Los gobernadores de la región del litoral argentino, compuesta por Formosa, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Misiones, se preparan para su primera reunión del año. Está se encuentra programada para el 21 y 22 de abril en Resistencia, Chaco, y se debatirá sobre la situación actual de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Con Leandro Zdero como anfitrión del evento, participarán sus pares Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Valdés de Corrientes, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, y Hugo Passalacqua de Misiones. Según se estima, este encuentro será crucial para definir la agenda anual de un bloque regional que, en menos de un año, comenzó a consolidarse en torno a demandas conjuntas en el ámbito nacional.
Cabe destacar que la última reunión que se mantuvo con respecto a esta obra fue a fines del 2024, en donde los mandatarios insistieron en la importancia de incluir a todas las provincias del tramo norte, que abarca desde la confluencia de Corrientes hasta Misiones y Formosa, argumentando que de esta manera se maximizarían los beneficios económicos y logísticos de la obra.
Según los gobernadores, esta modificación sería clave para mejorar la competitividad de la región en el comercio internacional y potenciar el desarrollo de los territorios involucrados. Los funcionarios coincidieron en que es clave asegurar dragado, balizamiento, mantenimiento e inversiones para toda la región y remarcaron que "es fundamental que nuestra visión sea escuchada para que la hidrovía sea una herramienta de desarrollo para todas las provincias".
El Gobierno canceló la licitación de la Hidrovía
A mediados de febrero, el Gobierno nacional canceló la licitación de la Hidrovía Paraná Paraguay argumentando sospechas de que el proceso no fue limpio y transparente. En conferencia, el vocero Manuel Adorni explicó que hubo una única oferta, la de Dredging Environmental and Marine Envy (DEME), algo que consideró llamativo dado que varias habían iniciado el proceso de consulta, y agregó que intervendrá la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que "investigue presiones sobre la única oferente o la presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional".
La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez y Esteban Venditti, dictaminó que todo el proceso de licitación careció de mecanismos de transparencia y concluyó que hubo un direccionamiento explícito para favorecer a la empresa belga Jan De Nul y excluir competidores internacionales.
"El Gobierno se comprometió a hacer una licitación transparente y competitiva, también afirmamos desde el inicio que si había un solo oferente se daría de baja la licitación. Medios y sectores empresariales hicieron lobby en favor de sus intereses y le demandaron al Gobierno que bajara los estándares del pliego solo por beneficio propio", denunció el vocero. Adorni argumentó que la Justicia concluyó que "no existió ninguna irregularidad" en el procedimiento de selección ni en la documentación licitatoria.
El caso de corrupción de Milei en la obra
DEME, una de las compañías de dragado más grandes del mundo, expresó este lunes su "sorpresa y preocupación por el notorio direccionamiento del pliego de licitación internacional lanzado por el Gobierno argentino" para el mantenimiento, modernización y ampliación de la Vía Navegable Troncal. "Estas irregularidades, que DEME ha denunciado ante la Justicia local en un expediente que se encuentra actualmente en trámite, afectan la libre competencia y significarán sobrecostos innecesarios a productores y exportadores argentinos, de no revisarse el proceso", advirtió la compañía en un comunicado.
La compañía calcula que el "perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final". Sostuvo que a partir de esto "el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación. Así, al privilegiarse los cuestionables aspectos técnicos que se detallan a continuación por sobre la oferta económica, un solo oferente –el concesionario actual- quedará en condiciones de fijar los términos comerciales a su antojo, viciando totalmente el proceso".
La empresa también cuestionó que "el tiempo para preparar las ofertas (55 días hábiles) es insuficiente en comparación con licitaciones similares y la documentación técnica proporcionada no es suficiente para realizar un análisis adecuado. Esto beneficia al operador actual que ya posee la información necesaria".
El directivo dijo que "se exige un calado máximo de 8 metros sin justificación técnica, lo cual limita la posibilidad de usar equipos más adecuados y favorece al actual concesionario, cuyo equipo ya cumple con esta restricción". Criticó también "la forma en que se evalúan los antecedentes financieros favorece a la empresa actual, ya que el sistema de puntaje minimiza la puntuación de nuevas empresas y maximiza la de la empresa que ya opera. Además de una garantía por 10 millones de dólares en caso de impugnación".
Cerrar sesión