Por iniciativa del oficialismo, el Parlamento de Italia aprobó este martes una ley histórica que tipifica el femicidio como un delito autónomo dentro del Código Penal y fija la cadena perpetua como pena máxima para quienes asesinen a una mujer por odio, discriminación o actos de control, posesión o dominio basados en el género. La medida fue celebrada por el gobierno de Giorgia Meloni.
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La votación, que tuvo un amplio respaldo con 237 diputados a favor, contó con la particularidad de que fue votada el mismo día en que se conmemora en todo el mundo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El debate cobró fuerza tras una serie de crímenes que sacudieron a Italia, entre ellos el asesinato de la joven universitaria Giulia Cecchettin en 2023, un caso que impulsó movilizaciones masivas y reavivó la discusión sobre la violencia de género en la península itálica.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (ISTAT), en 2024 se registraron 106 femicidios en Italia, de los cuales 62 fueron perpetrados por parejas o exparejas. Para Meloni, la aprobación de la ley representa "una señal de unidad" frente a una problemática que no cede.
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Los puntos fuertes de la ley: condena al odio de género y financia las "casas refugio"
La nueva normativa modifica el artículo 577 del Código Penal italiano y define el feminicidio como una categoría específica de homicidio, incorporando agravantes vinculadas al odio de género y a los actos de dominación. Además del endurecimiento de las penas, la ley destina más fondos a casas refugio, amplía la protección legal para niños y niñas huérfanos por femicidios y establece nuevos criterios para el acceso a indemnizaciones estatales. Una de las novedades institucionales es que el ministro de Justicia deberá presentarse cada año ante el Parlamento para analizar la evolución de la violencia contra las mujeres y rendir cuentas sobre las políticas implementadas.
La iniciativa también incluye disposiciones orientadas a combatir otras formas de violencia de género que se expandieron en los últimos años, como el acoso y la pornografía de venganza. Desde el Ejecutivo italiano señalan que, junto con la reforma penal, se duplicaron los fondos para centros de atención, se fortaleció una línea nacional de emergencia y se impulsaron programas educativos focalizados. Sin embargo, organizaciones feministas advierten que, pese a estas medidas, la prevención sigue siendo un punto débil.
La izquierda acompañó, pero alertó sobre el "sesgo punitivo" de la ley
Ese debate quedó en evidencia en el recinto. Aunque la oposición de centroizquierda acompañó la aprobación, alertó sobre el sesgo punitivo de la ley. Elly Schlein, líder del Partido Democrático, subrayó que "la represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las aulas", y recordó que Italia es uno de los siete países europeos donde la educación sexual y afectiva no es obligatoria. Su crítica se profundizó ante la propuesta del gobierno de limitar esos contenidos en la primaria y exigir consentimiento familiar explícito en la secundaria.
Mientras la coalición gobernante sostiene que esa restricción busca proteger a los menores del "activismo ideológico", distintos sectores académicos y sociales consideran que representa un retroceso. De acuerdo a lo que denunciaron activistas y legisladores opositores, desvincular la política educativa de la lucha estructural contra la violencia de género es algo "medieval" y contradice el enfoque integral recomendado por organismos internacionales.
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