El modelo de ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei muestra consecuencias negativas profundas y visibles en múltiples áreas estratégicas del país, especialmente evidentes en la reducción del gasto público destinado a la obra pública y la regulación estatal, afectando estructuras y largo plazo. Se trata de una situación muy grave que conviene exponer en detalle.
Durante el último período, la obra pública sufrió una caída del 82,5% en términos reales en los primeros cinco meses de 2025 en comparación con igual período de 2023. Esta reducción representa una virtual parálisis de proyectos esenciales para el desarrollo, desde la infraestructura vial hasta escuelas, hospitales y redes básicas como las de agua potable.
Según la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el costo anual de mantener adecuadamente el sistema vial argentino ronda los 4.213 millones de dólares, mientras que el costo de recuperación de la infraestructura deteriorada alcanza los 40.773 millones. La marcada caída en la inversión pública se refleja en la calidad de las rutas nacionales, con una proporción de rutas en buen estado que bajó del 54,9% en 2022 al 47,5% en 2024, mientras que el porcentaje en mal estado aumentó del 23% al 29%. En términos simples, un tercio de las rutas argentinas hoy presentan condiciones severamente deterioradas, lo que impacta directamente en la competitividad económica, encarece costos logísticos y compromete la seguridad vial.
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Por otra parte, el enfoque ideológico del ajuste fiscal, liderado por Federico Sturzenegger, implicó la eliminación o debilitamiento significativo de organismos claves del Estado, como el INTI, INTA, DNV, ANMAT y CONICET. Según datos del Instituto Argentina Grande (IAG), este ajuste representó menos del 2,9% del gasto total anual en 2023 -año que conviene considerar para analizar su costo porque es “pre motosierra”- lo que pone en evidencia la irracionalidad económica del recorte: cerrar, modificar, reorganizar más de 40 entes, instituciones y organismos elementales para la producción y vida del país para afectar, solamente, el 2,9% del gasto total (sin contar institutos de historia cerrados, por falta de información).
Estas instituciones no solo cumplen funciones regulatorias esenciales para la calidad de vida, la seguridad alimentaria y sanitaria, sino que también son fundamentales para el desarrollo científico, tecnológico y exportador del país. Cabe señalar, que esta cifra –“el 2,9%”- es un número que contempla a los organismos cuyas unidades organizativas se modificaran, no solo las que se cerrará, es así que el número total del ajuste efectivo será aún menor: el 2,9% refleja una situación de máxima donde el gobierno deja de gastar cualquier tipo de dinero en estos espacios.
Concretamente, se tratan de alrededor de $4,9 billones de pesos al año (a precios de mayo 2025), para dimensionar la cifra: en 2024 el gobierno tuvo un superávit primario de 16 billones (a precios de mayo 2025) y se ahorró, por el recorte a jubilaciones (concepto que representó el 19% del ajuste realizado el año pasado) un total de $8,5 billones (a precios constantes de mayo 2025). Otro dato similar: en el caso de la obra pública que sobresale (que fue concepto más ajustado de todos) tuvo una participación de 24% en el ajuste con $10,6 billones de diferencia sobre 2023, en precios constantes.
Evidentemente, no se trata de continuar ajustando, de manera irreflexiva, ni donde se ajustó en 2024, ni donde se quiere ajustar ahora, sino de repensar con seriedad el esquema de gastos e ingresos del Estado nacional para poder sostener un sendero de superávit fiscal o de macroeconomía estable que no ataque a los más vulnerables (jubilados con la mínima u otros sectores vulnerables), ni a las capacidades productivas a largo plazo del país.
La crítica al ajuste implementado por Sturzenegger merece profundizarse debido a sus consecuencias concretas sobre la capacidad productiva y tecnológica nacional. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), responsable de la certificación de calidad industrial, seguridad y sustentabilidad, sufrió un recorte del 60% de su presupuesto, lo que amenaza seriamente su operatividad. El INTI, históricamente, ha desempeñado un papel clave en apoyar a pequeñas y medianas empresas en la adopción de innovaciones tecnológicas que permiten mejorar sus procesos, reducir costos y aumentar su competitividad a nivel nacional e internacional. La reducción presupuestaria pone en riesgo no solo la continuidad de estas actividades, sino también la posibilidad de Argentina de insertarse con éxito en mercados globales cada vez más exigentes.
El INTA (cuyo gasto real cayó un 20% durante el 2024 contra el 2023) también enfrenta recortes que afectan directamente la investigación agropecuaria y la transferencia tecnológica hacia el sector agrícola, un pilar fundamental del ingreso exportador argentino. En un contexto global donde la competitividad agrícola depende cada vez más del desarrollo científico-tecnológico, debilitar al INTA significa comprometer directamente el futuro de uno de los sectores más dinámicos y generadores de divisas del país, cuya rentabilidad se ha visto moderada por el régimen cambiario y fiscal del gobierno.
Asimismo, la reducción en el presupuesto destinado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT, su gasto real cayó 13% durante el 2024), genera riesgos en el control sanitario y de calidad en medicamentos y alimentos, poniendo en riesgo la salud pública y disminuyendo la confianza de los mercados externos en los productos argentinos. Esta medida no solo tiene implicancias económicas inmediatas, sino que también genera consecuencias negativas a largo plazo en términos de reputación y calidad exportadora.
En el ámbito científico, el recorte al CONICET debilita gravemente la investigación científica nacional, afectando áreas críticas como biotecnología, energías renovables, ciencias aplicadas y sociales, fundamentales para la innovación, la sustentabilidad y la inclusión social en el largo plazo. Los ajustes implementados por Sturzenegger priorizan un ahorro mínimo inmediato a expensas de comprometer seriamente la capacidad futura del país para generar conocimiento, innovación y crecimiento sostenible.
Además, los recortes en estos organismos reguladores contrastan con gastos exorbitantes en otras áreas, particularmente en intervenciones financieras y cambiarias del Banco Central, que multiplican por diez el ahorro generado por los ajustes institucionales mencionados. Esta realidad evidencia claramente la falta de racionalidad económica en el diseño del modelo fiscal actual, cuyos recortes ideológicos solo profundizan las desigualdades y vulnerabilidades estructurales del país.
La estrategia del gobierno actual carece de una perspectiva sustentable sobre los equilibrios macroeconómicos. La disminución drástica de la inversión pública y el debilitamiento institucional comprometen seriamente el desarrollo exportador, la inclusión social y la estabilidad macroeconómica de largo plazo. La evidencia reciente muestra que esta estrategia, más ideológica que racional, solo genera fragilidad económica, profundiza desigualdades y limita el potencial de crecimiento futuro.
El modelo de ajuste y deuda implementado por Milei, Caputo y Sturzenegger sacrifica recursos estratégicos y capacidades institucionales esenciales para el desarrollo económico, social y exportador del país, a cambio de resultados fiscales mínimos y claramente insuficientes desde cualquier lógica económica racional.
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