La Justicia Federal de Formosa resolvió aplicar una sanción ejemplificadora contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al imponerle una multa diaria de $100.000 hasta que cumpla con la sentencia que ordena restituir las pensiones por invalidez suspendidas en la provincia. La medida fue dictada por el juez federal Pablo Fernando Morán, quien constató que el organismo nacional no acató lo dispuesto en agosto pasado.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, explicó en comunicación con medios locales que la Fiscalía Federal deberá ahora analizar si corresponde imputar a la ANDIS por desobediencia judicial, lo que podría derivar en sanciones aún más severas contra el organismo.
En paralelo, equipos legales del Instituto de Previsión Social (IPS) y del área de Discapacidad de la provincia continúan acompañando a los cientos de afectados por la suspensión. Los operativos se llevan adelante en distintos barrios de la capital, como Venezuela, Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111), Lote 4 y Eva Perón, donde se brinda asesoramiento y apoyo a las familias perjudicadas.
La Defensoría del Pueblo recordó que en 2024 el entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, impulsó una auditoría sobre casi un millón de pensiones no contributivas. Los resultados revelaron que más de la mitad de las cartas enviadas no llegaron a destino, pero que el 91,6% de los citados asistió a la revisión. Además, solo se detectaron 7.211 fallecidos y 9.027 renuncias en el padrón.
A pesar de estas cifras, el Gobierno nacional de Javier Milei dispuso la suspensión de más de 111.000 pensiones, lo que, según denunció Gialluca, responde a “una política de ajuste y no a un proceso de control transparente”.
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El Gobierno nacional calificó el crecimiento de estas pensiones como un “curro”. No obstante, especialistas señalan que su incremento se explica por cambios legislativos que ampliaron derechos, como la eliminación de cupos en 2003 y la incorporación con jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2014.
En la actualidad, de los casi 6 millones de personas con discapacidad registradas en el censo 2022, apenas el 20% accede a una pensión no contributiva. El monto equivale al 70% de la jubilación mínima, por debajo incluso de la canasta básica de indigencia.
El fallo judicial
En un fallo considerado histórico, la jueza federal María Belén López Macé ordenó al Gobierno nacional restituir de manera inmediata las pensiones por discapacidad en Formosa, suspendidas en el marco de auditorías implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión fue comunicada en una conferencia de prensa realizada en la Defensoría del Pueblo provincial, donde el defensor Leonardo Gialluca detalló los pasos a seguir para que los beneficiarios regularicen su situación.
La resolución judicial llega en un contexto de fuerte ajuste y de creciente malestar social frente a la política de recortes del Gobierno de Javier Milei. Según Gialluca, las personas afectadas podrán concurrir a la Defensoría del Pueblo, de lunes a viernes, en los horarios habituales, así como a las Casas de la Solidaridad distribuidas en la capital y el interior provincial, donde recibirán asesoramiento sobre la documentación requerida y la manera de presentarla. “Es un derecho recuperado que debe ser defendido con información y acompañamiento”, subrayó.
El fallo es resultado de un amparo impulsado por la Asociación Camino Azul y acompañado por la Defensoría del Pueblo de Formosa, el Ministerio de la Comunidad y el diputado Hugo Arrúa. Allí se denunciaron las graves irregularidades cometidas durante las auditorías de la ANDIS, que en lugar de garantizar transparencia, se transformaron en un mecanismo de exclusión masiva.
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