Edad de imputabilidad: los datos que contradicen la ola punitiva

Todo indica que el Gobierno tendrá su régimen penal juvenil en las sesiones extraordinarias y podrá mostrar como un triunfo político la reforma que permitirá juzgar y encarcelar a niños y jóvenes que cometan delitos después de haber cumplido los 13 años. “La ley cambia todo. Esto no es ideología, es terminar con la impunidad por edad, cuidar a los argentinos y poner límites claros”, celebró en redes Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado. Casos conmocionantes como el de Jeremías Monzón, en Santa Fe, acallaron el debate y dejaron a la Iglesia como única oposición visible a la propuesta, que, según las encuestas, cuenta con un respaldo social superior al 70 por ciento.  

Las cifras oficiales sobre crimen adolescente y los informes sobre las condiciones actuales de detención de los menores ponen en cuestión, sin embargo, el diagnóstico que plantea la necesidad de la reforma y sus posibles resultados.

Los crímenes cometidos por menores se desplomaron en los últimos diez años, a contramano de la idea de que aumenta de manera descontrolada y que requiere de una solución urgente. Cifras oficiales de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, el distrito que reúne a casi el 40 por ciento de la población del país, indican que entre 2014 y 2024 la cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal se redujo en un 60%: pasó de 4590 jóvenes acusados a 1802, según detalla un informe de Unicef, de octubre del año pasado, con datos de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. 

Además, la cantidad de investigaciones en el fuero penal juvenil cayó a menos de la mitad con respecto del universo total de investigaciones penales en la provincia: mientras que en 2009 las causas contra adolescentes representaron el 4,3% del total, en 2024 alcanzaron el 2%. ¿Qué demuestra esto? El delito de menores no es estadísticamente relevante y no tiene casi incidencia en los índices de inseguridad.

Otro dato para dimensionar el tema: de las 22.687 investigaciones penales contra menores abiertas en 2024, solo en 1446, menos del 7% del total, existieron elementos suficientes para elevar a juicio. Del total, 708 casos fueron cerrados porque los acusados tenían menos de 16 años.  

Un elemento adicional: solo el 2% de las condenas por homicidio dictadas en la Argentina fueron para menores de edad, según las últimas cifras de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), de 2022, recabadas en un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Afines de 2024 había 865 menores detenidos en todo el país, lo que representa el 0,6% del total de presos, según datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). A contramano de lo que se cree, en la actualidad ya hay menores de 16 años detenidos. En la provincia de Buenos Aires hoy son 68, según cifras de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). De ellos, 24 están detenidos por la comisión de homicidios dolosos. Son detenciones amparadas en la ley 13.634, que habilita una excepción que permite encerrar a los menores de 16 años: la aplicación de una medida de seguridad. La cifra de niños no punibles detenidos casi se triplicó en los últimos cuatro años, destaca la CPM. 

“Pensar que la única solución es el encarcelamiento en lugares donde padecen torturas y malos tratos de manera sistemática no sólo no resolverá el problema, sino que lo agravará. No es con violencia estatal que se resuelve la violencia juvenil”, señala el último informe anual de la CPM, que dirige Roberto Cipriano. 

Las condiciones de detención de los jóvenes de entre 16 y 17 años, y de los chicos menores de 16 años es deplorable en la mayoría de los casos, según los informes de la CPM, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). 

“La mayoría de los niños se encuentran privados de libertad en centros de régimen cerrado compartiendo espacio con jóvenes mucho más grandes que ellos. El impacto del encierro en los niños no punibles se ve reflejado en el aumento de la activación de protocolos de prevención del suicidio”, dice el último relevamiento de la CPM. 

Pero la situación no se circunscribe a la provincia de Buenos Aires. La CNPT hizo un relevamiento en todo el país y detectó malos tratos y torturas. “Se han relevado casos de suicidios e intentos de suicidios en comisarías y centros de responsabilidad penal juvenil, en ocasiones asociados a la impericia o negligencia del personal, ya sea por aislar en celdas individuales o detener a niños y adolescentes en contexto de crisis por motivos de salud mental o cuadros de abstinencia, práctica que se encuentra totalmente prohibida”, dice el último informe, de 2024.

Acá algunas postales de los lugares de encierro:

El proyecto del oficialismo no contempla fondos específicos para la construcción de estos centros de detención especiales, sino que recurre a la fórmula que rechazó a fines del año pasado para aplicar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario: “El jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”. Tampoco se prevé un período de transición para que los centros existentes se adecúen a los requisitos de la reforma.