Los presuntos pandilleros encarcelados bajo el estado de excepción impuesto en El Salvador desde marzo de 2022 podrían permanecer detenidos otros dos años sin ser juzgados, según una reforma aprobada el jueves por una comisión de seguridad del Congreso.
Los cambios a la Ley contra el Crimen Organizado del país centroamericano pretenden dar a los fiscales hasta agosto de 2027 para construir casos contra los detenidos.
Los legisladores de la mayoría oficialista que votaron a favor de impulsar la medida dijeron que era necesaria para reunir pruebas y agilizar los procesos judiciales contra presuntos pandilleros y evitar que los detenidos queden en libertad.
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La propuesta, presentada 10 días antes de que venza un plazo anterior de dos años, aún requiere el voto del pleno de la legislatura, que al igual que la comisión está controlada por el partido gobernante y es muy probable que apruebe la propuesta.
"Esta comisión seguirá trabajando para seguir combatiendo la delincuencia, las pandillas y que estos grupos terroristas nunca más vuelvan a estar en las calles", dijo el diputado oficialista de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, calificó la aprobación del jueves como una herramienta "muy importante", que permitirá a los 44 jueces de crimen organizado del país procesar a unos 600 casos colectivos que involucran a las 88.750 personas detenidas.
En julio de 2023, el Congreso de El Salvador aprobó juicios colectivos para las decenas de miles de personas detenidas durante la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las bandas criminales, que ha dado al país una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
Políticos de oposición y grupos de derechos humanos afirmaron que los juicios colectivos corrían el riesgo de privar a los detenidos de su derecho al debido proceso y a la presunción individual de inocencia.
Con información de Reuters
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