La Casa Rosada sintió el impacto del encuentro de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño del pasado lunes, en el que consensuaron un proyecto de ley para que se coparticipen recursos que actualmente el Ejecutivo les retiene y que no se distribuyen como deberían hacerlo. La preocupación del gobierno de Javier Milei no sólo es por los billones de pesos que le reclaman -que Economía coloca en la columna del superávit trucho de sus cuentas- sino porque sería una señal política de preocupante debilidad, dado que quedaría expuesto que ya no cuenta en el Congreso con los aliados que le permitieron gestionar hasta ahora. Con ese idea, los ministros de Economía provinciales recibirán este martes al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al de Interior, Lisandro Catalán, para ver si al fin les abran la billetera. De lo contrario, irán a fondo en el Senado con el proyecto de ley para el que ya tienen los votos.
El proyecto de ley firmado la semana pasada por los mandatarios de todas las provincias y la CABA no era algo que se hubiera visto antes. Por el contrario, más allá de compartir un chat en el que suelen poner en común sus problemas, los gobernadores mostraban más diferencias que coincidencias desde la asunción del gobierno libertario. Más allá de los cinco de Unión por la Patria -el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, el formoseño Gildo Insfrán, el pampeano Sergio Ziliotto y el fueguino Gustavo Melella- que se mantuvieron inalterables en su oposición a las políticas oficiales, el resto sostuvo una relación oscilante. Algunos con algún gesto de acercamiento, otros comportándose como cuasi oficialistas, varios yendo y viniendo. Pero los repetidos incumplimientos del Gobierno junto a la cercanía de las fechas electorales terminó por reunirlos a todos alrededor de una mesa en la sede de CFI y alcanzar una serie de coincidencias.
Guberman y Catalán ya estuvieron con los gobernadores durante la reunión anterior y sus argumentos no sólo no los convencieron, sino que se fueron con varias recriminaciones por las promesas no respetadas. Este martes, serán los ministros de Economía de cada provincia quienes escucharán las propuestas oficiales para distribuir el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los dos rubros que más los preocupan. Hablan nada menos que de 5,5 billones de pesos recaudados por combustiles y otros 900 mil millones de ATN que el Gobierno no distribuyó entre las provincias, por lo que quieren que esos recursos se incorporen a la masa coparticipable y se repartan proporcionalmente entre todos los distritos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a plantear como máxima prioridad el mantenimiento del equilibrio fiscal. “Los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar. Si no hay consenso, el tema se debatirá en el Congreso”, advirtió el fin de semana en una entrevista. Subrayó que "no hay plata sin equilibrio fiscal" y que se podría llegar a rediscutir la coparticipación federal pero, de nuevo, "sin alterar el orden fiscal". La insistencia es llamativa porque los gobernadores sostienen que, en verdad, los recursos no pertenecen al Ejecutivo, sino a las provincias por lo que ese supuesto "orden fiscal" es falso, conseguido con fondos que deben ser distribuidos. Si las miradas se mantienen, se veía difícil un consenso.
"Es un proyecto de ley para garantizar una distribución equitativa de los recursos coparticipables que les corresponden legítimamente a las provincias, sin afectar el equilibrio fiscal que plantea el Gobierno nacional", sostuvo el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, luego de la última reunión para defender el proyecto de ley firmado. Un grupo de gobernadores conversó este fin de semana vía zoom con los jefes de los bloques de senadores para intercambiar puntos de vista sobre la iniciativa que ingresará por la Cámara alta, donde tendrían la mayoría asegurada. La movida abre un complicado panorama para el oficialismo. Básicamente, pone de relieve que ya no están los aliados provinciales que le habían permitido mantener al Congreso bajo control durante este año y medio de gestión, incluyendo aquellos "87 héroes" agasajados en Olivos que aseguraban el éxito de los vetos presidenciales.
El Senado también prepara una sesión para aprobar la actualización de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Los textos todavía no tienen dictamen de comisión, por lo que deberán esperar, pero el Gobierno sigue con preocupación el tema. Milei ya adelantó que en caso de que se conviertan en ley los vetará, pero será una prueba de fuego para conocer si mantiene aquella capacidad para que el Congreso no revoque sus decisiones. Buena parte de eso dependerá de lo que discutan los ministros provinciales con los enviados de la Casa Rosada este martes en la sede de la CFI.
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