La debacle electoral del 7 de septiembre en Buenos Aires aceleró el trote de quienes se presentan como relevo de un experimento presidencial que se muestra agotado. En cuatro días, el tablero político mutó de la especulación al anticipo concreto de un final de ciclo que pocos creían posible hace apenas un mes, cuando las encuestas otorgaban a Javier Milei un respaldo sostenido cercano al 40%. A seis semanas de las legislativas del 26 de octubre, ya se verbaliza en público lo que el Círculo Rojo murmuraba en privado: "No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Tengo muchas dudas porque creo que ya no da para más y ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente" dijo la senadora peronista Sandra Mendoza, ligada al influyente ex gobernador tucumano Juan Manzur.
La respuesta oficial fue acusar al peronismo de impulsar un "Golpe Suave", pero el cálculo constitucional ya circula por los pasillos del Congreso: si Milei renuncia antes del 10 de diciembre, cuando se cumplen los dos años de mandato, la vicepresidenta Victoria Villarruel debería convocar a elecciones. “Un gobierno con fecha de vencimiento”, resumió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, otro de los mandatarios provinciales que huelen la descomposición del ensayo libertario.
Agujero interior
Algo parecido se conversó en Río Cuarto, sede de la reunión de gobernadores que integran Provincias Unidas. El anfitrión, Martín Llaryora, tomó la palabra frente a sus pares para advertir que allí se estaba "construyendo un proyecto distinto" al de la Casa Rosada, con un mensaje sin matices: “Acá vamos a poner al próximo presidente del país” expresó el santafesino Maximiliano Pullaro. A su lado sonreía Juan Schiaretti, ex gobernador mediterráneo, candidato a diputado y postulante del sistema de poder permanente en la eventual Asamblea Legislativa prevista por la Ley de Acefalía ante una posible caducidad anticipada del mandato presidencial.
El encuentro de Provincias Unidas congregó a media docena de mandatarios que habían respaldado las políticas libertarias durante su gestión inicial y que ahora se posicionan como continuidad programática, aunque con mejores modales, desde el “centro productivo” nacional. La degradación de Milei aceleró la construcción del espacio, que tenía previsto lanzarse a fin de año, superada la instancia electoral. Pero la crisis económica, que primero se abatió con ferocidad sobre los trabajadores, hunde el valor de las empresas y lesiona los balances de las corporaciones que incubaron el fallido experimento al que ahora se proponen darle fin. Transfiriendo los mayores costos de los daños realizados por su criatura al conjunto de la sociedad, claro está.
Así las cosas, el mapa del poder experimenta una profunda mutación territorial. El grupo central de Provincias Unidas incluye a los mandatarios de Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y Chubut, mientras se perfilan adhesiones de San Juan, Neuquén y San Luis. El dato cobra relevancia si se considera que estos mismos dirigentes habían sido pilares de la estabilidad política nacional durante el período inicial del experimento libertario.
En las conversaciones reservadas, Schiaretti emerge como el referente del bloque opositor federal. Descontado su ingreso a la Cámara de Diputados -encabeza la lista del peronismo cordobés- se lo postula como reemplazo del maltrecho Martín Menem en la presidencia de la Cámara Baja, lo que lo ubicaría en la línea de sucesión presidencial. En esa lista corta aparece antes el nombre de Victoria Villarruel, vicepresidenta y enemiga íntima de los hermanos Javier y Karina Milei.
De frente march
Hace tiempo que Villarruel despliega una estrategia de ambigüedad calculada para posicionarse como pieza clave del ajedrez post-Milei. Uno de sus últimos mensaje en X marcó otro hito en esa construcción: "Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos". El posteo ocurrió el mismo día que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años por intentar un golpe de Estado, pero la ausencia de nombres propios habilitó especulaciones sobre los múltiples destinatarios de la crítica, entre quienes se encuentra Cristina Kirchner, -a diferencia de Bolsonaro- condenada a prisión domiciliaria por un delito que no se probó.
El cálculo constitucional le otorga a la vicepresidenta un papel protagónico: le corresponde asumir si Milei renuncia y, si eso ocurriese antes del 10 de diciembre (cuando se cumplen los dos años de mandato), debería convocar a elecciones. La regla convierte cada crisis política en una oportunidad para Villarruel, quien lleva meses construyendo un perfil de consenso para mostrarse como alternativa viable de recambio.
Uno de los que la acompaña en el sentimiento es el dirigente peronista Guillermo Moreno, quien se muestra cada vez más entusiasmado con la confidente del genocida Videla: "Milei debe renunciar y Villarruel tiene que armar un gobierno de unidad nacional -dijo esta semana ante un grupo de estudiantes de periodismo-. Villarruel tiene que armar un gobierno de unidad nacional. Porque la transición es muy difícil. La situación económica es mucho peor que en el 2001, por lo tanto, Villarruel tiene que armar un gobierno de unidad nacional que pase por la Asamblea Legislativa y que esa Asamblea le dé el beneplácito para gobernar hasta el fin del mandato".
El plan de Moreno marida con el mensaje tuitero de Villarruel, que el peronismo puede interpretar como un guiño al reclamo que crece entre los dirigentes cristinistas. “La amnistía a la expresidenta es una condición inicial para cualquier negociación de estabilidad institucional” le hizo saber un senador del PJ a Villarruel. Fue en la previa al posteo con guiño de la vice.
El sueño de Villarruel sólo es viable con apoyo de la bancada del PJ en el Senado. El interbloque de Unión por la Patria tiene una robusta y amalgamada representación, indispensable para que fructifique cualquier iniciativa parlamentaria. Pero desde que comenzó el derrumbe del experimento mileísta, la nutrida minoría del PJ se convirtió en mayoría con alianzas diversas que incluyeron acuerdos con radicales, partidos provinciales y hasta legisladores originados en el PRO.
El expresidente Mauricio Macri fue, precisamente, de los primeros en abonar la ambición de la vice. Y la debacle bonaerense le dio más incentivo al plan. Para el fundador del PRO, la pérdida de cinco bancas entre diputados y senadores provinciales es la confirmación de que la alianza con LLA fue un error político que derivó en una pérdida significativa de bancas y territorios clave. "Nosotros hemos sido estafados por la Libertad Avanza. Acompañamos en la primera etapa pensando que íbamos a construir algo en conjunto, pero los tipos se pasaron todo por ya sabés dónde... Hubo soberbia, desagradecimiento y humillación", dicen que dijo Macri apenas se conoció el resultado electoral.
Aficionado a la vendetta, Macri alienta el Plan V, aunque en el gobierno creen que aún es posible reencauzar el vínculo si se le conceden los negocios que el ex presidente reclama desde el Pacto de Acassuso. Es una tarea difícil: varios de esos negocios -como el transporte, la Hidrovía y los corredores viales- ya fueron tomados o están en disputa entre las bandadas de rapiña que integran el Poder Ejecutivo nacional.
El salvavidas de plomo del FMI
Mientras los gobernadores opositores se fotografiaban en Córdoba, Milei inauguraba su mesa federal con apenas tres mandatarios "afines": Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero obtuvieron únicamente compromisos difusos, mientras garantizaban su apoyo legislativo a las próximas reformas del oficialismo. El encuentro careció de sustancia: los datos revelan que para agosto el gobierno nacional mantenía sin distribuir más de la mitad de los fondos que las jurisdicciones provinciales reclaman mediante una norma que Milei vetó.
La discrecionalidad en el reparto de los ATN se convirtió en el termómetro del vínculo entre jurisdicciones. Mientras la administración libertaria envió 104.500 millones de pesos, las provincias pidieron el doble: 235.000 millones. Los casos son ilustrativos: Salta reclamó 50.000 millones por emergencia climática y recibió 6.000 millones, mientras que a Corrientes se le aprobó una ayuda de 3.000 millones que finalmente no fue transferida.
Aturdido por el golpe electoral, Milei se aferra al ajuste y la motosierra para congraciar a su núcleo duro. El gobierno cree que radicalizando la crueldad satisface al tercio del electorado anti peronista y se garantiza la supervivencia política mientras busca el modo de recuperar la iniciativa.
Por el momento, manotea a la defensiva. La respuesta oficial a las especulaciones sobre su continuidad fue acusar al kirchnerismo de impulsar un "Golpe Suave": "Es una estrategia atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, a menudo se utiliza como un manual para derrocar gobiernos mediante etapas progresivas", publicó el subsecretario Alejandro Álvarez en un posteo que compartió el propio Milei.
La decisión de aferrarse al plan de ajuste y la motosierra como salvavidas -de plomo- quedó plasmado en las proyecciones que el Gobierno acordó con el FMI para 2026: un superávit primario de 2,2% del PBI, crecimiento del 4,5% e inflación entre 7% y 12%. Los números revelan la apuesta: mantener el gasto en capital (obra pública) congelado en 0,4% del PBI, reducir subsidios de 1% a 0,8% del producto, mientras el gasto en pensiones apenas sube de 6,7% a 6,8%. El lunes, por cadena nacional, el presidente ratificará la continuidad de un modelo que privilegia el equilibrio fiscal obtenido con ajuste salvaje por sobre cualquier consideración de gobernabilidad territorial.
La obsesión por el “déficit cero” suturado a motosierra se profundizó el jueves con la Decisión Administrativa 23/25 que recortó 493.531 millones de pesos en gastos, afectando principalmente al Ministerio de Capital Humano (207.540 millones menos), con tijeretazos de 120.033 millones a la Secretaría de Educación en programas como becas a estudiantes y desarrollo de la educación superior. El Ministerio de Economía perdió 154.456 millones y el de Seguridad 99.620 millones, incluyendo la reducción a la mitad del Fondo de Ayuda a Bahía Blanca por las inundaciones, de 200.000 a 100.000 millones. El recorte luce más provocador cuando se considera que el Gobierno había vetado previamente la ley del Congreso que ordenaba esa ayuda por considerarla "de imposible cumplimiento en un marco de estrechez presupuestaria".
El antídoto de Kicillof
Con su victoria electoral, Kicillof mostró que hay base para trazar un camino alternativo al calvario que propone Milei. Lanzado a esa construcción, el gobernador repetirá receta y continuará con actividades en el territorio vinculadas a la gestión. A juzgar por la reacción de los gobernadores de casi todas las provincias, es evidente que Kicillof encontró una fórmula exitosa que trasciende las fronteras de su provincia.
Desde La Plata evalúan que la victoria del 7 de septiembre despeja obstáculos para octubre en el escenario nacional. Consideran que el resultado bonaerense demostró al justicialismo la viabilidad de una victoria contra el oficialismo en las legislativas de primavera. Es una lectura que trasciende el distrito más poblado del país y se replica en gobernaciones peronistas que hasta septiembre dudaban de su capacidad de resistencia.
El kicillofismo construye desde la gestión una narrativa que confronta dos modelos. La estrategia comunicacional mantiene el contraste entre los modelos de gestión provincial y nacional. No por casualidad, las primeras actividades programadas tras la victoria incluyeron inauguraciones educativas y celebraciones docentes en San Martín, territorio de Gabriel Katopodis, figura destacada en los resultados electorales recientes.
El palacio y la calle
Revitalizada por las urnas, la resistencia al gobierno medirá fuerzas en el Congreso y las calles que lo circundan. La coalición parlamentaria opositora solicitó una sesión especial para el miércoles próximo, con una agenda que desafía al Ejecutivo. El temario abarca desde el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario hasta la constitución de comisiones investigadoras sobre la crisis del fentanilo.
Entre los proyectos figura el pedido de informes a la hermana del Presidente, el titular de ANDIS y el jefe de Gabinete, vinculados al escándalo denunciado por el ex funcionario Spagnuolo. Es una escalada que buscará poner en evidencia la fragilidad institucional de un gobierno que hasta hace un mes parecía blindado en su fortaleza parlamentaria.
Mientras la política institucional mide fuerzas en el Congreso, la resistencia obrera acordó construir unidad desde el pie. Los dirigentes de la Federación Aceitera, la UOM, ATE y SiPreBA acordaron esta semana articular la resistencia obrera centrada en la defensa salarial y el ejercicio del derecho de huelga como instrumento de presión para conquistar ingresos dignos.
"Cuando los trabajadores nos unimos, nada puede salir mal. Este gobierno que no tiene empatía por los más débiles hizo todo lo posible para que nos juntáramos" dijo el dirigente aceitero Daniel Yofra en la apertura del encuentro, que congregó a 280 delegados. Su apelación a las prioridades de la agenda sindical fue directa: la lucha salarial “constituye el núcleo de la organización obrera”, ya que “garantizar alimentación, salud, esparcimiento, previsión, transporte y vacaciones representa dotar a los trabajadores de herramientas esenciales para el progreso familiar”.
Abel Furlán, de la UOM, elevó la apuesta al comparar el escenario actual con la dictadura: "Es un escenario muy parecido porque el proyecto político no ha cambiado. Ya no lo hacen con un ejército, porque hoy con un celular son más contundentes que con una ametralladora". El dirigente metalúrgico planteó la necesidad de construir un programa obrero: "Tenemos que discutir la industrialización de los recursos naturales para tener salarios dignos, pero también para defender la soberanía de nuestro país".
Por su parte, Rodolfo Aguiar de ATE nacional sostuvo que "el mensaje de las urnas de las elecciones del domingo pasado lo construyeron los trabajadores que enfrentaron el protocolo de Bullrich en las calles" y añadió que "ni Milei ni su gobierno son invencibles porque vinieron por el Día del Empleado Público y no pudieron. La Justicia nos dio la razón y más adelante impedimos el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, del INTA y del INTI".
A su turno, Agustín Lecchi -de Sipreba- destacó el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses como "un triunfo de toda la clase trabajadora", pero advirtió: "No nos tenemos que dormir en los laureles. La clase trabajadora tiene que salir a luchar".
La construcción del Frente Sindical aparece como una herramienta de resistencia que buscará trascender las diferencias políticas. "Si fuimos capaces de frenar la reforma del Estado ahora tenemos que ir por los salarios. El gobierno está golpeado en su línea de flotación. El gobierno se debilita y tenemos que seguir golpeando, pero en unidad", resumió Aguiar, en un marco de coincidencia respecto a la necesidad de tener un programa de la clase trabajadora que pueda servir de base a futuros gobiernos populares.
El diálogo intersindical espejó desde la base trabajadora el pronóstico que desde hace semanas se multiplica entre los patrones: se vienen vientos fuertes. De esos que arrasan antes de escampar.
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