Coimagate: Confirman el procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta por obstrucción de Justicia

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad de Nordelta, por obstruir el accionar de la Justicia el 22 de agosto pasado cuando en el marco del Coimagate se realizó un procedimiento en el barrio privado “La Isla”, donde viven los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, directivos de la droguería Suizo Argentina. “Con su accionar, el nocente desobedeció a la manda judicial de la que tomó conocimiento por propia iniciativa y optó por interferir en su ejecución, procurando frustrar su debido cumplimiento”, afirmaron los camaristas Pablo Barral y Alberto Lugones.

De Vincentis había sido procesado por el juez Sebastián Casanello, quien estuvo hasta este miércoles al mando de la causa que investiga la enorme trama de corrupción que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por los delitos de “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento”. Para el magistrado de Comodoro Py, por la actitud de De Vincentis no se pudo interceptar a Jonathan Kovalivker en el marco de un operativo clave para la pesquisa que se realizó cuando el Coimagate estaba comenzando. Como quedó acreditado en el expediente paralelo que se abrió contra De Vincentis, Jonathan Kovalivker logró irse del barrio cerrado “La Isla” antes de que los agentes de la policía de la Ciudad llegaran a su domicilio. En la vivienda los uniformados se encontraron con que se habían llevado dólares de una caja fuerte a las apuradas, dejando hasta banditas elásticas tiradas en el piso. Los agentes sí lograron ubicar en ese operativo a Emmanuel Kovalivker, quien no logró partir a tiempo. Tenía en su poder 266 mil dólares distribuidos en distintos sobres.

Tras dictar el procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Casanello se declaró incompetente y este caso, derivado de la causa central que investiga la trama de corrupción descubierta en la ANDIS, cambió de jurisdicción. Actualmente, el expediente por esta obstrucción de Justicia se encuentra en los tribunales federales de San Isidro. Por tal razón, la apelación que realizó De Vincentis fue analizada por la Cámara Federal de San Martín, tribunal revisor de las causas que tramitan en San Isidro.

¿Qué había sostenido De Vincentis en su apelación? Que él se había limitado “a cumplir con su deber y que, en ese marco, su actuación no generó la más mínima demora en el procedimiento llevado a cabo”. Consideró que “-en todo caso- la tardanza que se produjo entre la llegada del personal policial al lugar, con el objeto de recabar información sobre los domicilios a allanar, y el momento en que efectivamente se llevaron a cabo esos procedimientos, respondió a una impericia que mal puede atribuírsele” a él. Es decir: sostiene que el operativo falló por el accionar de los agentes policiales que estuvieron cargo o por el juez y el fiscal que comandaron el procedimiento, es decir, Casanello y Franco Picardi. Además, De Vincentis aseguró “que no existen elementos de prueba que den cuenta” de que “hubiera dado aviso a las personas allanadas, ni que haya realizado actos tendientes a demorar el procedimiento policial”.

La cámara no hizo lugar al planteo. Los elementos que nutren el expediente comprometen al jefe de Seguridad de Nordelta. Por eso, los camaristas Barral y Lugones acordaron este martes “que los argumentos defensistas no logran desvirtuar el cuadro cargoso incorporado al sumario, que analizado a la luz de la sana crítica, conduce a confirmar el auto de mérito puesto en crisis”.

Para los camaristas federales de San Martín no hay dudas: “Las evidencias reunidas hasta el momento resultan suficientes para respaldar la decisión adoptada por el Magistrado a quo, en la medida en que la secuencia de los hechos permite verificar -dentro de los límites propios de esta etapa del proceso- la responsable intervención del causante en los injustos reprochados”.

Las evidencias de la obstrucción de Justicia

Las pruebas en contra de De Vincentis son contundentes. Según se constató en la causa, cuando el 21 de agosto a las 23 horas llegó la delegación policial al barrio “La Isla” dentro del complejo de Nordelta, el comisario Lucas Alberetti les comunicó a quienes se encontraban en la garita de acceso que “estaba prohibido realizar comunicaciones telefónicas”. Acto seguido se dirigió a la garita de acceso general de “Nordelta” para obtener información sobre los vehículos vinculados a lo hermanos Kovalivker. En ese momento “uno de los empleados de seguridad comenzó a recibir insistentes llamados a su teléfono, manifestándole al personal policial que quien lo llamaba era su jefe, en referencia a Claudio Ariel De Vincentis”. El Comisario Alberetti, que estaba al mando del operativo, atendió personalmente el llamado. Escuchó la voz de De Vincentis, "quien se presentó como supervisor del complejo y pretendió interiorizarse de los motivos por los cuales se estaba realizando la diligencia”. Es decir, el jefe de seguridad de Nordelta le estaba pidiendo explicaciones al agente policial que estaba desarrollando un operativo judicial.

Según consta en el expediente, “De Vincentis pretendió conocer específicamente el barrio objeto de la medida, a lo que se le respondió que sólo se le iba a responder que era para todas las garitas, tras lo cual el Comisario cortó la comunicación”. De allí, Alberetti retornó al acceso de seguridad del barrio “La Isla” y “advirtió que a las 00:42 horas (ya del día 22 de agosto), otro empleado de la empresa se seguridad, de nombre Hugo Martín Bogarín, pese a la orden de suspender las comunicaciones, había atendido una llamada, manifestándole al personal policial que se trataba de su jefe -Claudio Ariel De Vincentis- quien lo estaba llamando de manera continua”. En ese momento Bogaría “le manifestó a su jefe que estaban buscando a Jonathan y a Emmanuel Kovalivker, por lo que inmediatamente el personal policial le quitó el teléfono y cortó la llamada”. Los hermanos de la droguería Suizo Argentina pronto sabrían del operativo en ciernes. Por eso prepararon todo para escaparse, a juzgar por cómo se encontró todo en sus domicilios.

Eso no fue todo: “Mientras se estaba poniendo en conocimiento de la Fiscalía Federal actuante del egreso de Jonathan Kovalivker en un vehículo marca ‘Audi’, modelo ‘S3’, dominio AB -570-LU, llegaron al lugar cuatro patrulleros de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que fueron convocados bajo la invocación de la presencia de ‘falsos policías’ que habían tomado el control de la garita y que no dejaban que la gente se retirara, siendo que, tras constatar la legalidad del procedimiento, se retiraron del lugar”. Es decir, que desde Nordelta hubo un llamado a la Policía Bonaerense denunciando un falso operativo para demorar la tarea de los investigadores en el caso ANDIS y así facilitar la huida de los Kovalivker.

La Cámara se hizo eco de esta secuencia, que surge de los registros telefónicos de los investigados, de las constancias documentales del egreso vehicular de Kovalivker, del testimonio del Comisario Alberetti y del arribo de móviles convocados a través del servicio 911 bajo información falsa. Por eso concluyó que “todos estos extremos, analizados en conjunto, permiten tener por verificado, dentro de los límites propios de esta instancia del proceso, las maniobras desplegadas por el causante, orientadas a crear un escenario de confusión y resistencia de cara a obstruir el correcto diligenciamiento de la manda judicial”.

A esto se suma que De Vincentis estaba de vacaciones y a pesar de eso “en su carácter de jefe de seguridad de Nordelta, asumió tener acceso inmediato a los sistemas de cámaras y comunicaciones del complejo, extremo que le brindaba la posibilidad de advertir en tiempo real la presencia de la fuerza policial y transmitir instrucciones al personal a su cargo, siendo que, lo actuado en el legajo resulta demostrativo de que, en efecto, se valió de aquello para interferir en el proceder de la fuerza de seguridad a la que se le habían confiado las diligencias”.

Nordelta, una “isla” apartada de la Justicia

Un mensaje enviado por el propio De Vincentis al grupo de WhatsApp “Supervisores AVN” (Asociación Vecinal Nordelta) del mismo 22 de agosto da cuenta de que cómo el jefe de seguridad pretendía que actuasen sus subordinados: “Buenos días. Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere ningún personal que no corresponda al área legal está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos. Para mí, esto estaba más que entendido, y no había necesidad de repetirlo, pero parece que sí. Tal lo sucedido anoche si se presenta una fuerza de seguridad y está requiriendo información de vecinos, si tienen que realizar un allanamiento con la orden respectiva que lo hagan y con sus propios técnicos, para que busquen la información. Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno. Si la Fiscalia o la policía no sabe trabajar o no nos contacta previamente para coordinarnos a saneamientos las diligencias judiciales como la que realizaron y creen estar en fuerte apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”. Es más que elocuente que De Vincentis pretende que en Nordelta se aplique una normativa legal diferente a la del resto de los mortales. “Reitero ningún personal de ADN, salvo el área legal, está autorizada a entregar información más allá en la orden que trajo la policía, figure que habilitan día y hora.....Al margen de cuando se retiren del barrio la Isla, cualquier otro procedimiento que quiera hacer la policía de la ciudad en el Marco de esta misma causa le dan inmediata intervención a Legales para que baje un abogado de ese departamento y corrobore si corresponde o no”, agregó. Es decir, la seguridad de Nordelta sería la que habilita o no un procedimiento judicial.

Este mensaje es una de las tantas pruebas que complicaron a De Vincentis.

El procesamiento que había dictado Casanello

Según había establecido Casanello, como jefe de seguridad de Nordelta Ariel De Vincentis colaboró en el accionar evasivo de Jonathan Kovalivker en el marco de la causa ANDIS. Por eso De Vincentis fue indagado y luego procesado por desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. El juez que entonces estaba a cargo del juzgado federal N° 11 –desde el lunes ese cargo lo ocupará Ariel Lijo- consideró que el jefe de seguridad de Nordelta dio instrucciones a los guardias del complejo de que no colaborasen con la policía. Todo indica que se le dio aviso a los Kovalivker de lo que estaba sucediendo. Jonathan no solo dejó su caja de seguridad revuelta sino que salió justo en ese momento con su auto.

“La celeridad y el factor sorpresa eran claves para la efectividad de las medidas de coerción procesal de naturaleza probatoria ordenadas por el tribunal. Esas condiciones fueron alteradas como resultado de la conducta del imputado, contraria a su obligación de acatar la orden judicial ejecutada por las fuerzas de seguridad estatales. En este punto, resultan esclarecedoras las imágenes captadas al momento de efectuar el allanamiento del domicilio de J. Kovalivker, oportunidad en que se encontró una de las cajas de seguridad con dinero revuelto y muchas bandas elásticas sueltas”, detalló Casanello en el procesamiento que ahora fue confirmado.

Tuvieron que pasar tres días para que Jonathan Kovalivker se presentara en tribunales y aportara su celular tras evadir el operativo judicial. Según pudo reconstruir El Destape, Jonathan entregó el aparato telefónico apagado y sin su clave de acceso. Tuvo tiempo de sobra para manipularlo. De Vicnentis jugó un papel clave para que todo eso sucediera.