Tres ataques homoodiantes en 10 días: la violencia como política

En apenas 10 días, Argentina fue escenario de tres ataques homoodiantes que sacudieron a la opinión pública y encendieron las alarmas en la comunidad LGBTIQ+. No se trata de episodios aislados ni de hechos fortuitos, sino de la expresión concreta de un clima social de época cargado de hostilidad hacia diferentes sujetos sociales, habilitado y amplificado por discursos de odio que se reproducen sistemáticamente desde los más altos niveles del poder. Cada golpe, cada amenaza, cada pintada homofóbica no es solo un acto individual de intolerancia, sino la cristalización de un proceso más amplio en el que el odio se convierte en lenguaje político, en dispositivo de disciplinamiento y en una forma de ejercer el poder.

La violencia contra las disidencias sexuales y de género no es nueva en nuestro país, pero lo que se observa hoy es su legitimación en el marco de un proceso de retroceso de los consensos sociales y quiebre de las bases sociopolíticas que permitieron conquistas paradigmáticas en las últimas décadas como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el reconocimiento de infancias y adolescencias trans. Estos derechos se ven amenazados por una ofensiva cultural encabezada por el propio presidente que busca deslegitimarlos y desmantelarlos. En este marco, los discursos de odio dejan de estar confinados a los márgenes de la sociedad o a los foros de internet para ocupar el centro de la escena desde el gobierno del Estado. No son meros discursos de odio porque el capital simbólico que detenta el gobierno es el de hacer cosas con palabras, producir efectos prácticos.

Los tres ataques recientes son más que la suma de tres anécdotas dolorosas y deben leerse en ese entramado. Así como lo fue el triple lesbicidio en Barracas en 2024, estos hechos son señales de alarma sobre cómo los cuerpos LGBTIQ+ se convierten en blancos de agresión en un contexto en el que el Estado es despojado de su función inclusiva y protectora, para legitimar, alimentar y normalizar la expulsión de ciertos sectores sociales. En un país marcado por las luchas de derechos humanos, estos hechos nos interpelan directamente.

Tres ataques en 10 días

El primer caso fue el de Juan Sabin, un joven de 24 años que vive con su madre en Malvinas Argentinas, que fue brutalmente agredido en la madrugada del sábado 15 de junio, a la salida de la fiesta Rheo en Palermo. Según su propio relato, fue embestido por dos hombres que lo golpearon hasta provocarle una doble fractura de mandíbula. “Dejámelo a mí, yo siempre quise pegarle a uno de estos”, escuchó que decían en medio de la agresión. Por las graves heridas que sufrió, el lunes le realizaron una cirugía maxilofacial para colocarle placas de titanio, intervención que tuvo un costo de 7 millones de pesos. Gracias a la difusión del caso en las redes y la campaña solidaria que se generó, Juan consiguió recaudar el monto necesario para operarse. Su cuerpo quedó marcado como evidencia de una violencia que busca disciplinar identidades y castigar la mera existencia de quienes no se ajustan a la norma heterosexual.

El segundo episodio ocurrió el miércoles de la semana pasada en el delta de Tigre y la víctima fue Lucas Nocito, de 43 años. “Te pasa por puto”, le escribieron con aerosol en la fachada de la vivienda, cortaron los cables y le rompieron las cámaras de seguridad, y le quemaron la cerradura y el picaporte electrónico. Este atentado no solo dañó la propiedad: vulneró un espacio íntimo, transformando la casa en un territorio de miedo y vigilancia constante.

El tercer caso tuvo lugar en Ituzaingó, el pasado martes, cuando Norberto Lorenzo, psicólogo y cofundador de la Comunidad Católica Gay de Buenos Aires, recibió agresiones a su vivienda donde también funciona su consultorio profesional. En la foto que se viralizó en redes sociales se ve cómo rompieron el vidrio de la puerta de la propiedad. El ataque buscó borrar no solo su presencia física, sino su trayectoria y compromiso con la comunidad. La violencia, en este caso, se dirigió contra un referente que trabajó por conciliar diversidad y fe, desafiando discursos excluyentes. Luego del hecho la organización Orgullo Ituzaingó emitió un comunicado advirtiendo que "los discursos de odio que instala el gobierno nacional en la sociedad tienen consecuencias reales y devastadoras en las vidas y cuerpos de nuestra comunidad".

El avance del odio como política

Estos tres casos, aunque distintos en su modalidad, comparten un mismo denominador: la intención de marcar, disciplinar y humillar, haciendo de la violencia un mensaje hacia toda la comunidad. Con el propósito de visibilizar este tipo de hechos el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI+, creado en 2016, los definió como “un acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye —pero no se limita— a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión busca causar daño grave o muerte, basada en el rechazo hacia colectivos históricamente vulnerados. Incluye también la violencia por omisión, cuando el Estado no garantiza protección.”

A escala global, el Informe ILGA World 2024 muestra que los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ aumentaron en más de 50 países, y Argentina no escapa a esa tendencia. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 102 ataques violentos motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género, equivalentes al 72% del total de 2024. La cifra evidencia un aumento del 70% en un año. Asimismo, según el documento, más del 57% de las agresiones fueron golpes, seguidos de puñaladas, balazos y abusos sexuales. La saña, advierte el informe, forma parte del mensaje.

Estos crímenes son producto del aumento de la violencia social y la promoción de lógicas ideológicas de discriminación exacerbadas por la ultraderecha. Si bien en los últimos años la comunidad LGBTIQ+ ha conquistado derechos legales, la precarización material y simbólica persiste, y en muchos casos alcanza con el triunfo de un proyecto político como el de Javier Milei para poner un freno en los avances, e incluso arriesgar la integridad física y calidad de vida de miles de personas, en un contexto donde se eliminan políticas públicas y la exclusión socioeconómica amplifica la vulnerabilidad.

Es importante señalar que, para la gestión libertaria, el odio y la construcción de un enemigo funcionan como herramientas de disciplinamiento social. Esa emoción es dirigida en contra de un otro que es deshumanizado, caricaturizado y demonizado. No sorprende el uso permanente de términos claves para tocar fibras sensibles como “ideología de género” o “agenda woke”, y el uso de etiquetas como “degenerados” o “pedófilos” que naturalizan la violencia verbal y simbólica como antesala de la física.

Hoy, estos discursos amparados en la interpretación ambigua y discrecional de la libertad de expresión, se han convertido en política de Estado. Dirigentes y referentes reproducen la maquinaria discursiva del odio, mientras desmontan las políticas de igualdad, y convierten a las diversidades en enemigos legítimos. El odio ya no es un subproducto: es política, forma de gobierno y pedagogía de miedo.