En base a datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), La Rioja fue en 2024 la provincia con mayor caída del empleo registrado privado, en el marco del gobierno libertario de Javier Milei. La cantidad de riojanos con trabajo formal en el sector privado pasó de 30.000 en diciembre de 2023 a 27.400 un año después, lo que representa una pérdida de 2.600 puestos y una caída del 8,6% en solo doce meses, acompañando la tendencia nacional. El retroceso se inscribe en los efectos del Plan de Regularización del Trabajo No Registrado contenido en la ley Bases, que también afectó la estabilidad de trabajadores en otras provincias.
El deterioro del empleo formal estuvo encabezado por el sector de la construcción, seguido por la industria textil, afectada por cierres y recortes de producción en el Parque Industrial de la capital riojana. La reducción de turnos, suspensiones y despidos se volvió una postal habitual en las plantas textiles de la provincia.
Crece la informalidad y la precarización en los más jóvenes
En este contexto, la expansión del trabajo informal y precario aparece como una alternativa cada vez más extendida, aunque con consecuencias negativas para los trabajadores. Según publicó El Independiente, Lucas Emanuel Torres, investigador del INDES y CONICET, explicó que la informalidad comprende “actividades económicas llevadas a cabo por personas y unidades económicas que carecen, parcial o completamente, de cobertura de sistemas formales”, lo que priva a quienes las realizan de derechos fundamentales como aportes jubilatorios, cobertura de salud, aguinaldo y licencias por enfermedad o vacaciones.
De acuerdo con la publicación, Torres también advirtió que incluso quienes logran mantenerse dentro de la formalidad muchas veces enfrentan condiciones de precariedad laboral, con jornadas que exceden las ocho horas, salarios por debajo de los convenios colectivos, malas condiciones de higiene y seguridad, incertidumbre sobre la continuidad laboral y escasas oportunidades de capacitación y ascenso. Estas situaciones, subrayó, afectan con mayor dureza a jóvenes, mujeres y trabajadores de menor calificación, acentuando las desigualdades dentro del mercado laboral privado.
Por último, el investigador alertó sobre la frágil situación de los monotributistas, entre ellos cuentapropistas; repartidores; feriantes; cosecheros; empleadas domésticas; becarios y pasantes, quienes deben cubrir por su cuenta los aportes previsionales y la obra social, sin contar con garantías ni posibilidades reales de organización colectiva. Según su análisis, la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, que reduce la intervención estatal y delega en el mercado la regulación de las relaciones laborales, consolida un modelo en el que el Estado deja de ser garante de derechos básicos y salarios dignos, debilitando aún más la capacidad de los trabajadores para reclamar mejoras frente a los empleadores.
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