El autoritarismo avanza

El muchacho no llegó a quebrarse en la conferencia de prensa en la que se denunció la detención de su madre, Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y referente del Frente de Mujeres de La Cámpora, pero cada vez que dijo “mi vieja” un temblor acuoso se sintió desde su garganta. Había sido testigo, en la madrugada, del ingreso intempestivo de una docena de policías en su casa, de un allanamiento sin presencia de empleados o funcionarios judiciales, de la repetición para la cámara de la salida de su mamá esposada, acusada de delitos que por el secreto de sumario todavía se desconocen, relacionados con una acción política de denuncia sobre la casa del diputado José Luis Espert. Lo mismo que les sucedió a Candelaria Montes, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi. Detenciones que se suman a la de Alesia Abaigar, a quien el lunes trasladaron al penal de Ezeiza sin que todavía supiera por qué se la trataba como a un sujeto peligroso.

La escena podría resultar suficiente para explicar la angustia del hijo, pero se escapa de la sensibilidad familiar y tiñe la conciencia de que los acuerdos democráticos que habitamos hasta ahora, incluso los que parecían débiles pero se sostenían -como cuando se desestimaron los cargos de sedición para las y los detenidos arbitrariamente durante las protestas por la Ley Bases-, perdieron toda consistencia. El autoritarismo no se enmascara, más bien parece un elemento más de campaña política del gobierno libertario. Y el Poder Judicial, que podría ser un resguardo contra el atropello de un Poder Ejecutivo que se blinda en la vigilancia y la represión de la protesta social, cada vez pone menos frenos.

A Abaigar, Mieri, Montes, Muzzi y Díaz Bianchi se las (y lo) acusa de haber participado de un escrache a la casa del diputado que se jactó de decir, una semana antes del hecho, que Florencia Kirchner era una “hija de una grandísima puta”, y en otras oportunidades, que le gustaría “ponerle el último clavo al cajón del Kirchnerismo con Cristina adentro”, además de insistir, con que hay que llenar de balazos a determinadas personas, siempre ligadas con el kirchnerismo, y después colgarlas en la plaza para “que aprendan”. Estos dichos no son ninguna novedad, se los escucha en las redes, también en el prime time de la televisión, incluso se le pide al diputado que repita, para que se entienda ¿para que aprendan? ¿para que la amenaza se escuche? Esas sí son elucubraciones, no la violencia verbal que escupe Espert.

Un escrache. No se sabe si lo hicieron las personas acusadas: la prueba en el caso de Alesia Abaigar es "insuficiente", dice el Centro de Estudios Legales y Sociales en la presentación del amicus curiae que hizo este mismo jueves en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado. Pero aun cuando lo hubieran hecho, un escrache es una forma de expresión política, una acción política que puede ser más o menos efectiva, más o menos agradable para quienes transitan por la cuadra o para el diputado al que le gustaría balear adversarios políticos.

“La Relatoría para la Libertad de Expresión ha señalado que, en principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten”, cita el Cels en el amicus a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su escrito, como también cita otras normativas del Sistema Interamericano en torno a que el uso de la justicia penal “frente a acciones simbólicas y no violentas” puede significar “un mecanismo indirecto de censura o criminalización de la disidencia”. Sin embargo, Alesia Abaigar está presa y otras cuatro personas están detenidas sin que su abogada, Nadia Rivas, al atardecer del jueves, no sepa cuáles son las imputaciones. En el caso de Abaigar los delitos que se le imputan son completamente desproporcionados: atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos. ¿Por señalar con un pasacalles, volantes y estiércol la casa de un diputado? ¿Es un atentado al orden público tirar caca en la vereda? ¿Qué tipo de amenaza es una que no augura ningún dolor, ninguna maldición, que ni siquiera se dirigió de ninguna manera contra alguien en particular? “Aquí vive la mierda de Espert”, decía el pasacalles impreso, colgado una semana después del inicio formal de la condena a prisión domiciliaria contra Cristina Férnandez de Kirchner, a quién Espert llamó, en la Universidad Católica Argentina, “gran puta”.

¿Son estas detenciones peores que el acoso en redes sobre Julia Mengolini al que el propio presidente se montó difundiendo noticias falsas, riéndose del “vuelto” que le toca por haber hablado de él en otros momentos? ¿Son estas detenciones más graves que los desalojos compulsivos de comunidades mapuche, la estigmatización de los pueblos originarios como terroristas, la deportación de un refugiado político como Lorenzo Bertulazzi, el italiano que vive en Argentina desde hace 23 años y fue juzgado en ausencia por un crimen que se cometió cuando estaba preso en su país? Unos días antes de que se colgara el famoso pasacalle en la puerta de la casa del diputado Espert, una familia palestina de cinco miembros, con visas conseguidas en la embajada argentina en Tel Aviv, fue detenida por veinticinco horas en Ezeiza y expulsada del país sin haber pisado más suelo que el que corresponde a la oficina de migraciones del aeropuerto. ¿Es este hecho más o menos grave que la criminalización de la protesta social y la espectacularización de detenciones por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Lo gravísimo es que todos estos hechos suceden casi en simultáneo. Que son concurrentes con el cierre del expediente administrativo contra el gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo y lo dejó en coma. Fue un hecho fortuito, esa es la conclusión de la propia Gendarmería Nacional.

“Sí, soy cruel con ustedes kukas de mierda”, se sinceró el presidente casi al mismo tiempo que se detenía a la primera de las mujeres judicializadas por realizar una acción política directa. “Está todo organizado”, dijo Espert en la puerta de su casa, vaticinando el impulso de una denuncia justamente por eso, porque se había organizado una acción política que parece ser lo que justifica el show de la crueldad a la que no es posible acostumbrarse. ¿De qué otro modo más que organizadamente se realizan las acciones políticas?

Todos los hechos que aquí se enumeran, más las amenazas que desde la máxima autoridad de la Nación se descerrajan sobre “kukas”, “zurdos”, “ensobrados”, “pedófilos”, son puntadas que ajustan cada vez más la mordaza sobre los derechos democráticos. La concentración de poder en manos del ejecutivo, la verborragia violenta, la evidente connivencia con buena parte del Poder Judicial y los medios hegemónicos de comunicación se están configurando como un aparato de disciplinamiento autoritario, violento, fascista. Es esa la angustia que contagió, en conferencia de prensa, el hijo de Eva Mieri. Un temblor en la voz de un hijo que vio a su madre utilizada para el show represivo de Patricia Bullrich y la criminalización de la protesta. La consciencia general de que la convivencia democrática está herida y que sólo promete, como Espert, “cárcel o bala” a quienes insisten en la política como herramienta de transformación.