Desde 1997, cada 10 de julio se conmemora la creación del Parque Nacional Talampaya en La Rioja, uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia, además de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina. En un contexto nacional marcado por el ajuste libertario, donde se pone en riesgo la continuidad en condiciones de los parques nacionales, la importancia del Parque Nacional Talampaya cobra aún más relevancia.
Una vasta extensión entre cañones de tonalidades rojizas, esculpidos por la mano paciente de la naturaleza, que se asemejan a imponentes murallas. La historia de este lugar se remonta a millones de años atrás, cuando era habitado por los dinosaurios.
Ubicado en La Rioja, se puede acceder a Talampaya a través de la Ruta Nacional 76. Este destino fascinante ofrece una variedad de actividades, además de la oportunidad de contemplar paisajes impresionantes. "Recorrer Talampaya es viajar en el tiempo: explorar formaciones geológicas de más de 250 millones de años, caminar sobre el suelo que pisaron los dinosaurios y sumergirse en la cultura de pueblos milenarios", describen desde el lugar.
La situación de los parques nacionales
El Gobierno nacional anunció cambios en la Ley Nacional de Turismo a través del decreto 216/2025, donde confirmaron la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística, que se encargaba de coordinar las acciones administrativas entre las diferentes entidades públicas relacionadas con el turismo. "En particular, corresponde suprimir las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social y disolver el Programa Nacional de Inversiones Turísticas”, justificaron.
En este marco, se desintegró el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, que tenía el objetivo de financiar proyectos e inversiones de interés turístico a nivel nacional. La medida fue avalada por el Gobierno que sostuvo que “las características de la actividad turística exigen que el Estado nacional organice los recursos que vincula a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen, a la vez que genere las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores”.
En este sentido, remarcaron urgente “orientar y enfocar la organización pública vinculada a la actividad turística a la función esencial de promoción de la inversión en el sector y el fomento de su desarrollo”.
Y plantearon, asimismo, que “es necesario atender con criterio federal las incumbencias locales y regionales en la materia, eliminando cualquier previsión normativa que a través de la asignación de responsabilidades a la autoridad nacional avance sobre las competencias de las jurisdicciones en la materia y sobre las iniciativas privadas de promoción de la actividad”.
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