podrán acercarse a la Universidad Popular, desde donde serán derivados a los profesionales que intervienen en estas acciones judiciales. La iniciativa busca garantizar que ningún riojano quede sin defensa ante la suspensión de un beneficio considerado esencial para la vida digna de las personas con discapacidad.
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