Tras la paliza electoral que recibió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses por parte del peronismo, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por el Congreso semanas atrás. En este marco, el gobernador Ricardo Quintela expresó su rechazo hacia esta decisión por parte del jefe del Estado.
A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano publicó: "Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso que garantizaba recursos para salarios docentes, becas, infraestructura y programas de investigación. Lo hizo bajo el argumento de 'cuidar el equilibrio fiscal', demostrando una vez más que su único plan es el ajuste y la destrucción de derechos".
De esta manera, el gobernador aseguró que "este veto significa la desfinanciación de nuestras universidades, y abandonar a docentes que reclaman un salario digno". "En definitiva, es cerrar las puertas al conocimiento, a la ciencia y al futuro de la Argentina", agregó.
Por último, el comunicado de Quintela concluyó: "La universidad pública, gratuita y de calidad es una conquista histórica del pueblo argentino y un orgullo nacional. Negarle financiamiento no es un acto administrativo: es un ataque directo al derecho a la educación. Vamos a defender nuestra universidad y a ponerle un freno a este gobierno centralista y cruel, que gobierna contra el pueblo. La educación no se negocia ni se ajusta. Se defiende en cada provincia, en cada universidad y en cada rincón del país".
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Qué es el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario fue presentado en el mes de mayo en la Cámara de Diputados, con el respaldo de una amplia representación del arco académico y político. Surge como respuesta directa al desfinanciamiento promovido por el Gobierno Nacional y propone elevar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo garantizar un financiamiento estable, progresivo y suficiente para las universidades nacionales, sin crear nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal. Su eje central es establecer una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal, asegurando que el sistema universitario cuente cada año con recursos actualizados según la inflación y las necesidades salariales.
Entre los principales puntos del texto legislativo se destacan:
- Aumento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar, en 2031, el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
- Recomposición salarial para trabajadores docentes y nodocentes, con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
- Convocatoria obligatoria a paritarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, tras 18 meses sin acuerdos formales.
- Garantía de fondos anuales para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y extensión.
- Creación de un fondo especial de $10.000 millones, actualizable, destinado a fomentar carreras estratégicas como las vinculadas a la Inteligencia Artificial.
- Ampliación del sistema de becas universitarias con criterios de inclusión y equidad socioeconómica.
La iniciativa subraya que la educación universitaria es un derecho humano, un bien público y social, y un motor del desarrollo del país. En esa línea, respalda su fundamentación en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 19) y en la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
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