Fátima, defensora de los derechos de las mujeres que espera en Pakistán el trámite de su visa estadounidense, vio sus sueños truncados de la noche a la mañana después de que el presidente Donald Trump incluyó a los afganos entre las personas a las que se prohíbe entrar a Estados Unidos.
De 57 años de edad, trabajó durante décadas para proyectos financiados por Estados Unidos en el centro de Afganistán y ahora corre el riesgo de ser enviada de vuelta a su país de origen, donde teme por su seguridad y que su hija adolescente no pueda asistir a la escuela.
"Desafortunadamente, las decisiones tomadas por el presidente Trump convirtieron todas las esperanzas y creencias de nosotros en cenizas", dijo a Reuters, pidiendo que solo se publicara su nombre de pila por razones de seguridad.
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Trump firmó el miércoles una proclamación prohibiendo la entrada a Estados Unidos de personas de 12 países, entre ellos Afganistán, alegando que la medida era necesaria para protegerse de "terroristas extranjeros" y otras amenazas a la seguridad.
"No somos Al Qaeda, somos los que luchamos, somos los que dimos nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra energía física, nuestras voces, todo lo que teníamos, por el sueño de una nación pacífica, por un país donde simplemente pudiéramos respirar, estuvimos al lado de las fuerzas de la OTAN", dijo Fátima.
"Y hoy, ser abandonados por Estados Unidos no sólo es trágico, es devastador, es una fuente de profunda desesperación", añadió.
AYUDA PROMETIDA A LOS ALIADOS
En la caótica retirada de las tropas extranjeras lideradas por Estados Unidos cuando las fuerzas talibanas tomaron Kabul en 2021, los países occidentales prometieron ayudar, especialmente a los afganos que habían trabajado para ellos o en proyectos que respaldaban. Pero muchos se han sentido decepcionados.
El entonces presidente Joe Biden prometió ayudar a los "aliados afganos" e introdujo el programa P-2 para la admisión como refugiados de afganos que cumplieran ciertos criterios, entre ellos haber trabajado para organizaciones y medios de comunicación estadounidenses.
La principal agencia defensora de los refugiados calculó este año que entre 10.000 y 15.000 afganos esperaban en Pakistán a que se tramitaran sus visados, aunque eso incluía a los solicitantes del programa de visados especiales de inmigración (SIV) para quienes ayudaran directamente al ejército y al Gobierno de Estados Unidos, que estaba exento de la orden de esta semana.
Fátima dijo que esperaba no tener que abandonar nunca su país, pero que, como destacada directora de un grupo de defensa de los derechos de la mujer, sintió que no tenía otra opción después de que los talibanes volvieran al poder. El Gobierno estadounidense le ordenó que viajara a un tercer país para ser procesada y, como muchos, su única opción fue el vecino Pakistán, adonde llegó en 2023.
Finalmente recibió el aviso de que debía enviar los pasaportes de su familia para preparar un vuelo en enero. Pero la decisión ese mes del presidente Trump de paralizar la tramitación de refugiados echó todo por tierra y Fátima no ha vuelto a saber nada de las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, Pakistán comenzó una vez más a intensificar una campaña de repatriación que comenzó en 2023, dejando a muchos en la fila para el proceso de Estados Unidos temerosos incluso de salir a la calle en caso de que fueran detenidos por la policía.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán no respondió a una solicitud de comentarios el jueves sobre cómo se ocuparía de los afganos en tramitación para Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por los talibanes no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios sobre la orden ejecutiva de Trump.
Los talibanes, que han prohibido a las mujeres viajar sin un tutor masculino y a las niñas ir a la escuela secundaria, dicen que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de la ley islámica. Han dicho que su administración no apunta a antiguos enemigos con violencia y que investigará cualquier caso sospechoso.
Mahbouba Seraj, destacada activista en Kabul, afirmó que la nueva decisión de Estados Unidos era un duro golpe para quienes defienden los derechos de las mujeres y otros grupos vulnerables.
"Esto es absolutamente terrible, porque muchas de esas personas estaban esperando, tenían toda la documentación hecha, habían pasado todos los controles, estaban preparadas para venir a Estados Unidos; habían vendido sus casas, no tenían vida en Afganistán y estaban esperando", afirmó. "Y ahora pasa esto".
(Charlotte Greenfield (Islamabad) y Mohammad Yunus Yawar (Kabul). Edición de Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos.)
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