Luego de que el Gobierno de Javier Milei dispusiera el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió sobre los riesgos que implica el deterioro de la infraestructura vial. “Me interesaría saber quién va a arreglar los caminos nacionales que están totalmente rotos poniendo en riesgo la vida de la gente”, señaló.
Durante la presentación de un proyecto de ley para modernizar la gestión de caminos rurales en todo el territorio cordobés, Llaryora cuestionó la decisión de cerrar el ente autárquico que se encarga de las licitaciones, la construcción y el mantenimiento de rutas, caminos y puentes, y también cargó contra el centralismo porteño. “Nos gobiernan desde la Capital tipos que en su vida han estado en el interior de la Argentina”, afirmó el mandatario cordobés.
Las diferencias entre el Ejecutivo nacional y la administración provincial volvieron a quedar en evidencia luego de la decisión que deja en vilo a más de 5 mil trabajadores de todo el país. En la provincia, se estiman entre 500 y 700 trabajadores afectados, entre ingenieros, técnicos, operarios y administrativos.
El estado crítico de las rutas nacionales y provinciales representa un serio peligro para la seguridad vial. El deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.
De esta manera, el Gobernador instó nuevamente a no dejar de lado el desarrollo de la infraestructura y aseguró que “Argentina va a salir con el campo, nunca sin el campo. Pero el campo solo no aguanta. Necesita infraestructura, para producir y dar valor necesitas gas, electricidad, educación, caminos”. Y agregó: “En un momento donde el Estado se retira de la infraestructura, en Córdoba cumplimos con cada uno de los compromisos asumidos”.
Por su parte, el intendente Daniel Passerini llevó sus críticas a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, donde denunció que “la Nación se queda con la plata de las provincias y los municipios y así es muy fácil decir que tienen superávit fiscal”.
Además, remarcó que los municipios afrontan la crisis al asumir responsabilidades que el Gobierno nacional desliga y destacó que un 30% del precio de la nafta corresponde a impuestos nacionales cuyos fondos específicos son retenidos por Nación. En ese sentido, cuestionó medidas como el aumento de retenciones al agro y el cierre de Vialidad Nacional, que, según dijo, evidencian “una demostración más de que, lejos de resolver los problemas, se desentienden de las responsabilidades”.
Llaryora firmó un proyecto de ley para modernizar la gestión de los caminos rurales
Ante autoridades de la Mesa de Enlace, productores agropecuarios, integrantes de los consorcios camineros de la provincia, Llaryora además anunció un refuerzo presupuestario de 9.500 millones de pesos para enarenado de caminos rurales y otros 3.000 millones de pesos para la adquisición de motoniveladoras.
“Si podemos llegar a este acuerdo, es porque en Córdoba no gana el insulto. En Córdoba construimos en conjunto. Esta ley, no es la ley de un Gobierno, es la ley de los productores y los consorcios camineros. Y solicito que esta ley se trate a la altura de las circunstancias”, apuntó.
Llaryora destacó que, “cuando uno viaja por Argentina, una de las cosas que más reivindican de los cordobeses son el estado de sus caminos, otra de las cosas, son sus consorcios camineros, canaleros, de conservación de suelos, de las buenas prácticas; y eso no lo produce un Gobierno, lo producimos en conjunto. En Argentina vienen a Córdoba a querer imitar este modelo”.
El proyecto propone la articulación público-privada para conservar, proteger y mejorar estas vías de comunicación, con el objetivo de favorecer el desarrollo agropecuario, industrial y turístico del interior provincial. El texto, que será enviado a la Legislatura para su tratamiento, contempla que el Ministerio de Bioagroindustria será la autoridad de aplicación de la futura ley. Asimismo, plantea que la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único integrarán el sistema de gestión.
Según detallaron desde el Gobierno provincial, el financiamiento del nuevo esquema será a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural. También comprenderá ingresos por obras realizadas, aportes de socios, subsidios, donaciones, recursos extraordinarios y las multas por daños en los caminos, que se destinarán al FDA.
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