Más que una reforma de índole técnica, la propuesta laboral del gobierno de Javier Milei constituye un intento de redefinir el modelo argentino de relaciones laborales. Su objetivo estratégico es sustituir el paradigma tutelar —basado en la negociación colectiva por actividad o rama y la vigencia del convenio como fuente de derechos— por un esquema flexibilizado, individualizado y dependiente de la productividad empresarial. De este modo, el proyecto busca alterar no solo las reglas formales del derecho del trabajo, sino también el equilibrio de poder entre capital y trabajo en la estructura económica contemporánea.
El núcleo de la reforma radica en la prioridad de la negociación paritaria por empresa. En el régimen vigente, los convenios de actividad constituyen el piso jurídico de los derechos laborales: los acuerdos particulares solo pueden mejorarlo. La iniciativa oficial pretende invertir ese orden, permitiendo que cada empresa pacte condiciones distintas según su tamaño, localización o productividad. Esta descentralización, presentada bajo la retórica de la flexibilidad, traslada el conflicto desde el plano colectivo al individual, debilitando la representación sindical y fragmentando la capacidad negociadora. La experiencia comparada demuestra que estos procesos se traducen en segmentación salarial y pérdida de cobertura convencional, más que en aumentos de productividad o empleo.
A ello se suma el intento de eliminar la llamada “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios colectivos hasta la firma de uno nuevo. Este principio, reconocido por la OIT y por la jurisprudencia nacional, garantiza la continuidad de los derechos laborales frente a la demora negociadora. Su derogación generaría un vacío normativo que forzaría la renegociación desde cero de cada convenio, colocando a los sindicatos en una posición defensiva y favoreciendo la regresión de derechos conquistados. En otras palabras, el objetivo es debilitar el poder estructural de la negociación colectiva al suprimir uno de sus resguardos fundamentales.
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En paralelo, el gobierno impulsa la incorporación del denominado “salario dinámico”, un mecanismo que permite vincular las remuneraciones con la productividad individual. Bajo el argumento de premiar el mérito y la eficiencia, las empresas podrían otorgar aumentos selectivos determinados unilateralmente. Detrás de este discurso meritocrático se esconde, sin embargo, una erosión profunda del principio de igualdad de trato: el salario deja de ser un derecho tutelado por la negociación colectiva y se convierte en una variable de competencia entre trabajadores. Así se consolida una cultura de la “autogestión del rendimiento”, característica del nuevo management neoliberal, donde el éxito o el fracaso recaen exclusivamente sobre la responsabilidad individual, desligando a la empresa de sus deberes colectivos.
Otro componente clave del proyecto es el reemplazo del régimen tradicional de indemnizaciones por fondos de cese laboral, similares a los del sector de la construcción. Bajo el pretexto de reducir la litigiosidad y los costos laborales, esta modificación abarata el despido, diluye su carácter reparador y socializa su costo entre todos los trabajadores. La medida, presentada como una flexibilización “soft”, consolida una lógica de rotación permanente y vulnerabilidad estructural, contraria a la función protectora del derecho del trabajo. En efecto, al sustituir la reparación individual por un fondo común, el despido se normaliza como parte del ciclo productivo, debilitando el vínculo jurídico y simbólico entre trabajo y estabilidad.
Todas estas transformaciones, aunque se presenten como ajustes técnicos, integran un diseño coherente orientado a recentralizar el poder económico y disciplinar al trabajo. El discurso de la productividad y la eficiencia oculta, en realidad, un proyecto de reordenamiento del poder en el lugar de trabajo. La descentralización de la negociación colectiva, la pérdida de ultraactividad y la individualización salarial forman parte de un mismo movimiento: debilitar la acción colectiva e instalar una subordinación unilateral al poder empresario. Bajo el lenguaje de la competitividad, se reinstaura un patrón de relaciones laborales propio del neoliberalismo de los años noventa, ahora potenciado por la fragmentación tecnológica y la desregulación institucional.
En definitiva, la reforma laboral impulsada por Milei apunta a reformular la matriz de relaciones laborales argentina, reemplazando la lógica de la tutela colectiva por la de la adaptabilidad empresarial. La descentralización emerge así como el núcleo ordenador de un nuevo régimen del trabajo cuyo horizonte es la individualización del vínculo y la neutralización del conflicto. En nombre de la modernización, se impulsa una desprotección estructural que erosiona los fundamentos jurídicos y políticos del modelo social construido en torno al principio de justicia social.
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