El nuevo marco legal de Israel para "profundizar el apartheid" contra los palestinos

Entre el 7 de octubre de 2023 y el 27 de julio de 2025, Israel aprobó más de treinta leyes que tienen como objetivo "afianzar y profundizar el régimen de apartheid, control y represión" sobre los palestinos que viven en los territorios ocupados por Israel desde 1967 (TPO por su sigla en inglés). A esa conclusión llegó el informe de la organización de derechos humanos Adalah tras el análisis de la legislación

Pese a que muchas de las leyes sancionadas son temporales o incluyen cláusulas de vigencia limitada, varias se están volviendo “permanentes” mediante prórrogas. Y aunque varias normas fueron impugnadas ante el Tribunal Supremo -como la Ley de Despido de Maestros, la Ley de Combatientes Ilegales y las enmiendas al Seguro Nacional—, la presentación de una petición no suspende su aplicación. Todas siguen vigentes y, en numerosos casos, el Tribunal rechazó las mociones para congelar la legislación.
 

Según la Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973), se considera apartheid la institucionalización de un régimen de segregación racial con la finalidad de mantener la dominación de un grupo sobre otro. Para Adalah, el nuevo paquete legal cumple esos parámetros. Las leyes analizadas "demuestran el afianzamiento de un régimen legal dual que privilegia a los israelíes judíos por diseño, mientras viola sistemáticamente los derechos de los palestinos", subrayaron.

A diferencia de otros regímenes de segregación histórica, como el apartheid en Sudáfrica, la reciente legislación israelí utiliza "lenguaje neutral que, en la práctica, opera como indicadores de identidad etnonacional, apuntando sistemáticamente a los palestinos". El Knesset (parlamento) "ha y sigue arraigando el reconocimiento de los ciudadanos judíos como el único colectivo con derecho a todo el espectro de derechos individuales y colectivos, y codifica aún más en la legislación israelí un régimen de supremacía etnonacional judía, como está explícita y constitucionalmente consagrado en la Ley del Estado-Nación Judío de 2018".

El informe identifica cuatro ejes en los que la nueva legislación tuvo mayor impacto: libertad de expresión, ciudadanía y reunificación familiar, sistema penal y carcelario, y operaciones de organismos internacionales. 

Las principales leyes contra los palestinos 

• Criminalización del consumo de contenido terrorista: introduce un nuevo delito penal que conlleva una pena de un año de prisión por el "consumo sistemático y continuo de publicaciones de una organización terrorista". Esta norma abre la puerta a la interpretación subjetiva de qué es contenido terrorista, lo que con los años se ha ido ampliando de manera muy arbitraria. De hecho, el Estado israelí calificó como organización terrorista a grupos de derechos humanos. 

• Criminalización de la negación del 7 de octubre: impone una pena de cinco años de prisión a quien publique declaraciones que nieguen la masacre del 7 de octubre de 2023 "con la intención de defender a la organización terrorista Hamás o expresar simpatía por ella". 

• Despido de maestros y retención de fondos a escuelas: otorga al Director General del Ministerio de Educación la autoridad para despedir a maestros y revocar su licencia si han expresado identificación, apoyo o elogio al terrorismo o a una organización terrorista. También permite retener fondos a escuelas si hay "expresiones de identificación con el terrorismo" dentro de la institución. 

• Negación de entrada por críticas políticas: restringe el visado de entrada o el permiso de residencia a cualquier persona u organización que haya pedido públicamente un boicot a Israel, haya negado la masacre del 7 de octubre de 2023, o haya apoyado el enjuiciamiento de ciudadanos israelíes en tribunales internacionales.

• Restricciones a los medios críticos (Ley Al Jazeera): permite al Primer Ministro ordenar la interrupción de las transmisiones y el cierre de oficinas de canales de medios extranjeros (como Al Jazeera) si se considera que sus transmisiones "dañan gravemente la seguridad del Estado".

• Expulsión de “Familias de Terroristas”: autoriza al Ministro del Interior a ordenar la deportación de un familiar de un individuo clasificado como "operativo terrorista" (a Gaza o a otra ubicación) si el familiar sabía o debería haber sabido del plan del acto terrorista, o si expresó apoyo o identificación con el acto. 

• Expansión de la prohibición de reunificación familiar: amplía la prohibición existente sobre la reunificación familiar palestina, estipulando que las personas condenadas por delitos de terrorismo, o que caigan bajo la definición de "operativo terrorista", y sus familiares (incluyendo padres, cónyuges, hijos, hermanos, primos, etc.) deben ser categóricamente denegados el estatus legal en Israel.

• Penas más estrictas por alojar, transportar y emplear a palestinos de los TPO sin Permiso: impone graves sanciones económicas, como la suspensión obligatoria de licencias comerciales y la confiscación de fondos y propiedades (incluidos apartamentos), a cualquiera que aloje, transporte o emplee a personas sin un permiso legal en Israel.

• Denegación de acceso a un abogado por períodos extendidos: permiten la denegación máxima de acceso a un abogado de hasta 180 días para detenidos por delitos de seguridad "en conexión con actos de hostilidad u operaciones militares".

• Participación en procedimientos penales mediante videoconferencia: se convirtió en la opción por defecto para los detenidos y prisioneros palestinos clasificados por seguridad, socavando su derecho a un juicio justo y limitando su capacidad para reportar maltrato.

• Detención prolongada previa a la acusación: permiten a un juez ordenar la detención de un sospechoso de delitos de seguridad por hasta 45 días a la vez sin una acusación formal, triplicando el límite anterior, y permitiendo extensiones continuas.

• Condena a prisión de niños de 12 años: una enmienda a la Ley de Juventud autoriza a los tribunales a condenar a prisión a niños de tan solo 12 años si son declarados culpables de asesinato o intento de asesinato clasificado como "acto terrorista".

• Exclusión de prisioneros de seguridad de la liberación administrativa: una enmienda a la Ordenanza de Prisiones hace permanente la exclusión categórica de los prisioneros clasificados como "de seguridad" (predominantemente palestinos) de los esquemas de liberación administrativa destinados a aliviar el hacinamiento severo en las prisiones.

• Hacinamiento extremo: una enmienda a la Ordenanza de Prisiones permite que las prisiones se desvíen de los estándares mínimos de espacio vital y que los prisioneros sean alojados en colchones en el suelo, priorizando la aplicación de estas medidas a los prisioneros de seguridad y combatientes ilegales.

• Uso de beneficios sociales como herramienta de castigo: tres enmiendas a la Ley del Seguro Nacional (NII):

1. La Enmienda No. 250 (2024) niega los pagos de seguridad social a no residentes (como palestinos de los TPO que trabajaron en Israel) si son condenados por un delito grave de terrorismo.

2. La Enmienda No. 251 (2024) despoja de beneficios de seguridad social a los padres de menores condenados por delitos graves de terrorismo (incluyendo asignaciones por hijos y pensiones), aplicando un castigo colectivo a las familias.

3. La Enmienda No. 257 (2025) despoja permanentemente de derechos sociales básicos (como discapacidad, vejez o subsidios de enfermería) a cualquier persona condenada por asesinato o intento de asesinato en circunstancias relacionadas con el terrorismo.

La legislación contra la UNRWA

Se promulgaron dos leyes "anti-UNRWA" destinadas a finalizar cualquier actividad de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), la más importante en los territorios palestinos ocupados, y prohibir la cooperación con la agencia.

• La Ley de Terminación de la Actividad de la UNRWA dentro del Estado de Israel prohíbe a la agencia establecer cualquier representación o proporcionar cualquier servicio dentro del "territorio soberano del Estado de Israel".
• La Ley de Cese de Actividades de la UNRWA pone fin a la invitación a la UNRWA y prohíbe a cualquier funcionario israelí mantener contacto con la agencia.

Además, días atrás, el proyecto de ley respaldado por el Gobierno de Israel para prohibir el suministro de electricidad o agua a las instalaciones de la organización humanitaria o gestionadas en su nombre tuvo su primera aprobación en el Knesset.

La UNRWA fue creada en 1949 para proporcionar ayuda humanitaria, protección y servicios esenciales como educación y salud a los refugiados palestinos en la región. Según el ente de la ONU, se considera refugiada de Palestina a aquella persona “cuyo lugar de residencia habitual, entre junio de 1946 y mayo de 1948, era la Palestina histórica –el actual estado de Israel– y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra. Los descendientes de esta población son también considerados refugiados por la Agencia”.