El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció modificaciones en su gabinete, entre ellas, la salida de Waldo Wolff del ministerio de Seguridad. Su reemplazante, Horacio Gímenez, tiene en su historial haber sido procesado por la represión de la Policía Metropolitana al Hospital Borda en abril de 2013.
Quién es el nuevo jefe de la Policía de la Ciudad
Giménez desarrolló gran parte de su carrera en la Policía Federal y se retiró con el cargo de superintendente de la Dirección General de Seguridad Interior; en 2011 fue designado como jefe de la Policía Metropolitana, antecesora de la hoy Policía de la Ciudad.
Con Mauricio Macri como jefe de gobierno, fue el encargado de llevar adelante el desalojo del Hospital Psiquiátrico Borda, donde se contabilizaron más de 50 heridos entre trabajadores de la Salud, manifestantes, legisladores y prensa.
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En noviembre pasado, el juez Carlos Rengel Mirat, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°26, admitió la propuesta integral de reparación de daño efectuada por las defensas de Giménez, Ricardo Pedace, que fue subjefe de la Policía Metropolitana, y Martín Roth, que en el momento de la represión en el Borda era comisionado y estaba a cargo de la Dirección de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) de la fuerza de seguridad porteña.
La representante del Ministerio Público, la fiscal general Diana Goral, se mostró favorable a la “reparación integral del daño”. La acusación de la fiscalía para Giménez, Pedace y Roth era “coautores del delito de abuso de autoridad, en concurso ideal con lesiones leves reiteradas en 32 oportunidades”.
En un primer momento, las defensas ofrecieron $1.500.000 de reparación para cada una de las víctimas. Pero, después, hubo un ofrecimiento de $2.500.000.
Pero la resolución del juez Rengel Mirat no se encuentra firme. Fue recurrida por las querellas y el expediente se encuentra en la Cámara Nacional de Casación Penal.
“Técnicamente, Giménez, Pedace y Roth están procesados. Para nosotros, la calificación por la que deben responder en un juicio oral y público es de imposición de severidades y vejaciones agravada. La Cámara de Casación Penal tiene en estudio el caso. Si el tribunal de alzada revoca el pronunciamiento del juez Rengel Mirat deberá hacerse el juicio”, explicaron fuentes que representan a las víctimas de la represión en el Borda.
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