El conflicto salarial entre el Gobierno y el sindicato de Comercio puso sobre la superficie al mismo tiempo internas de resolución incierta entre los empresarios del rubro y hasta entre funcionarios de primera línea de la administración libertaria. La pulseada se basa en la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de no autorizar subas salariales siquiera cercanas a la inflación como ancla central de sus afanes para combatirla. Se trata de una puja con 1,2 millón de trabajadores del rubro afectados de manera directa pero de cuya resolución dependen los cerca de 6 millones de asalariados registrados del sector privado. La extensión en el tiempo de la controversia, sin embargo, pone en duda la continuidad de piezas relevantes del Gabinete nacional.
La crisis se desató la semana pasada cuando Caputo, tal como adelantó en exclusiva El Destape, le ordenó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, no homologar un acuerdo paritario entre la federación de Comercio (Faecys) y las tres cámaras patronales de la actividad, CAC, CAME y Udeca. Ese entendimiento fijó un aumento salarial en tres etapas: 1,9% con los pagos de abril más $ 35 mil pesos no remunerativos; 1,8% con los de mayo y $ 40 mil, y 1,7% por junio y otros 40 mil pesos. Aunque la suba nominal totalizaba 5,4% en algunos sectores mercantiles, en particular los supermercadistas, hicieron saber que el número final trepaba a 9,6% por los pagos no remunerativos que se incorporarían al salario a mitad de año.
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Cordero acató la instrucción y no le dio luz verde legal al acuerdo, un paso imprescindible para otorgarle fuerza de ley y hacerlo de cumplimiento ineludible para más de 85 mil empleadores de comercio de todo el país. Esta semana el Ministerio de Capital Humano, del que depende Cordero, dio un paso más a pedido de Caputo y anunció que el gremio, que conduce Armando Cavalieri, sería citado junto a las cámaras patronales para “renegociar” los términos del entendimiento, un hecho casi sin precedentes en los últimos 20 años a partir de que se reanudó la dinámica de paritarias en la Argentina.
Para reforzar la línea oficial el ministro de Economía recibió la semana pasada a los dueños de las principales cadenas de supermercados, que emplean a 120 mil trabajadores, para garantizarse que no abonarían los aumentos. Días antes los empresarios habían actuado como aliados del funcionario al rebotar las listas de precios con aumentos que habían enviado los productores de bienes de consumo masivo tras la devaluación del peso por la alteración del régimen cambiario.
En este punto comenzaron los tironeos internos en la gestión libertaria. Hasta este martes a última hora el secretario de Trabajo no había concretado llamado alguno al sindicato ni a las cámaras para discutir. En medio Cavalieri ya había anunciado su decisión de sostener el número y las condiciones pactadas y no aceptar modificación alguna. De hecho envió cartas documento a las entidades patronales para recordarles que en el propio acuerdo (artículo 10) se comprometieron a liquidar los sueldos con los aumentos incluso en caso de no mediar la homologación oficial.
Incluso el plan comenzó a exhibir fisuras entre sus principales actores cuando los supermercadistas, como reveló el viernes pasado este medio, acordaron pagar el último día de esta semana hasta 50 mil pesos por cada empleado de jornada completa en concepto de “adelanto” de la paritaria. La novedad, apuntada a no tensar la cuerda con el gremio en el que la mayoría de los empleadores confía desde hace décadas, fue imitada por otros empleadores como los de los supermercados mayoristas, que hicieron saber que pagarán “por su cuenta” un aumento del 1% a cuenta del que figura en la paritaria.
Un eventual fracaso de la política de “paritarias cero” que impulsa Caputo pondrá en máxima tensión, necesariamente, su relación y la de otro halcón del Gabinete como Federico Sturzenegger con Cordero. Los dos ministros necesitan quebrar al sindicalismo por distintas razones: el de Economía, para anclar en teoría las expectativas inflacionarias y suplir su falta de eficacia para hacerlo con la baja de la emisión. Y el de Desregulación, para imponer una reforma laboral con eje en la descentralización de la negociación salarial. Es decir, poner fin al criterio histórico de la normativa argentina que impone la negociación con eje en un solo sindicato por rama de actividad.
El secretario de Trabajo, en cambio, es un emergente del gremialismo empresario tal como las autoridades de la Cámara de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). Cordero se crió bajo el ala del grupo Techint y sumó medallas en el mundo patronal con su rol en el departamento jurídico de la Unión Industrial Argentina (UIA). Aunque convertido al credo libertario, confía que su tesitura de negociar y no romper con el sindicalismo tradicional (la CGT) en algún momento prevalecerá de la mano del asesor plenipotenciario Santiago Caputo.
En paralelo con la tensión gubernamental se cuece, al calor de la disputa por la paritaria mercantil, otra interna en el campamento empresario. A nivel superestructural es la que mantienen desde hace años los supermercadistas con las autoridades de CAC y CAME. Los primeros, que no integran las cámaras, acusan a los segundos por alcanzar sistemáticamente acuerdos con Faecys sin consultarlos a pesar de ser uno de los rubros con mayor volumen de mano de obra contratada.
Uno de los ítems de la discordia entre ambos sectores patronales es el Instituto de Capacitación Profesional para el Comercio (Inacap), que administran a medias ambas cámaras y sostienen financieramente todos los empleadores con un aporte proporcional a su nómina de personal. Se calcula que el ente recauda 70 millones de dólares al año. En marzo pasado Sturzenegger hizo firmar un decreto que puso fin a los aportes compulsivos de los empresarios a esa entidad y que cobrará vigor pleno a mitad de año. La CAC prepara un amparo judicial para resistir.
Pero hay más. Por debajo de la disputa supermercados-CAC se libra otra casi mano a mano con un referente de cada espacio: Federico Braun, dueño de la cadena patagónica La Anónima, por un lado, y Mario Grinman, presidente de la cámara nacional. Se trata de una de esas confrontaciones donde los roles institucionales son inversamente proporcionales al poder real de cada uno. Si bien Grinman preside la cámara que negocia por todos los empleadores mercantiles en el sector suelen endilgarle que es un mero burócrata sin asalariados a cargo y cuya influencia reside en la relación que construyó con Cavalieri.
Braun, por su parte, pertenece a la cuarta generación de dueños de La Anónima, que llegó a situarse como la cuarta cadena de tiendas de ramos generales de la Argentina y su familia tiene intereses en otros rubros que van desde el turismo, el agro, las finanzas y la energía. Es pariente de dos exfuncionarios de Mauricio Macri: Miguel Braun (secretario de Comercio) y Marcos Peña (jefe de Gabinete). En 2022 su nombre y su voz tomaron estado público como entrevistado en un foro empresarial, donde respondió entre risas a la pregunta de cómo afrontaba La Anónima el proceso inflacionario: “remarca todos los días”.
La tirria mutua de Braun y Grinman gira en torno de Inacap y también de otra firma privada con múltiples ramificaciones: la aseguradora La Estrella, cabeza del seguro de retiro complementario que obligatoriamente deben contratar los empleadores del convenio de Comercio mediante un aporte mensual del 2,5% del salario y que constituye uno de los pilares del poderío económico de Faecys desde los años ’90. El supermercadista patagónico se juramentó barrer con ambas entidades. Para hacerlo con la aseguradora deberá vencer antes no sólo a la entente Cavalieri-Grinman sino a otros dirigentes de peso como el riverplatense Rodolfo D’Onofrio y el canciller Gerardo Werthein, presidente y vice de esa compañía. Dicho de otro modo, el interés de Sturzenegger por reducir costos extrasalariales (de los salariales se encarga Caputo) lo enfrentará más temprano que tarde a su colega de Gabinete encargado de las relaciones exteriores.
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