En el marco de la polémica que golpea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que se involucra hasta la asesora presidencial, Karina Milei, y Martín Menem, las personas con discapacidad continúan en el proceso de trámites para mantener y recuperar el beneficio. Es por eso que la provincia de Formosa junto con la Defensoría del Pueblo realizon operativos de asesoramiento para acompañar y garantizar el acceso al benefico que sostiene el Estado nacional.
El Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, a cargo de María Belén López Macé, ordenó hace una semana a ANDIS suspender por 24 horas las retenciones de pensiones no contributivas por invalidez laboral en toda la provincia. La medida tendrá vigencia tres meses, lo que podría permitir regularizar la situación administrativa o iniciar acciones judiciales individuales.
En diálogo con NEA HOY, el titular de la Defensoría del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, explicó que el organismo provincial participará, junto a otras áreas del Gobierno, en los operativos para beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en el territorio de Formosa, que actualmente se encuentran afectados en el proceso de auditoría por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Un conflicto ejecutado por el Gobierno nacional
Gialluca detalló que el fallo "permite que en tres meses las personas con discapacidad puedan regularizar su situación administrativa para recuperar el beneficio", y remarcó: "Nos coordinamos con el Gobierno y el IPS para realizar operativos de asesoramiento en las casas de la solidaridad, acompañando en la presentación de la clínica y antecedentes médicos exigidos por ANDIS".
En esa línea, aseveró que para los beneficiarios de pensiones la carga de los antecedentes médicos en el sistema virtual de ANDIS es complicado, porque la página suele estar caída y los criterios y requisitos cambian constantemente. Además, señaló que a esto se le suma la inexistencia de una Oficina de dicho Organismo Nacional en Formosa, y que por ello "se atenderá en todo momento a las personas que lo necesiten y para que la documentación que acredite cada discapacidad sea recepcionada en los lugares que correspondan”.
En cuanto al asesoramiento que realiza el Ministerio de la Comunidad y la Defensoría, Gialluca comentó: "Se atiende a demanda de las personas y no con turnos, teniendo normalmente entre 80 a 90 personas por día en los lugares de recepción. El mayor problema es subir la documentación al sistema virtual de ANDIS, lo más engorroso del trámite".
"Ante un cambio de autoridad, no se sabe qué hará el nuevo titular y cómo continuará el proceso de auditoría. Por eso, se recomienda a todos aprovechar estos tres meses para regularizar sus trámites y cumplir con los requisitos para mantener o recuperar el beneficio”, enfatizó.
Finalmente, remarcó que la Defensoría nunca estuvo en contra de las auditorías en las pensiones por invalidez, y aclaró que siempre se cuestionó y la justicia "vino a resolver, fue el procedimiento que impuso la ANDIS negándole la posibilidad de derecho a defensa a la gente, estableciendo plazos muy cortos para que acrediten la discapacidad".
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