Organismos de derechos humanos presentaron este lunes una denuncia penal contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos contra Palestina. En el mismo acto, repudiaron al gobierno de Javier Milei, al que señalaron como “cómplice de esa política criminal”.
Según el comunicado, “bajo el argumento de responder al brutal ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí viene desplegando un ataque masivo y sistemático contra el pueblo palestino, sin precedentes en la historia contemporánea, cuyas secuelas están a la vista y son atroces”. Los denunciantes afirmaron que “en lo que va del inicio del conflicto, decenas de miles de personas han perdido la vida como consecuencia de los bombardeos de las fuerzas israelíes”. Además, señalaron que “más de un millón de personas han sido desplazadas y miles padecen los efectos del cerco establecido por el gobierno israelí, en toda la Franja de Gaza que impide el acceso a medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria”.
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En el comunicado se destacó que “la comunidad internacional se ha expresado en masivas movilizaciones, reclamando el cese del fuego, y que se garantice el derecho inalienable a la vida del pueblo palestino”. También se mencionó que “vastos sectores de la sociedad israelí se ha manifestado por la paz y la concreción de acuerdos que pongan fin a este dilatado conflicto y que finalmente se concrete el retorno inmediato de todos los rehenes bajo control de Hamas”. Sin embargo, denunciaron que “el gobierno de Netanyahu ha hecho oídos sordos a ese clamor generalizado y ha recrudecido su política de exterminio contra el pueblo palestino”.
Fuerte denuncia a Netanyahu
Respecto a la situación en Gaza, el comunicado expresó que “las imágenes hablan por sí solas, infraestructuras civiles, refugios y escuelas, instalaciones sanitarias, hospitales, centrales de energía y fuentes de agua y saneamiento, han sido bombardeadas desde el aire o atacadas por tierra, y en su mayoría se encuentran inoperables, lo que torna imposible la subsistencia”. Agregó que “esa durísima realidad genera además condiciones propicias para el brote de enfermedades de las más variadas, que obviamente en ese escenario no pueden ser atendidas, y las víctimas (enfermos, heridos o mutilados) se encuentran librados a su suerte”. Y concluyó: “Dolorosamente, el final suele ser, en la mayoría de los casos, la muerte”.
Este documento fue firmado por representantes de diversos organismos de derechos humanos de Argentina, entre ellos: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, representada por Lidia E. M. Miy Uranga (Taty Almeida); Servicio Paz y Justicia, por Adolfo Pérez Esquivel; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, por Vera Jarach; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por Eduardo Tavani; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, por Cristina Muro; Liga Argentina por los Derechos Humanos, por Malena Silveyra. También la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, por Mabel Careaga; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, por Luis M. Alman Bornes; APDH La Matanza, por Beatriz Capdevila; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, por Adriana S. Taboada; y Asociación Buena Memoria, por Gabriela Alegre.
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Los organismos firmantes recordaron que “el pueblo y los organismos de derechos humanos de Argentina conocen en carne propia las implicancias que tiene los crímenes de masa”. En ese sentido, señalan que “a poco de cumplirse 50 años del golpe genocida de marzo de 1976, donde están ni qué hicieron con los miles de detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar que asoló nuestro país. Y cerca de 300 niños y niñas apropiadas continúan sin conocer su verdadera historia”.
El comunicado subrayó que “la sociedad argentina sabe además el valor superlativo que tiene la visibilización y la denuncia de esos crímenes, y la importancia de la solidaridad internacional de aquellos pueblos que asumen como propias las injusticias de otros, allí donde suceden”. Finalmente, los organismos afirmaron que “la violación del derecho a la vida, a la dignidad humana y a la libre determinación de los pueblos, en cualquier lugar en que se produzca, no puede sernos indiferente, tal y como los sobrevivientes de la shoah supieron enseñarle al mundo”.
Y concluyeron con un llamado: “Por eso sostienen NUNCA MÁS EL SILENCIO ante esas violaciones. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES, y llaman a que toda la humanidad se una en un grito que pueda sacudir las conciencias aún dormidas. BASTA DE MUERTE Y DESTRUCCIÓN, LA PAZ ES URGENTE Y ES YA”.