El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luiz Fux, pidió la anulación del proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, al argumentar que existe una "absoluta falta de jurisdicción" en el panel de cinco jueces que analiza el caso, considerando que "no hay pruebas suficientes en su contra".
Hasta el momento, dos jueces ya votaron a favor de la condena y uno en contra, quedando pendiente la decisión de los otros dos magistrados, ambos designados por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El juez Alexandre de Moraes, uno de los principales impulsores de la acusación, responsabilizó a Bolsonaro de "liderar una organización criminal armada" que hizo que "Brasil casi vuelva a una dictadura".
Aún restan los votos de la jueza federal Carmen Lúcia y del presidente de la Primera Sala, el juez Cristiano Zanin. Para Fux, no es posible sancionar al ex mandatario por las conductas adoptadas durante su mandato, porque la ley no permitiría castigar un "autogolpe".
El ex mandatario niega todas las acusaciones y asegura que es víctima de una persecución política. Su defensa alega que la presentación de pruebas fue "un tsunami de datos" entregado de manera tardía, lo que dificultó el trabajo de análisis. El juez Fux tomó en cuenta este argumento para reforzar su postura de que el caso debería ser tratado en tribunales inferiores y no en la máxima corte del país.
Bolsonaro enfrenta cargos por haber intentado abolir violentamente la democracia, organizar un golpe de Estado contra Lula poco antes de su asunción, de dañar bienes del Estado y bienes culturales protegidos. La fiscalía asegura que existió un plan golpista que incluyó un presunto intento de asesinato contra el propio Moraes.
Fux consideró que hubo limitación de la defensa y que Bolsonaro no habría tenido tiempo para analizar todos los archivos de pruebas.
La tensión con Estados Unidos
El proceso judicial también desató un enfrentamiento diplomático entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, impuso aranceles punitivos del 50% a productos brasileños y sancionó a funcionarios, incluido Moraes, denunciando una "caza de brujas a opositores". Además, la Casa Blanca advirtió que no descarta nuevas medidas económicas y militares contra Brasil.
El gobierno de Lula respondió rechazando las "amenazas de uso de la fuerza" y aseguró que las instituciones brasileñas "no se intimidarán". La tensión escaló aún más cuando el juez Flávio Dino ironizó sobre la presión estadounidense, preguntando si "Mickey Mouse iba a cambiar un juicio en la Corte Suprema".
Bolsonaro entre la cirugía y la amnistía
Mientras espera el veredicto, Bolsonaro recibió autorización para someterse a una cirugía dermatológica el próximo 14 de septiembre en Brasilia. El procedimiento estará estrictamente vigilado por la Policía Penitenciaria y no modificará las medidas cautelares vigentes.
En paralelo, sectores de la derecha están presionando en el Congreso para alentar una ley de amnistía que abarque tanto a los demás condenados como al propio Bolsonaro. La fiscalía, sin embargo, insiste en que el exmandatario alentó aquellos hechos como último recurso para retener el poder.
Los otros acusados son los ex ministros Anderson Torres (Justicia), Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), Braga Netto (Casa Civil) y Paulo Sérgio Nogueira (Defensa), así como el ex comandante de la Marina, Almir Garnier; el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem, y el ex ayudante de órdenes de Bolsonaro, Mauro Cid.
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