En medio de una crisis social y de seguridad sin precedentes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa emprendió una gira por Brasil, Uruguay y Argentina en busca de respaldo político y económico. Mientras tanto, en su propio país se multiplican las protestas y avanzan las denuncias que lo vinculan a empresas familiares involucradas en el narcotráfico.
El 18 de agosto, Noboa inició su periplo regional. Se trata de un intento de ganar proyección internacional luego de unas cuestionadas elecciones y en medio de un frente interno atravesado por la pobreza multidimensional, la conflictividad social y una crisis de seguridad que registra índices históricos. Estos movimientos se inscriben en una escena regional golpeada por las políticas arancelarias de Donald Trump, que presiona para sumar adhesiones a su doctrina securitaria y recuperar el control sobre el territorio latinoamericano. El trasfondo es aún más nítido: el proyecto estratégico neoconservador del gran capital anglo-americano, emanado desde la administración trumpista en la Casa Blanca, ensaya un fronting geopolítico en América Latina con Argentina, Ecuador, Paraguay y El Salvador como puntas de lanza. Entre ellos, Noboa es quien exhibe mayores pretensiones de encabezar este ensayo.
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En Brasil, Noboa se reunió con su par Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro giró en torno a la recuperación de exportaciones clave para Ecuador, como camarón y banana, además de la posibilidad de levantar restricciones a la carne porcina brasileña. La diplomacia brasileña pocas veces se rige sólo por factores ideológicos, y esa versatilidad le ha permitido ocupar posiciones de referencia en el diálogo multilateral. El encuentro con el mandatario ecuatoriano, instituido luego de denuncias de fraude, no representó mayores conflictos para el gobierno de Lula.
Ambos países enfrentan restricciones arancelarias impuestas por Estados Unidos: un 50% aplicado a Brasil, con la intención de presionar a la Justicia en el caso contra Jair Bolsonaro, acusado de instigar la intentona golpista de 2023, y un 10% a Ecuador, en el marco de la aplicación recíproca de aranceles a sus socios comerciales. Lula también aprovechó la ocasión para presentar los preparativos de Brasil rumbo a la COP 30 en Belén, con la intención de proyectarse como líder en la lucha contra el cambio climático.
Los acuerdos firmados se centraron en la lucha contra el hambre, la agricultura, la inteligencia artificial y la cooperación social. Además, se dejó abierta la posibilidad de coordinar esfuerzos frente al crimen organizado, un problema que golpea con fuerza a Ecuador, que registró más de 4.600 homicidios entre enero y julio de 2025. Lula se comprometió a respaldar operaciones policiales.
Uruguay: cooperación en seguridad
Al día siguiente, Noboa llegó a Uruguay, donde buscó potenciar el intercambio comercial y la inversión en energía, puertos, inteligencia artificial y servicios. La reunión con el presidente Yamandú Orsi concluyó con la firma de dos instrumentos de cooperación en seguridad, en momentos en que Uruguay revisa sus estrategias frente al nuevo escenario criminal.
En julio, el Ministerio del Interior publicó un diagnóstico en el que advierte que el país enfrenta un escenario de violencia complejo y en transformación: expansión del narcotráfico, delitos digitales, violencia armada sostenida y una crisis estructural del sistema penitenciario. Según el informe, Uruguay ha dejado de ser un territorio periférico para convertirse en plataforma logística del crimen organizado, particularmente en el narcotráfico y la pesca ilegal.
Más allá de los acuerdos, las realidades de ambos países distan de ser comparables, tanto por el tipo de problemas como por la manera en que cada gobierno los aborda. En Ecuador, las investigaciones que vinculan a Noboa con el tráfico de cocaína a través de Noboa Trading Co., sumadas a la incapacidad del Estado de controlar territorios en manos del narcotráfico y a la espiral de violencia, alimentan las denuncias sobre la consolidación de un narco-Estado.
Las investigaciones de Agência Pública y documentos de los Pandora Papers han revelado vínculos directos de la familia Noboa con empresas asociadas al narcotráfico. Según los reportajes, Daniel Noboa y su hermano figuran como beneficiarios de Lanfranco Holdings S.A., una sociedad offshore radicada en Panamá que, a su vez, es accionista mayoritaria de Noboa Trading Co. Esta última fue interceptada al menos en tres ocasiones traficando cocaína hacia Europa en cargamentos de bananas. Los documentos demuestran que Noboa omitió declarar estas participaciones al postularse, lo que además está prohibido por la ley ecuatoriana, abriendo un cuestionamiento sobre la legalidad de su mandato presidencial.
Los reportes señalan que entre 2020 y 2024 se incautaron casi 600 kilos de cocaína en contenedores de Noboa Trading con destino a Croacia e Italia, incluso durante la presidencia del propio Noboa. La estructura del conglomerado —que controla fincas, transporte y hasta los puertos privatizados— dificulta atribuir estas operaciones a actores externos, aunque la defensa del presidente se escuda en la tesis de la “contaminación” de exportaciones. Pese a sus negativas en debates y entrevistas, el hecho de que la empresa permanezca bajo control familiar y con ramificaciones en paraísos fiscales refuerza las denuncias sobre la connivencia entre el crimen organizado y sectores del poder económico y político en Ecuador.
“La presencia del Fondo Monetario Internacional viene acompañada del Comando Sur y la DEA. Donde más crece el crimen organizado, más fuerte es la injerencia de la DEA”, señaló Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional, en una entrevista en Nodal Se Prende. Para la también directora del Instituto IDEAL, la reducción del Estado deja territorios a merced de las mafias. Una postura diametralmente opuesta a la del Frente Amplio uruguayo, que en gobiernos anteriores promovió la despenalización del consumo como parte de un enfoque alternativo a la doctrina securitaria estadounidense.
A este cuadro se suma un dato ineludible: Miami se ha consolidado como la capital del lavado del narcotráfico a escala continental. Desde allí emergen poderosas instituciones financieras y redes de influencia que han marcado, durante décadas, cómo Estados Unidos diseña y ejecuta su política hacia América Latina. En ese engranaje, las rutas del crimen organizado, las offshore y los paraísos fiscales juegan un papel tan decisivo como los acuerdos militares o comerciales.
Argentina: motosierra y machete
La gira cerró en Argentina, donde Noboa encontró mayor afinidad política. El 19 de agosto se reunió con la Cámara de Comercio y Servicios para promover inversiones en energías renovables y agroindustria, y luego con el presidente Javier Milei. El encuentro terminó en una foto simbólica: Noboa con una motosierra y Milei con un machete, emblemas de sus discursos de desguace estatal.
Según informó el gobierno de Ecuador, la visita buscó fortalecer el comercio bilateral y ampliar las exportaciones ecuatorianas de camarón, pitahaya, aguacate y maracuyá, con el objetivo de alcanzar los 8.000 millones de dólares en ventas de camarón durante 2025. La Casa Rosada señaló que ambos mandatarios discutieron cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado transnacional, comercio y apertura de mercados.
Una situación doméstica complicada
La gira se produjo en un contexto interno marcado por la protesta social. El 14 de agosto, miles de ecuatorianos se movilizaron en Quito para denunciar la inseguridad, la falta de medicinas, los ataques políticos y las políticas del FMI, con el que el gobierno mantiene un acuerdo crediticio. El malestar popular se profundiza en un país que combina pobreza creciente, violencia estructural y conflictividad social. La situación tuvo un punto álgido con el intento de asesinato de Leónidas Iza, ex presidente de la CONAIE y referente de las protestas contra Noboa.
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La reelección de Noboa, ocurrida en abril de 2025, difícilmente pueda considerarse fruto de elecciones libres: amplias zonas del país permanecieron bajo régimen de excepción, hubo violencia política e institucional sobre opositores y graves denuncias de fraude fueron desestimadas sin investigación. “No hay garantías de participación política en Ecuador y estamos ante la ruptura del Estado de derecho”, advirtió Gabriela Rivadeneira.
En este marco, la gira internacional de Noboa puede leerse como un intento de proyectar estabilidad y sumar apoyos regionales en medio de una crisis que desborda las fronteras nacionales. Sin embargo, la distancia entre la política exterior y la realidad social interna exhibe las contradicciones de un modelo que busca expandirse hacia afuera mientras se profundiza la fractura hacia adentro.
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