El gobierno de Javier Milei avanzó, por decreto, en un ajuste dentro de la Procuración del Tesoro de la Nación, a través de la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. En sus considerandos, el decreto argumentó que se busca "agilizar la operatividad y eficiencia" del organismo conducido por Santiago María Castro Videla, dependiente del Ministerio de Justicia.
Así lo hizo el Presidente mediante el Decreto 475/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, que, formalmente, aprobó una nueva estructura organizativa para la Procuración del Tesoro.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue consultado esta mañana, antes de ingresar al predio de La Rural en Palermo, por las versiones de que el ajuste se produjo debido a filtraciones sobre la estrategia del Estado en causas judiciales en las que el país actúa como parte. Sin embargo, se limitó a responder a los periodistas reunidos que se "dejen de joder".
En ese sentido, el Gobierno justificó estas medidas en la necesidad de reducir costos, optimizar recursos y mejorar la calidad institucional, en línea con la política general de “reestructuración y modernización del Estado”.
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En este marco, se definieron nuevos organigramas y responsabilidades tanto de primer como de segundo nivel operativo, que reemplazan a la estructura vigente desde 2020. Además, se reasignan cargos ejecutivos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), eliminando funciones consideradas obsoletas y promoviendo una estructura “más dinámica y menos burocrática”, según fundamenta el texto oficial.
La disolución de la Escuela de Abogados del Estado
Uno de los puntos centrales del decreto es la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que funcionaba como instancia de formación para quienes integran el cuerpo jurídico de la administración pública.
En su lugar, se crea la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que, según el decreto, "asumirá las funciones de formación y perfeccionamiento". Los programas de capacitación en curso continuarán bajo supervisión del CEFAP, y se garantizó la validez de los certificados emitidos.
En tanto, los recursos materiales que eran utilizados por la Escuela deberán ser revisados y reasignados en un plazo de 90 días. El decreto también restringió los procesos de selección para integrar el Cuerpo de Abogados del Estado, que deberá incluir perfiles y evaluaciones técnicas.
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