La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un permiso especial que era requerido desde hace más de 30 años para traer maquinaria industrial, agrícola y médica que ya fue utilizada en el extranjero, encendió las alarmas de las localidades industriales de la provincia de Santa Fe y de numerosas agremiaciones empresarias locales.
A través del decreto 273/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo decidió eliminar el articulado que mencionaba la necesidad de que las herramientas y maquinarias del exterior pasen por el CIBU. "Los bienes que resulten con importación permitida en el marco del presente régimen podrán ingresarse sin aptitud funcional, siempre que ello no resulte en el incumplimiento de otras normas del ordenamiento jurídico", dice el artículo 2 del decreto.
Para la gestión libertaria, erradicar este control permitirá "desburocratizar" trámites y darle a las empresas un "proceso ágil" para traer bienes de capital y así "profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía". El mismo martes 15 de abril, fecha en la que se publicó el decreto en el Boletín Oficial, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que “el CIBU es un trámite absurdo, no permitir que los trabajadores accedan a máquinas y equipos a menor precio es sencillamente cruel”.
De acuerdo a lo informado por el medio AIRE, dirigentes de primera línea del sector se mostraron pesimistas sobre el panorama: “Es un golpe a la producción que agrega valor localmente y va a afectar la vida cotidiana de miles de personas en una región clave para nuestra provincia, ese es el verdadero absurdo y no lo que apunta el ministro. Es una medida de coloniaje pleno”, señalaron.
Santa Fe concentra el 44% de la producción de maquinaria a nivel nacional, que involucra a 17 de 19 departamentos y más de 10 mil trabajadores. En detalle, las localidades sureñas de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas presentan más de 200 establecimientos dedicados a la fabricación de maquinaria agrícola.
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El sector del agro a nivel nacional genera cerca de 3,5 millones de empleos y aporta uno de cada cuatro pesos del PBI nacional, además de representar USD 45.000 millones en exportaciones. El ingreso sin restricciones de maquinaria usada impacta más allá del comercio: afecta al empleo, la sustentabilidad ambiental, la seguridad operativa y hasta puede facilitar el lavado de dinero, advirtió la Asociación de Fabricantes Argentinos de Tractores (AFAT).
Si bien el organismo que agrupa a las empresas del exterior con operaciones en el país reiteró su compromiso con la libre competencia, solicitaron una revisión de la medida del Ejecutivo nacional. En ese sentido, recordaron las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, en noviembre de 2024, cuando advirtió que “no se debe pasar de un extremo al otro” y que cualquier apertura debe hacerse cuidando también a quienes invierten y producen localmente.
En ese marco, los productores de maquinaria agrícola deben hacerle frente a una tormenta con tres frentes: por un lado, la baja de ventas por el preocupante horizonte que impone la suba de aranceles de Donald Trump para las producciones agropecuarias y la baja global del precio de materias primas alimenticias y energéticas. Por otro, la invasión de maquinaria sobrante y obsoleta proveniente de Estados Unidos, México o Canadá, y por último, el impacto arancelario sobre agropartes (cabezales maiceros, embolsadoras, extractoras de granos) que poseen una incidencia menor en el volumen de exportaciones argentinas, pero se embarcan al mercado norteamericano.
Metalúrgicas de Córdoba advierten por la maquinaria usada de afuera: "Riesgo"
La Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agro Componentes de Córdoba (Afamac) criticó la quita de controles para traer del exterior máquinas usadas y la calificó como "un riesgo" por una posible "competencia desleal" que irrumpiría en el sector. Este cuestionamiento se suma a otras entidades que también advirtieron por las complicaciones que podría traer a la industria esta iniciativa celebrada por el gobierno de Javier Milei.
“La eliminación del certificado de importación de Bienes Usados (CIBU), en vez de suponer una mejora de funcionamiento del mercado, supone un riesgo por una competencia desleal a un sector que sufre las altas distorsiones estructurales locales y que representa a la vez, la cadena valor que le da soporte tecnológico y de servicio al productor argentino y con alto potencial exportador”, indicó Afamac en un comunicado.
En su mensaje, el organismo pidió "urgente" una "integración inteligente al mundo" en la que estén "en sintonía los tiempos y las formas en la instrumentación de las políticas que se supone, favorecerán la competitividad interna". Si bien celebró que el Gobierno haya "avanzado positivamente" en la "estabilidad macroeconómica y financiamiento", la Afamac remarcó que hay "otras variables pendiente de avance".
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