Un fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial 2 de San Martín obligó este martes al Gobierno a frenar los pases a disponibilidad de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La semana pasada, el Senado confirmó la ley que anuló el decreto presidencial con el que el presidente Javier Milei buscó reestructurar el instituto.
La noticia la celebró la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que había hecho la presentación en la Justicia. "La Justicia obliga al Gobierno a cumplir la cautelar e impone multa de $10.000.000 diarios", escribió en su cuenta de X el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.
"El miércoles pasado, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el decreto 462/25 y frenar los pases a disponibilidad en el INTA. Pese a eso y a la posterior votación del Senado que volteó definitivamente el DNU, el Gobierno actuó -como ya es costumbre- al margen de la ley y pretendió dejar en disponibilidad, mediante la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, a 300 trabajadores del organismo", indicó a Aguiar.
Luego, el dirigente sindical señaló: "Hoy el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se volvió a expedir en favor de ATE, obligando al Gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de $10.000.000 diarios si no se rectifica".
"En serio, presidente Javier Milei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? Me parece que ustedes, además de coimeros, son bastante cabeza dura", continuó Aguiar y concluyó: "A pesar del sufrimiento que generan, me parece que, después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar".
Aguiar, sobre el Gobierno: "Están fracturando el Estado de derecho"
La semana pasada, cuando el Gobierno desconoció el fallo judicial sobre el INTA, Aguiar escribió en su cuenta de X: "A pesar del Congreso y la Justicia, el Gobierno pasó a disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Están fracturando el Estado de derecho".
"Milei desafía a dos poderes del Estado. La Resolución 1240 del Ministerio de Economía aumenta el deterioro democrático de nuestro país. Se desobedece una sentencia judicial y se incumple con lo decidido por el Congreso de la Nación hace pocas horas. El Gobierno actúa al margen de la ley. Además se trata de una grave persecución sindical porque el listado de los agentes pasados a disponibilidad son casualmente los delegados sindicales y aquellos que participaron de los reclamos y se movilizaron. Se trata de un acto administrativo viciado, es inaplicable. Es evidente que hay mala fe y que el Gobierno actuó con malicia. Vamos a realizar una rápida presentación judicial y no descartamos definir nuevas medidas de fuerza", añadió Aguiar.
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