La firma de los indultos por parte de Carlos Menem sigue siendo uno de los capítulos más polémicos de la historia democrática argentina. Bajo la consigna de “pacificación y reconciliación nacional”, el entonces presidente decretó el perdón a excomandantes de la última dictadura cívico-militar y a jefes de organizaciones guerrilleras.
La medida, justificada como un paso para cerrar heridas del pasado, llegó en un contexto de hiperinflación, saqueos y una democracia frágil que aún tambaleaba tras los levantamientos carapintadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pese a la resistencia de la Unión Cívica Radical (UCR) y los organismos de derechos humanos, la decisión se impuso a golpe de decreto.
De la hiperinflación al perdón presidencial
Menem asumió el poder el 8 de julio de 1989, en un anticipo de la entrega del mando ante la crisis terminal del alfonsinismo. Con saqueos, corridas cambiarias y un Estado endeudado, el flamante presidente prometió orden y gobernabilidad. Apenas semanas después, anunció la herramienta política que sellaría su giro: los indultos presidenciales.
El 7 de octubre de 1989, Menem firmó cuatro decretos que perdonaron a 220 militares —entre ellos los jefes de la junta que condujo la Guerra de Malvinas— y a 70 civiles. La medida incluyó a los carapintadas que se sublevaron en Semana Santa y Monte Caseros, y al exministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, procesado sin condena firme, lo que violaba incluso la atribución constitucional del indulto.
Estos decretos reforzaron la llamada “Teoría de los dos demonios”, que equiparaba crímenes de Estado y delitos de las organizaciones armadas de los 70. La reconciliación, decía Menem, era el único camino para cerrar la grieta de la violencia política. Pero la realidad fue otra: el repudio de los organismos de derechos humanos no se detuvo.
En septiembre de 1989, medio millón de personas marcharon en el Congreso para exigir que no se firmaran los indultos. No fueron escuchados.
El 30 de diciembre de 1990 llegó la segunda tanda: otros seis decretos perdonaron a jerarcas emblemáticos como Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, condenados en el histórico Juicio a las Juntas de 1985. También se benefició el líder montonero Mario Firmenich y personajes como Norma Kennedy, acusada de corrupción.
De la reconciliación forzada a la justicia
Ni la pacificación llegó ni la presión de la sociedad civil se detuvo. Los carapintadas, pese a haber sido indultados, se alzaron de nuevo en diciembre de 1990 bajo el mando de Mohamed Alí Seineldín, apenas horas antes de la llegada de George Bush a la Argentina. El levantamiento fue sofocado, pero dejó claro que los pactos a espaldas de la Justicia no garantizaban estabilidad.
Luego de la salida de Menem, los reclamos por “Juicio y Castigo” continuaron. En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, el Congreso derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y anuló los indultos. La Corte Suprema confirmó su inconstitucionalidad en 2010. Hoy, Videla y varios exjerarcas murieron presos, mientras cumplían la condena por delitos de lesa humanidad.
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