El gobierno de Javier Milei se aferra a las reformas laboral y tributaria como zanahorias al círculo rojo para después de las elecciones. Mientras, el peronismo viene discutiendo por lo bajo un paquete de leyes y de actualización normativa para contar con su propia propuesta en línea con la doctrina justicialista. “Acá faltan derechos que regulen y protejan lo nuevo”, señalan.
Las discusiones se encauzan en el seno del PJ Nacional y apuntan a congregar a cuadros políticos y técnicos de las distintas corrientes vinculadas al mundo del trabajo y del gremialismo. “Terminamos corriendo detrás de los proyectos de ley de la derecha con la intención de cambiarle las comas. El mundo del trabajo está en transformación, tenemos que pararnos delante y conducir ese proceso”, dice a El Destape Vanesa Siley, secretaria de relaciones laborales del PJ, una de las encargadas de organizar los debates.
El temario incluye actualización de normativa ya existente, proyectos de reducción de la jornada laboral, de desconexión digital, un marco regulatorio amplio para la economía de plataformas, entre otras. El objetivo es tener un paquete de leyes propio del peronismo frente a la embestida que prepara Javier Milei ante las exigencias del FMI y los Estados Unidos.
“Para poder competir más y mejor tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible y sacarnos de encima la industria del juicio. Queremos hacer las reformas para que Argentina sea un país competitivo”, reiteró este sábado el Presidente ante empresarios turísticos.
Participan de la coordinación de las discusiones peronistas el diputado y ex titular de la AFIP Carlos Castagneto, la diputada y doctora en economía del CEPA Julia Strada, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, los equipos de abogados laboralistas del Estudio Recalde, entre otros.
“Apuntar a registrar trabajadores es apuntar a la evasión tributaria”, señala Siley. Las herramientas para generar trabajo registrado son parte de las charlas siempre con la premisa de que no se van a generar puestos de trabajo porque lo diga una ley sino que obedece a la estructura del modelo económico. Con las exenciones a aportes y contribuciones actuales el año pasado se registró a 16.000 trabajadores pero al mismo tiempo se perdieron 200.000 puestos registrados.
“Es una discusión incipiente, seria y con los pies en la tierra. Precisamos un gran consenso porque no se puede hacer de un día para el otro”, expresa uno de los organizadores quien acentúa la convocatoria a diversos sectores y ramas de la economía y del empleo. El fin último es tener un plan de gobierno sobre estos temas.
“Estamos explorando diagnósticos sobre trabajo no registrado. Hay una idea de que el trabajo registrado es costoso. Hoy el ‘costo laboral’ no figura entre los mayores gastos de un empresario. Un año después de la ley bases hay menos trabajo registrado”, evalúa Siley. De los encuentros surge que el blanqueo de trabajadores está linkeado con el blanqueo de la economía en general y de las ganancias del sector privado.
Otro eje sobre la mesa lo constituye la economía popular. Se plantea como ejemplo el caso del pizzero de barrio que tiene a todos sus empleados sin registrar pero es igual de pobre que ellos. “Como Estado hay que ayudarlo”, reflexiona.
Además se analiza el impacto de la tecnología en las relaciones laborales, los nuevos y viejos empleos atravesados por la digitalización y tecnificación. “La reconversión laboral es inevitable”, aseguran en el PJ. Se evaluaron casos de éxito en el sector público y privado para extrapolar.
También se toman en cuenta las nuevas aspiraciones generacionales. “La ley es un desaliento al despido porque el trabajo se presume permanente”, define Siley. Según estudió en el gremio Sindicato de Trabajadores Judiciales, los menores de 30 años duran solo dos años en promedio en su puesto porque buscan permanentemente nuevas oportunidades. “Ya nadie apunta a seguir en el trabajo al que iba papá o a hacer carrera toda la vida en la misma empresa”, concluye.
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