La condena a prisión del expresidente Nicolas Sarkozy ahondó las divisiones en Francia sobre la actuación de los jueces ante las irregularidades políticas, meses antes de que la líder de la extrema derecha Marine Le Pen intente anular una condena por malversación y presentarse a las elecciones presidenciales.
El jueves, un tribunal de París sacudió la esfera política al condenar a Sarkozy a cinco años de cárcel por conspiración criminal por sus intentos de recaudar fondos de campaña procedentes de Libia. Pronto se convertirá en el primer presidente de posguerra del país en ser encarcelado.
Ludovic Friat, presidente de la USM, el mayor sindicato que representa a fiscales y jueces franceses, afirmó que la sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley, aunque algunos puedan cuestionar la motivación del tribunal.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Está claro que habrá un antes y un después de esta decisión", afirmó. "En los juicios de alto perfil político-financiero, algunos inevitablemente ven a los jueces entrando en el escenario político. Lo que lamento es que (...) con demasiada frecuencia, esto se convierte en una cortina de humo que desvía la atención de los delitos realmente cometidos".
A la salida del tribunal, Sarkozy reiteró su inocencia y dijo que la sentencia socavará la fe en el poder judicial francés. "Lo que ha ocurrido hoy (...) es de extrema gravedad para el Estado de derecho y para la confianza que se puede tener en la justicia", declaró.
La pena de prisión de Sarkozy es ejecutable de inmediato y el expresidente dispondrá de un breve plazo para poner sus asuntos en orden, pero no podrá eludir la cárcel a la espera de un recurso, como han hecho algunos políticos franceses en el pasado.
Los recursos pueden tardar años, lo que alimenta la sensación de impunidad de los gobernantes, por lo que los jueces dictan cada vez más sentencias de "ejecución provisional" que comienzan de forma inmediata, según comentaron a Reuters abogados y políticos.
"Desde hace varias décadas, existe una creciente demanda democrática de integridad entre los cargos electos", dijo a Reuters Judith Allenbach, presidenta de otro sindicato judicial.
Asimismo, indicó que el 89% de las penas de cárcel de más de dos años se ejecutan antes de cualquier proceso de apelación y que los jueces están aplicando leyes aprobadas por el Parlamento que imponen sanciones más duras para este tipo de delitos.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LE PEN?
Le Pen, líder ultraderechista del partido Agrupación Nacional (RN), también recibió una "ejecución provisional" en marzo, al ser declarada culpable de malversación de fondos de la Unión Europea. Se le impuso una inhabilitación política de cinco años que le impide presentarse a las elecciones de 2027.
Le Pen, cuya apelación en enero determinará si puede presentarse en 2027, dijo que la condena de Sarkozy demuestra que "la generalización de las ejecuciones provisionales por parte de ciertas jurisdicciones representa un gran peligro".
Fuentes judiciales dijeron que los casos de Le Pen y Sarkozy son distintos, y que es imposible decir cómo puede influir uno en el otro.
Friat indicó que la sentencia de Sarkozy demuestra que los jueces no vacilan en su lucha contra el crimen político. "Puedo entender su preocupación", comentó en referencia a Le Pen, al subrayando que no sabe qué decidirá la corte de apelación.
Los aliados de Le Pen afirman que los políticos de derechas reciben un trato más duro por parte de los jueces, destacando el caso del ex primer ministro centrista François Bayrou, absuelto el año pasado de fraude por el presunto desvío de fondos de la UE.
La exalcaldesa derechista Brigitte Bareges fue condenada por malversación en 2021 y se le impuso una inhabilitación política de cinco años con "ejecución provisional". Fue absuelta en apelación.
"Lo que vemos hoy es que el sistema judicial -o al menos una parte de él- se ha convertido en el arma de los que están en el poder", dijo. "Antes tenía fe en la justicia; hoy tengo miedo".
El Ministerio de Justicia no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre las declaraciones de Bareges.
Tras la condena de Sarkozy, el jefe conservador del Senado, Gerard Larcher, dijo que "hay un creciente debate en la sociedad sobre la ejecución provisional de una condena cuando aún no se han agotado los recursos, y comparto esta preocupación".
Los legisladores de izquierda, sin embargo, aplaudieron la decisión de Sarkozy.
"La exigencia de honradez y respeto a la ley no está reservada a los ciudadanos. También se aplica a los que están en el poder", dijo Manuel Bompard, del partido Francia Insumisa.
(Escrito por Gabriel Stargardter; reporte adicional de Elizabeth Pineau; editado en español por Carlos Serrano)
Cerrar sesión