Las políticas de ajuste del Gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, produjo un jaque en el funcionamiento estatal, a través del cierre y desfinanciamiento de diversos organismos. Uno de ellos es la Dirección Nacional de Vialidad quién cerró sus puertas tras el anuncio a manos del vocero presidencial Manuel Adorni.
Este decreto por parte del Poder Ejecutivo generó una crisis en las provincias y puso en vilo el destino de los trabajadores que se encargaban del cuidado de las rutas en todo el país. En el caso de la región del NEA la cantidad de empleados superan los 530 empleados. En particular, la provincia de Formosa posee 91 trabajadores, mientras que Chaco tiene 151 empleados. Asimismo, Misiones tiene registrados a 140 personas, y Corrientes lo supera con tan solo 150.
En diálogo con NEA HOY, el delegado del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional en Formosa, Rubén Sacchi, remarcó la preocupación de los trabajadores: "El decreto establece la disolución de Vialidad Nacional, o sea, directamente la desaparición del organismo. La suerte de los más de 5.000 trabajadores que lo integramos corre de la mano de esa sentencia". Cabe señalar, que en la provincia se paralizaron obras claves en las Rutas Nacionales 11, 81, 86 y 95, lo que deja al borde del colapso a la red vial. Estos caminos tienen tramos importantes en condiciones críticas, como es el caso del Puente Blanco. Al respecto, la justicia Federal ordenó a Nación que ejecute obras de mantenimiento en un plazo de 90 días, medida que busca frenar la degradación total del sistema.
La importante función de Vialidad Nacional en la provincia
Al respecto, el secretario del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Alfredo de Jesús Ramírez, advirtió que la medida dejará a miles de empleados en la calle y aseguró: "Estamos angustiados porque quedarían más de 5.000 personas sin trabajo en todo el país. En Corrientes serían 140, y en Formosa más de 90. Nosotros tenemos tres tipos de vínculo: planta permanente, planta transitoria y contratos por tiempo determinado. A todos nos afecta, pero los de contrato quedarían afuera con una simple carta documento".
Asimismo, explicó que los trabajadores de planta permanente podrían pasar a disponibilidad con el el sueldo básico. Esto ejerce una pérdida del 60% del salario real, debido a los adicionales que componen la mayoría de los ingresos del sector, y agregaron que la maquinaria vial comprada por el Estado podría ser vendida como parte de una estrategia de liquidación.
"Desde 2023 entraron 3.400 millones de pesos por el impuesto a los combustibles, pero no se invierte un solo peso en obra pública. Nos están desfinanciando desde el año pasado. Seguimos con el presupuesto congelado de 2023, pese a la inflación", detalló.
Qué pasará con la mantención de las rutas
Ante el rumor de que será Gendarmería Nacional o cooperativas las que reemplacen las funciones especializadas de Vialidad, el delegado del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional aseguró: "Gendarmería por ejemplo, no tiene laboratoristas, topógrafos ni ingenieros especializados como los que forman parte de Vialidad. A lo sumo podrían cortar el pasto o hacer tareas menores, pero el mantenimiento real de una ruta es muchísimo más complejo".
Asimismo, enfatizó que los trabajadores de Vialidad realizan tareas múltiples que no son "solo cortar el pasto", y enfatizó que "se hace relevamiento de señales, mantenimiento de alcantarillas, reemplazo de luminarias, señalización horizontal… todo eso que una cooperativa no hace y que requiere conocimiento técnico".
"Estamos luchando para que se revoque este decreto. Es una aberración. Si no lo logramos, exigiremos la reparación que por ley corresponde a cada trabajador. En los 90, con la ley de disponibilidad, se prometía reubicar a los despedidos, pero si se reinsertó el 2% fue mucho. Hoy el panorama es el mismo: los achiques no reubican a nadie", remarcó el referente.
Finalmente, alertó sobre el impacto directo en la ciudadanía ya que "entre un 65% y 70% de las rutas están en mal estado, muchas en pésimo estado", y concluyó que "cada ciudadano que use una ruta está en riesgo real, vialidad tiene más de 90 años de experiencia y el relato de que somos ineficientes solo sirve para justificar un ajuste brutal".
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