"Federalizar" es una palabra que ha sonado mucho en los últimos años. Pero solo cobra sentido real cuando deja de ser concepto y se convierte en acción. Y si a esa palabra le sumamos "comunicación", entonces estamos frente a un desafío aún mayor: romper con el centralismo que no solo se concentra en Buenos Aires, sino que también se replica dentro de cada provincia. Las capitales acaparan infraestructura, conectividad, medios. A medida que una se aleja, la señal se debilita, la voz se apaga, las historias reducen su audiencia.
El martes 1 de abril, en La Rioja, se hizo un acto de gobierno. Tenía una particularidad: era de comunicación y estaban los intendentes. Eso solo ya merece ser contado y celebrado. Porque allí no solo se enfrentaba la hegemonía informativa del centralismo porteño, sino que se planteaba con claridad la intención de desarmar también el centralismo interno, ese que reproduce todo lo malo de la metrópolis hacia el resto del país.
Algunas de las noticias de ese día fueron que Canal 9 subió su calidad en digital a HD, que se recuperaron todas las repetidoras del sistema analógico y que se inició el proceso para que en cada municipio se puedan mantener las repetidoras sin dependencia de la capital. No se trata de un dato técnico: era necesario. Que haya buena señal en los pueblos más pequeños va mucho más allá de ofrecer entretenimiento o noticias. Es reconocer su existencia, su importancia y sus derechos. Es una política de inclusión que el Estado debe garantizar, en línea con lo que establece la nueva Constitución provincial —proclamada en julio de 2024—, que incorpora de manera innovadora los derechos y deberes digitales, y consagra la ciudadanía digital como parte del horizonte de justicia y equidad.
Lo mismo sucede con la entrega de equipamiento a radios municipales, o con las capacitaciones a periodistas —de medios públicos y privados— sobre temáticas sensibles como discapacidad, consumos problemáticos, suicidio y géneros. No es solo formación: es una decisión de cuidar cómo contamos los hechos y que el derecho a una comunicación responsable llegue a todos lados. El acceso a la comunicación es un derecho humano (aunque muchos lo olviden o prefieran hacerlo).
Son tiempos difíciles. De destrucción de todo aquello que algunos creíamos fundamental para que una sociedad avance. La desaparición de Télam como agencia nacional de noticias no es menor. Tampoco lo es la desaparición de la pauta oficial. Ni la concentración —cada vez mayor— incluso en los nuevos formatos digitales. Conectividad, acceso, contenidos: ¿Quién decide cuántos tienen derecho, y a qué?
Un dato no menor en esta destrucción del Estado es el desfinanciamiento de un programa nacional que llevaba años: los puntos digitales (para las personas que no tenían compu o conexión). Otra vez, La Rioja, que tiene el 95 por ciento de la provincia conectada, decide sostenerlos. Se sabe: no se puede hablar de inclusión digital sin computadoras, sin conectividad, sin espacios de acceso común.
Para quienes vivimos en CABA -abarrotados de conectividad, señales de radio, TV, cable o streamings-, resulta difícil imaginar el valor que tiene una repetidora funcionando en un pueblo chico. O que la radio local suene nítida. También cuesta dimensionar lo que significa que, alguna vez, una noticia de ese lugar llegue a la capital. En las provincias, la televisión y la radio siguen siendo potentes, mientras conviven con el consumo de redes y plataformas. Lo analógico y lo digital, todo junto. Y cuanto más cercanos están esos medios, más fuerza tienen. Es la potencia de las voces propias, de las historias que no hablan de un choque en la Panamericana o de un robo en Palermo, sino de lo que pasa en la propia comunidad.
Son tiempos difíciles, como dijimos. Y también son tiempos de transformación digital, de futuro tecnológico. Por eso, hay que empezar por lo más básico: garantizar que nadie quede afuera.
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