La Justicia Federal y la Justicia de Formosa embargaron ingresos y bienes del senador Francisco Paoltroni en distintas causas que lo involucran por presunto fraude y desmontes ilegales, medidas que alcanzan tanto a su patrimonio como a empresas vinculadas. La información fue publicada por el medio Agenfor.
En el Juzgado Federal N.º 2, la jueza Belén López Macé ordenó un embargo por $134 millones por presunto fraude contra la sucursal del Banco Nación de Quitilipi. En esa causa, Paoltroni y socios de Ganaderos de Formosa S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L. son investigados por cheques librados y luego desconocidos.
A esa investigación se sumaron nuevos embargos dictados por la Justicia provincial, tras ejecuciones solicitadas por la Fiscalía de Estado por multas del Ministerio de la Producción y Ambiente. Las sanciones alcanzan a las firmas CSI S.R.L., El Divisadero S.R.L., CONAGRI S.A. y Agroindustria S.R.L., relacionadas con el senador, por desmontes ilegales de unas 904 hectáreas cerca de Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín.
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Según publicó el medio local, fuentes con acceso a los expedientes administrativos detallaron que los $104 millones ejecutados representan apenas una parte del monto total aplicado por desmontar 2.239 hectáreas sin autorización, por lo que se prevén nuevas medidas judiciales en el corto plazo.
Registros de SENASA muestran que entre 2017 y 2024 su stock de hacienda pasó de 141 a 3.390 cabezas, un incremento superior al 2300% que productores califican como difícil de justificar.
En paralelo, productores y referentes rurales denuncian un presunto circuito de compra informal de hacienda. La nota publicada en Agenfor advierte que el senador adquirió terneros, vacas y novillos “en negro” a pequeños criadores a mitad del precio real para luego “blanquear” esos animales y venderlos en remates realizados en la Sociedad Rural de Comandante Fontana. “Es un negocio fabuloso, pero a costa de los productores”, afirmó Ramón “Manincho” Echazú.
Según ganaderos consultados por la agencia de noticias locales, la reciente exposición del senador en redes sociales intenta contrarrestar el impacto de estas acusaciones, aunque sostienen que buena parte de la hacienda encerrada en Fontana proviene de operaciones informales pagadas a $2.500 por kilo sin documentación. “Quiere mostrarse como el Gran Campeón de Palermo, pero detrás hay maniobras muy turbias”, señalaron.
En este contexto, Paoltroni y sus firmas quedan bajo análisis de la Justicia federal y provincial. Si se impulsan investigaciones de oficio, podría enfrentar causas por evasión fiscal y lavado de activos, lo que reabre el debate sobre la transparencia e idoneidad de los funcionarios públicos.
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