Distracción y destrucción. Mientras el gobierno de Javier Milei despliega su ofensiva contra el periodismo no alineado —con denuncias judiciales en serie, insultos sistemáticos y una retórica que deshumaniza a la disidencia—, avanza bajo radar en la demolición del entramado productivo e institucional argentino. Un ejemplo: la segunda oleada de desindustrialización ya superó en magnitud a la primera.
Según un informe de Cifra-CTA, el valor agregado industrial se contrajo 19% entre 2011 y 2024, frente al 10,3% de caída registrado en los 26 años que duró el proceso anterior (1976-2002). El derrumbe transcurre asordinado por el ruido mediático provocado por ataques autoritarios qué, aún lanzados como artificios, llevan carga explosiva y pueden quemar.
La estrategia del pánico moral
El presidente presentó denuncias penales contra al menos ocho periodistas en las últimas semanas: Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa. El pretexto siempre es el mismo: injurias, calumnias, o supuestas violaciones a normativas internacionales sobre el Holocausto. El único crimen que persigue este gobierno con toda severidad es la disidencia, como advierte la evidencia judicial acumulada.
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La lógica es tan nítida como perversa: construir un enemigo interno permanente que justifique el endurecimiento represivo. La llamada Ley Antimafias permite criminalizar cualquier tipo de protesta al incluir "la provocación de temor a autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales", mientras que el decreto que modificó el estatuto de la Policía Federal habilita detenciones sin orden judicial durante diez horas y patrullaje online en "espacios públicos digitales".
Durante junio, Milei pronunció al menos una veintena de insultos explícitos en actos públicos: "imbéciles", "pelotudos", "mierda", "soretes", "degenerados fiscales", "parásitos mentales", "basuras", "mandriles". El mandatario no se descontrola: construye metódicamente un discurso que legitima la violencia política contra quienes piensan diferente.
El golpe silencioso a las instituciones
Mientras redes y medios debaten las últimas provocaciones presidenciales, el gobierno ultima decretos de Necesidad y Urgencia que redefinen por completo la estructura de cuatro organismos clave: el INTA, el INTI, el INV y el Inase. Estos institutos perderán su autonomía y pasarán a depender directamente de distintas secretarías del Ejecutivo.
El INTA dejará de ser un ente descentralizado para transformarse en un organismo "desconcentrado" dentro de la Secretaría de Agricultura, sin manejo de presupuesto propio ni independencia administrativa. Su Consejo Directivo será reemplazado por un Consejo Técnico sin capacidad de decisión real. Es la liquidación de setenta años de desarrollo científico-tecnológico agropecuario.
El INTI corre la misma suerte: se convertirá en una "unidad organizativa" bajo la Secretaría de Industria y Comercio, mientras que el INV y el Inase serán rebajados al rango de direcciones nacionales. No se trata solo de recortes presupuestarios, sino de la destrucción del Estado como actor estratégico en el desarrollo productivo.
Los números de la devastación
En el primer año de Milei, el PIB industrial se desplomó 9,2% (10% per cápita), superando incluso la destrucción registrada durante la gestión de Macri, que promedió 3,6% anual.
El coeficiente de industrialización —la participación de la industria en el PIB— cayó al 15,3%, el mismo nivel que registraba la economía argentina en 1930, al inicio del proceso de industrialización sustitutiva. Un siglo de construcción productiva borrado en dos décadas.
Producto de este proceso, la participación de la industria argentina en el valor agregado industrial latinoamericano se redujo del 14,3% en 1974 al 7,4% en 2024, perdiendo casi 7 puntos porcentuales. No solo el país se desindustrializó respecto a su propia estructura económica, sino que perdió relevancia en una región que también se desindustrializa.
El círculo perverso de la subinversión
Existe un elemento estructural común a las distintas etapas de la crisis industrial: el proceso de subinversión industrial con epicentro en el comportamiento de las grandes empresas. La ganancia que no se invierte se fuga al exterior. Este diagnóstico, elaborado por el investigador Pablo Manzanelli, desnuda la esencia del problema: un modelo de acumulación que privilegia la valorización financiera por sobre la producción.
El gobierno de Milei no solo no ataca este núcleo del problema, sino que lo profundiza. Cada medida apunta a facilitar la fuga de capitales, liberalizar los mercados financieros y desregular la economía en favor de los sectores concentrados. El gobierno que mata de inanición a los jubilados, a niños que no pueden tratarse en el Garrahan, a cientos que van a fallecer en accidentes evitables por el mal estado de las rutas, dejó medio país sin gas en la peor helada en mucho tiempo.
El autoritarismo como cortina de humo
La escalada represiva no es un desvío del plan económico: es su condición de posibilidad. Un gobierno que criminaliza la disidencia es un gobierno autoritario. Las denuncias a periodistas, los insultos presidenciales y la criminalización de la protesta social buscan atomizar la resistencia social mientras se consuma el saqueo.
El Plan de Inteligencia Nacional incluye entre las tareas de la SIDE "identificar actores que materialicen riesgos para la disponibilidad de infraestructura estratégica" o que "puedan significar amenazas para la gobernabilidad". El Estado de Derecho se convierte en Estado policial.
El mecanismo es elemental pero eficaz: cada escándalo mediático, cada provocación, cada denuncia judicial consume la energía política y mediática que debería destinarse a debatir la destrucción productiva. Así, el país se empobrece mientras discute si Milei puede o no insultar desde púlpitos a medida.
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