En un contexto nacional de ajuste y recesión, La Rioja celebra el primer aniversario de su nueva Constitución, una reforma que amplío derechos y cobra un valor particular en los tiempos que corren. Aunque el proceso se inició antes de la llegada del gobierno libertario, conmemorar este primer año en medio de la crisis que enfrentan las provincias expone un modelo de gestión que contrasta con el rumbo nacional. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, con el objetivo de dar un marco legal a nuevas demandas sociales surgidas en los últimos años.
En ese sentido, la pandemia de COVID-19 en 2020 marcó un punto de inflexión para los gobiernos. Exacerbó desigualdades estructurales, como la falta de conectividad, y obligó a rediseñar políticas públicas para responder a necesidades emergentes. Fue entonces cuando La Rioja comenzó a trazar el camino hacia una reforma integral de su Constitución provincial.
“Muchos lugares de la provincia carecían de conexión. Por eso, el gobierno provincial, a través de una empresa estatal, comenzó a trabajar en el acceso a la tecnología y la conectividad en las zonas más alejadas, entendiendo este avance como un eje central para el desarrollo de cada pueblo”, explicó Ada Maza, presidenta de la Convención Constituyente, en diálogo con El Destape, al recordar el origen de la iniciativa.
El proceso comenzó en 2022 y se extendió por dos años. Estuvo a cargo de 36 convencionales constituyentes electos por el voto popular, en representación de los 18 departamentos de la provincia. Tras un amplio debate público e institucional, redactaron el nuevo texto constitucional.
El gobernador Ricardo Quintela, juró la nueva Constitución de La Rioja el 9 de agosto de 2024, en un acto que contó con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, 23 diputados nacionales, 13 senadores y 6 vicegobernadores. La reforma sustituyó a la carta magna sancionada en 1986 y responde a la necesidad de actualizar el marco legal de la provincia ante las profundas transformaciones sociales, tecnológicas, ambientales y económicas ocurridas en las últimas décadas.
Derechos de cuarta generación: avances frente a las desigualdades del siglo XXI
La nueva Carta Magna incorporó por primera vez los denominados derechos de cuarta generación, un conjunto de garantías emergentes que abordan temáticas clave como la inclusión tecnológica, el acceso equitativo a bienes esenciales y la protección del ambiente. Estos derechos responden a transformaciones globales como la digitalización, el cambio climático y la creciente dependencia de las tecnologías para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
En particular, el nuevo texto constitucional consagra el acceso a internet y a la conectividad digital como derechos fundamentales, necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades. Esta decisión estuvo directamente relacionada con las dificultades que vivieron miles de estudiantes, trabajadores y familias durante la pandemia, cuando la falta de conectividad limitó el acceso a la educación, al trabajo remoto y a servicios del Estado.
Como advierte el investigador Bautista Murillo en su estudio “El lugar importa: brecha digital y desigualdades territoriales en tiempos de COVID-19” (2021): “Las TIC, ante este complejo escenario, se transforman en un activo social más que importante que puede determinar en gran medida la capacidad o incapacidad de una persona o un hogar para adaptarse y superar las condiciones sociales adversas impuestas por la presente coyuntura”.
Otro de los derechos clave incorporados en la nueva Constitución riojana es el acceso al agua como bien público esencial. En una provincia con condiciones hídricas adversas y una distribución desigual del recurso, su consagración en la carta magna implica un compromiso concreto con políticas públicas orientadas a garantizar su disponibilidad, calidad y acceso equitativo.
Estas incorporaciones reflejan el rol activo que debe asumir el Estado en el diseño de soluciones frente a los nuevos desafíos. La pandemia evidenció la necesidad de Estados presentes y eficientes, capaces de brindar respuestas concretas ante situaciones de emergencia social. En ese marco, Ada Maza reflexionó: “Son cosas que hay que poner en valor en este momento, cuando tenemos un sistema o un Estado nacional donde vulnera absolutamente todos los derechos”.
Provincias que siguen el camino: el debate por una reforma constitucional más inclusiva
La reforma integral de la Constitución de La Rioja no solo tuvo impacto a nivel provincial. También abrió un camino que hoy otras jurisdicciones del país comienzan a recorrer. Provincias como Formosa y Santa Fe se encuentran actualmente en proceso de reforma o en instancias de debate legislativo y ciudadano, con el objetivo de actualizar sus constituciones e incorporar nuevos derechos.
Estos procesos, ya sean integrales o parciales, se enfocan en la inclusión de temas como la justicia ambiental, el acceso equitativo a la tecnología, la transparencia institucional y la defensa de derechos sociales en contextos de ajuste. En todos los casos, se observa una intención de fortalecer el rol del Estado frente a los desafíos contemporáneos.
La experiencia riojana es mirada como referencia en distintas instancias institucionales del país. En ese sentido, Ada Maza expresó su posición respecto a la posibilidad de pensar una reforma constitucional a nivel nacional, tomando como base algunos de los avances logrados en La Rioja, especialmente en materia judicial: “Me parece que hay que pensar en una reforma judicial nacional donde podamos tener jueces que nos representen efectivamente. Creo que es una deuda que tenemos los argentinos y ojalá podamos tener una democratización verdadera en el Poder Judicial”.
Las reformas en curso de estas provincias reflejan una tendencia hacia la modernización constitucional en Argentina. Con un enfoque que no solo busca actualizar marcos legales, sino también ampliar derechos, reducir desigualdades territoriales y democratizar el acceso a los recursos esenciales. La Rioja fue pionera en ese camino y hoy su experiencia inspira nuevos procesos de transformación institucional.
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