Oligopsonio, por contraposición al oligopolio, es aquel mercado en el que unos pocos demandantes imponen sus condiciones y precios a una multitud de oferentes competitivos, como es en nuestro país el caso de las PyMEs autopartistas con relación a las terminales automotrices, o el del puñado de grandes marcas de yerba mate que le imponen los precios a miles de pequeños productores de hoja verde desde que el gobierno libertario disolvió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Algo similar está sucediendo entre los productores de trigo y el puñado de molinos harineros después de la también libertaria disolución del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA).
La Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN) anunció recientemente un aumento en el precio del pan y de todos los productos panificados similar al porcentaje de incremento en el precio de la harina. La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), por su parte, afirma que el aumento en el precio del pan no se explica por el aumento en el precio de la harina y mucho menos por el precio del trigo.
Lo cierto es que, en el marco de la liberación reciente de retenciones a las exportaciones, y siendo el trigo el principal insumo de los molinos harineros, el sector sí explica buena parte de los aumentos en los panificados. Hablamos de 160 plantas habilitadas en todo el país, en una industria en la que dos empresas controlan casi el 50% de la molienda registrada. Hablamos de un sector del que FAIM dice que desde el año 2017 se encuentra sobre dimensionado (de empresas).
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La administración libertaria, en línea con su retórica fundacional, implementó las medidas necesarias para reducir a la mínima expresión el control del Estado sobre los distintos actores del mercado harinero, un “laissez faire” que resultó conveniente para algunos en desmedro de la mayoría.
Desregulación creciente
Los molinos de harina de trigo conforman uno de los sectores industriales con mayor impacto en la economía real de nuestro país. Con la disolución del RUCA (Registro Único de la Cadena Agroindustrial) a manos de la Resolución 50/2025 de ARCA, se perdió casi toda la información técnico-administrativa del mercado Industrial y comercial de Cereales y Subproductos.
La residual Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), dependiente de la SAGPyA Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, es el único elemento de monitoreo con que cuenta en el sector harinero es el sistema CEMT (Controlador Electrónico de Molienda de Trigo), regulado por la Resolución 84/2018. Se trata básicamente de una caja negra que mide la cantidad de trigo que procesa una planta de molienda de trigo y es obligatoria para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, según revelan fuentes del sector, dicho sistema se ha vuelto totalmente vulnerable, generando desconfianza en los datos que proporciona y fastidio en quienes han sido obligados a invertir en su instalación y mantenimiento mediante acuerdos leoninos. Los CEMT están en manos de 7 empresas autorizadas por la DNCC, y la resolución 84/18 no tiene, por desidia del gobierno, disposición reglamentaria que establezca los parámetros de homologación de los equipos. Esto genera que estas 7 empresas privadas extorsionen sobre todo a las pymes y cobren cánones mensuales por tareas que no se realizan dado que el Estado no tiene los instrumentos para vigilarlas ni como exigirlas. La resolución 84 establece la obligatoriedad de colocar los CEMT y de mantener el sistema en Estado de óptima operatividad, eso incluye la transmisión de datos on line, fílmicos y de pesadas de trigo previo a la primera rotura.
A modo de parche, la citada Dirección lanzó hace unas semanas una encuesta para molinos de harina de trigo con el objetivo de que las mismas empresas declaren qué nivel de actividad tienen. La iniciativa estatal, llamativamente, cuenta con el beneplácito de FAIM, que la ha considerado una buena medida para combatir el mercado negro y el contrabando de harina, tan prolífico por estos tiempos.
Sin embargo, las PyMEs de la molinería han declarado que dicha encuesta representa una carga administrativa adicional, en el marco de una lluvia de multas que vienen recibiendo de la DNCCA y que no parecen tener más objetivo que el de sacarlos de la cancha, según dejan trascender de manera extraoficial empresarios pymes vinculados a APyMINRA “Asociación de Productores y Molineros de Pequeñas y Medianas Empresas de Argentina”. Según fuentes del sector consultadas y afectadas por esta política que definen como extorsiva, se trata de multas que surgen de inspecciones realizadas hace más de 5 años, en algunos casos, o por incumplimientos de empresas del sector PyME durante el período más crudo de la pandemia y el aislamiento social obligatorio.
Sobre llovido, mojado
En medio de un mercado granario tensionado y con las pymes molineras al borde, dos de los principales actores del sector ejecutan una maniobra que pasa inadvertida a los ojos, pero es tolerada por los organismos de control. ARCA y la DNCCA —dependientes de Juan Alberto Pazo— autorizan prácticas que el desaparecido RUCA prohibía expresamente: la cesión de matrículas de operadores de granos entre empresas. Detrás de esta operatoria está la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molino Fénix.
En la localidad bonaerense de Salto y en las plantas de Molino Fénix en Córdoba, el esquema permite que empresas como Fargo, por ejemplo, reciban trigo en plantas registradas a nombre de Fénix. En los papeles, el destino del grano es Fénix, pero el destinatario real es la empresa usuaria. Así, Fénix deja de actuar como molino independiente y pasa a ser un prestador de servicios de molienda. Las resoluciones 21/E-2017 RUCA y la actual 50/2025 —que regulan la operatoria— prohíben que una planta sea operada directa o indirectamente por terceros, lo que permite irregularidades y ventajas competitivas de precio y logística.
Mientras ACA acopia cereales de más de 500 productores, se lo pasa por un caño subterráneo a Fénix que produce harina y las demás empresas elaboran alimentos terminados. Este esquema les permite dominar más del 80% del mercado de panificados, ofrecer condiciones de pago imposibles de igualar y trasladar los aumentos del precio de la harina —superiores al 12%— directamente al consumidor.
El resultado: un mercado concentrado, donde las grandes marcas manejan precios y las pymes quedan fuera de competencia, sin que el Estado intervenga.
El túnel del trigo
En la planta de Salto, ACA colocó un caño subterráneo, debajo de una calle pública, prohibido por las normas de trazabilidad, con una cinta transportadora sinfín que permite el traslado entre terceros (ACA-FENIX) de trigo sin documentación alguna. Un “granoducto” con una capacidad de transporte mayor a las 250 toneladas diarias de trigo de ACA hacía la planta del molino que una vez que lo procesa le da a la harina un nuevo destino.
ARCA permite que la registración sistémica de movimientos de granos, regulada por la Resolución General 5689/2025, se produzca sin documentación oficial, es decir, sin cartas de porte o Remitos. Así, habilita el uso de un simple “ajustes ACA” en el que se totalizan la cantidad de toneladas que pasan de una planta a la otra.
De este modo, ACA como FENIX, autorizados por un Estado cómplice, están violando las normativas vigentes, atentan contra cuestiones fiscales porque no hay documentación oficial contra la que pagar el trigo que adquieren y porque unir plantas de razones sociales diferentes por el medio que sea atenta contra la trazabilidad de ingreso y egreso de cereales y subproductos.
En este escenario de deslealtad comercial, infinita tolerancia del Estado a todo tipo de prácticas de evasión tributaria y de opresión de los grandes actores del mercado a través de la FAIM sobre el sector PyME, el eslabón final de esta cadena es el traslado de manera directa del aumento unilateral del precio de la harina a los panificados que pagamos los consumidores.
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