La Convención Constituyente de Formosa concluyó su segunda semana en el proceso de reforma constitucional, aprobando una serie de modificaciones que dan paso a una serie de cambios estructurales en la Constitución provincial de Formosa. Durante el proceso, los convencionales debatieron en materia de derechos laborales, independencia judicial y régimen financiero.
Durante la jornada del lunes, se modificó el artículo 54, referido a las fuentes de financiamiento de la provincia. La nueva redacción incorpora como recursos los empréstitos, los fondos del régimen federal de coparticipación y los ingresos derivados de competencias no delegadas.
Otro punto central de la jornada fue la reforma del artículo 62, que regula la elaboración, presentación y aprobación del Presupuesto Provincial. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo deberá presentar el presupuesto treinta días antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, con el objetivo de garantizar un análisis más exhaustivo por parte de los legisladores.
En el plano laboral, la convención aprobó la incorporación de tres nuevos incisos al artículo 82, orientados a fortalecer la protección de los trabajadores. El primero prevé mecanismos de control y sanciones efectivas para asegurar el respeto a los derechos laborales. El segundo protege frente al acoso y cualquier forma de violencia en el ámbito laboral, con especial mención a la violencia de género. El tercero promueve la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación en el empleo.
La séptima sesión
Uno de los avances más destacados fue la incorporación de un nuevo artículo que eleva al Consejo de la Magistratura al rango constitucional, institucionalizando un organismo que hasta ahora funcionaba en base a la ley provincial vigente. Según el nuevo texto, el Consejo será el encargado de proponer ante la Legislatura candidatos para ocupar cargos de jueces y funcionarios del Ministerio Público.
En paralelo, el bloque justicialista presentó una modificación integral del artículo 71, con el objetivo de actualizar los derechos de los adultos mayores de acuerdo con las demandas actuales. El nuevo texto reconoce su derecho a la inclusión económica y sociocultural, al disfrute del tiempo libre, a una vivienda digna y a condiciones de convivencia que favorezcan su plena participación en la vida comunitaria.
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Otro punto central de la jornada fue la modificación del artículo 72, dedicado a las personas con discapacidad. La nueva redacción las reconoce como sujetos plenos de derecho, promueve la inclusión y dispone la adopción de medidas de acción positiva que eliminen las barreras sociales, culturales y físicas que restringen el ejercicio de sus derechos.
El artículo 81, vinculado al derecho a la salud, también fue objeto de cambios significativos. La nueva redacción amplía el alcance de este derecho y establece que toda persona tiene derecho a la protección integral de su salud. Se incorporan aspectos como la rehabilitación y los cuidados paliativos, así como la garantía de servicios en todos los distritos sanitarios de la provincia, bajo un enfoque inclusivo y equitativo que respete la diversidad cultural.
La sesión del viernes
Entre las reformas más destacadas, la Convención aprobó una modificación al artículo 60, que incorpora un nuevo párrafo estableciendo que la provincia no aceptará cambios en el régimen de coparticipación federal que no se realicen bajo el mecanismo de Ley Convenio, conforme lo establece la Constitución Nacional.
Un cambio de fondo se dio con la supresión de los artículos 66 y 67, que fueron fusionados en un nuevo artículo dentro del régimen financiero. Este prevé que el Estado destine recursos en el presupuesto para impulsar sectores estratégicos como la producción agropecuaria, industrial, forestal, minera, hidrocarburífera, turística, científica y tecnológica.
Finalmente, se aprobaron modificaciones en el artículo 74, que fortalece la protección de los consumidores y usuarios. Se incorporaron disposiciones sobre educación financiera, inclusión en servicios financieros y acceso al crédito en condiciones claras y transparentes, además de medidas para prevenir el sobreendeudamiento. También se establecieron límites a la publicidad engañosa o adictiva, sanciones para prácticas desleales y mecanismos especiales de protección para consumidores en situación de vulnerabilidad.
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