Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei se encuentra en una pulseada con el Congreso de la Nación con respecto a los vetos contra jubilados y personas con discapacidad, desde el gobierno de Formosa mantienen su compromiso con los derechos de estos sectores vulnerables de la sociedad a través de la reforma constitucional y un fallo histórico.
Durante la última sesión de la Convención Constituyente de la provincia, se modificó el artículo 71 de la Constitución provincial, garantizando así una protección integral y la revalorización del rol de las personas adultas mayores en la sociedad formoseña. El nuevo texto reconoce su derecho a una vida plena, al disfrute del tiempo libre, a una vivienda digna y a condiciones que permitan su desarrollo personal.
Entre los puntos más destacados figuran el respeto de su dignidad; el acceso a la educación, con énfasis en la alfabetización digital; las oportunidades de participación activa en la vida social; y las políticas públicas destinadas a promover su integración y protagonismo.
Con esta reforma, los adultos mayores dejan de ser vistos únicamente como destinatarios de políticas sociales para transformarse en actores activos de la vida comunitaria y ciudadana.
En contraposición, La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso de la Nación pudo sostener el rechazo al aumento del 7,2% para los haberes jubilatorios y la ampliación del bono excepcional para la jubilación mínima a 110 mil pesos, gracias a los aliados que responden a gobernadores.
La situación para las personas con discapacidad
Por otra parte, junto al rechazo al veto presidencial frente a la Ley de Emergencia de Discapacidad en el Congreso de la Nación, la jueza federal María Belén López Macé ordenó al Gobierno nacional restituir de manera inmediata las pensiones por discapacidad en Formosa, lo que marcó un antes y un después en la agenda de derechos sociales de la provincia.
Florencia Santa Cruz, presidenta de la Asociación Camino Azul, expresó a NEA Hoy la necesidad de controles justos para el uso de pensiones: “Nosotros no estamos en contra de las auditorías. Es necesario que existan controles pero lo que no puede pasar es que esas auditorías afecten a las personas que más necesitan. Hemos visto cómo, por no poder completar en diez días la documentación exigida, se suspendieron pensiones y tratamientos a personas que realmente tienen discapacidad”.
En esta línea, Santa Cruz subrayó que reducir el debate a una cuestión monetaria es desconocer lo esencial: la vida de las personas. “Cuando hablamos de suspensión no es solo de dinero, sino también de terapias, tratamientos, medicamentos que son esenciales en las personas con discapacidad. Yo no imagino a una persona con autismo sin su medicación. Hemos tenido casos de adolescentes que quedaron sin medicamentos y eso es devastador para la familia. En uno de esos casos, la provincia tuvo que intervenir y garantizar la continuidad. Eso debería ser responsabilidad de Nación”, expresó.
A nivel nacional, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la emergencia en discapacidad. Hubo 172 votos pero hubo 73 votos en contra del rechazo. La iniciativa ahora pasará al Senado y, si la oposición consigue los dos tercios, por primera vez en la historia el Congreso de la Nación habrá rechazado un veto presidencial.
Rechazar el veto y la insistencia legislativa implica que la norma buscada por organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad puede seguir su trámite hacia la sanción definitiva, con posibles mejoras en aranceles, prestaciones y cobertura. El Senado es un escenario más favorable para la oposición, donde el oficialismo y sus aliados del PRO tienen apenas unos 13 diputados, sobre los 24 necesarios para blindar el veto.
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