Empresas de transporte público de la capital de Perú pararon el jueves para demandar al Gobierno y el Congreso acciones más contundentes contra el aumento del crimen y las extorsiones, en otra masiva protesta que restringió la movilidad de decenas de miles de personas.
Los chóferes de empresas de transportes, junto a ciudadanos que apoyaban la protesta, marchaban desde varios puntos de la ciudad hacia la sede del Congreso, según imágenes de la televisión local, para exigir medidas.
"Mira cómo estamos sufriendo una necesidad en el transporte público", dijo en tono molesto Agustín Barrios, esperando por más de dos horas, junto a cientos de personas, por un vehículo para ir a su trabajo en el centro de la ciudad.
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El asesinato y las extorsiones de bandas criminales a empresas de transportes han aumentado en los últimos años en Perú, pese a que el gobierno afirma haber reducido los índices del crimen.
El número de homicidios subió a 2.059 en 2024, una cifra sin precedentes, frente a los 1.508 el año previo, según cifras del estatal sistema nacional de defunciones.
Entre enero y marzo de este año el numero de homicidios sumó 562, casi 100 más respecto al mismo periodo del año pasado.
"!Esto tiene que parar¡ solo en lo que va del año 16 chóferes han sido asesinado por sicarios", dijo a periodistas Martín Valeriano, líder de un gremio de transportistas de Lima.
El martes tres chóferes fueron baleados por desconocidos que se movilizaban en motocicletas, y uno de ellos murió, según testigos y la policía. El hecho ocurrió en un barrio de Lima, pese al estado de emergencia que ha decretado el Gobierno para velar el orden en la ciudad con el apoyo de los militares.
En la marcha hacia el Congreso, empleados de las empresas de transporte portaban algunos carteles que decían: "No más muertes de chóferes". "Justicia para los chóferes muertos". Cientos de policías seguían a los manifestantes para mantener el orden.
El jefe del Estado mayor de la Policía, el general Óscar Arriola, dijo que el gobierno movilizó a 13.000 policías y militares en Lima y la provincia vecina de Callao "para brindar seguridad a todas las personas que han decidido ir a trabajar".
La presidente Dinar Boluarte, cuya popularidad ha caído a niveles históricos según encuestas, instaló en marzo "un cuarto de guerra" con jefes policiales y militares y su gabinete para activar medidas, pero ha recibido criticas de la oposición y de los gremios de transporte mientras crece la inseguridad.
Con información de Reuters
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