La historia revela una arquitectura perfecta de la impunidad. Un empresario con antecedentes penales en Estados Unidos que goza de beneficios renovados por un gobierno que dice combatir "la casta" mientras ejecuta políticas que la favorecen. Y en el camino, una red de magistrados, funcionarios y empresarios que durante décadas garantizaron que nada cambie en el lago público más privatizado de la Patagonia.
Una resolución publicada en julio en el Boletín Oficial completó esta semana una operación que viene gestándose hace décadas: la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, autorizó a la empresa Hidden Lake S.A. a ser la nueva dueña de la Central Hidroeléctrica Río Escondido, situada en la localidad de El Foyel. El trámite, aparentemente técnico, formaliza un regalo del Estado argentino a Joe Lewis, el magnate británico que hace casi treinta años se apropió de miles de hectáreas patagónicas y que en abril de 2024 fue condenado por los tribunales estadounidenses por uso de información privilegiada.
La resolución 324/2025 publicada en el Boletín Oficial autoriza el cambio de titularidad, que pasa de la órbita de Patagonia Energía a Hidden Lake S.A. No se trató de un simple traspaso empresarial: fue el último eslabón de una cadena de complicidades que exhibe cómo funciona el capitalismo con beneficios en la Argentina.
Un criminal financiero con vista al lago
Hidden Lake es la traducción literal de Lago Escondido, la firma que el octavo hombre más rico de Gran Bretaña utiliza para ocultar su apropiación de tierras fiscales en zona de frontera. El multimillonario británico Joe Lewis, cuyo fideicomiso familiar es propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, no pasó un día en prisión tras declararse culpable de cargos de uso de información privilegiada y conspiración en Nueva York. La condena, dictada en abril de 2024, lo obligó a pagar una multa de 5 millones de dólares y le impuso tres años de libertad condicional. Los fiscales sostuvieron en su escrito que Lewis merecía clemencia por tratarse de un “anciano” que "lucha contra importantes problemas de salud", aunque en otro párrafo también reconocieron que Lewis creía que estaba por encima de la ley, que había alcanzado un nivel de riqueza y prestigio que le eximía de tener que atenerse a las mismas reglas que se aplican a los inversores corrientes.
Los expedientes judiciales estadounidenses revelaron un patrón de delitos financieros que se extendió por varios años. Uno de los casos más complejos involucra a Mirati Therapeutics, una empresa oncológica canadiense donde Lewis violó las regulaciones de control accionario. La ley canadiense establece que ningún accionista puede poseer más del 19,99% de las acciones de empresas como Mirati, pero según documentos presentados por la fiscalía, Lewis controlaba en realidad entre el 24 y el 29 por ciento del paquete accionario a través de una red de entidades ficticias. Para eludir los controles regulatorios, el magnate creó dos fideicomisos: Jasara Investments, formalmente a nombre de uno de sus empleados, y Newton Trust, que figuraba como beneficiaria de su nieta. Esta estructura le permitía mantener el control real de las acciones mientras declaraba falsamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que poseía menos del límite legal permitido.
La metodología era siempre la misma: información privilegiada obtenida desde los directorios de las empresas donde invertía, comunicada a pilotos, amantes y empleados para que operaran con anterioridad a los anuncios públicos que impactaban en las cotizaciones. Cuando Lewis mandaba un correo, con información sensible e incluso con archivos adjuntos, aclaraba con letras mayúsculas "Confidencial | No para difundir". El fiscal federal describió el mecanismo como un preocupante patrón de conducta indebida a lo largo de varios años.
El sueño del lago propio
La apropiación de Lago Escondido comenzó en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, con una operación fraudulenta diseñada para eludir la legislación de fronteras. El 19 de junio de 1996, un intermediario llamado Lisandro Allende solicitó autorización a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad para que la empresa H.R. Properties Buenos Aires S.A. adquiriera tierras en la zona de El Bolsón. En los papeles, los accionistas argentinos eran Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti, cumpliendo así con el requisito legal que prohíbe a extranjeros poseer tierras en zona de frontera. Sin embargo, la documentación ocultaba una maniobra preparada con anterioridad: el 5 de mayo de 1996, 45 días antes de presentar la solicitud oficial, H.R. Properties Buenos Aires S.A. ya había cambiado su denominación a Hidden Lake S.A. y transferido sus acciones a Lago Corp., una empresa inglesa controlada por Charles Lewis, hijo del magnate británico. La trampa consistía en presentar ante las autoridades una empresa aparentemente argentina que en realidad ya estaba en manos extranjeras, violando desde el origen la Ley de Seguridad de Fronteras.
La adquisición de estas tierras estratégicas, situadas a escasos cinco kilómetros del límite internacional con Chile, constituyó desde el origen una violación flagrante del marco normativo argentino. La legislación vigente desde 1944 estableció un perímetro de seguridad de 150 kilómetros a lo largo de toda la frontera terrestre, reservando exclusivamente para ciudadanos argentinos nativos -y con autorización estatal específica- la posibilidad de adquirir propiedades en esta zona sensible para la defensa nacional. El esquema empleado por Lewis, basado en interponer ciudadanos argentinos como pantalla legal, fue posteriormente calificado por el Ministerio del Interior como una operación de carácter ilegal.
La sucesión de administraciones nacionales que se alternaron en el poder durante tres décadas no ejecutó medida alguna para revertir esta situación anómala. Cuando en 2012 la Inspección General de Justicia formalizó una denuncia por violación a las normas de seguridad fronteriza, el expediente judicial que debía resolver la nulidad de la operación terminó archivado por el transcurso del tiempo legal, sin que ninguna autoridad impulsara efectivamente su resolución. La prescripción no fue casual: durante años, las causas judiciales navegaron entre recursos, apelaciones y demoras hasta que el tiempo cumplió su función de garantizar la impunidad.
Los huemules
La red de protección judicial que blindó los negocios de Lewis en Argentina quedó expuesta cuando se filtraron los chats de Telegram de un grupo de jueces, fiscales y empresarios que se autodenominaron "Los Huemules". En octubre de 2022, el magnate hospedó una cumbre secreta en su estancia patagónica donde se alojaron magistrados, funcionarios y empresarios de medios de comunicación argentinos. Entre los invitados estaban los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola.
Los mensajes exhibieron la aceitada complicidad que se prodigan magnates, magistrados y empresarios de medios. Según los chats filtrados, quien se encargó de operar las facturaciones truchas mediante el pago por transferencia de cada uno fue Juan Mahiques, hijo del camarista “Coco” Mahiques y actual procurador general de la Ciudad de Buenos Aires. Los mensajes revelaron además que Pablo Casey, gerente de relaciones institucionales del Grupo Clarín, se ofreció a asumir la responsabilidad total de los gastos del encuentro, reconociendo en ese acto que el multimedio financió el viaje de los magistrados a la estancia de Lewis.
Las facturas presentadas tenían como fecha el 13 de octubre con un monto de $120.000, excepto una que estaba a nombre de Leonardo Bergroth, ex agente de los servicios de inteligencia de la SIDE. La presencia de operadores de inteligencia añadía el componente adicional que el cuadro precisaba para escenificar una conspiración.
La hidroeléctrica de la fortuna
La instalación hidroeléctrica surgió en 1996 como una obra de infraestructura interna para satisfacer las necesidades de consumo de la estancia. Sin embargo, la administración de Mauricio Macri -íntimo de Lewis- operó una transformación fundamental del proyecto cuando en 2017 otorgó la habilitación para comercializar excedentes energéticos en el mercado mayorista nacional. Esta decisión administrativa convirtió una instalación de autoconsumo en una empresa generadora de divisas con tarifa preferencial garantizada por el Estado.
El mecanismo que hizo posible esta rentabilidad extraordinaria fue el programa RenovAr, una iniciativa gubernamental que ofreció contratos a largo plazo con tarifas dolarizadas para estimular las inversiones en energías alternativas. La central patagónica de Lewis se incorporó a este esquema durante la gestión del ministro Juan José Aranguren, obteniendo condiciones comerciales que resultan llamativas cuando se comparan con otras plantas del sistema eléctrico nacional.
La desproporción tarifaria revela la magnitud del privilegio: mientras instalaciones estatales como la represa de Salto Grande facturan entre 10 y 15 dólares por megavatio hora, la planta de Lewis alcanza cotizaciones de entre 100 y 120 dólares por la misma unidad energética. Esta diferencia de casi diez veces no encuentra justificación en variables técnicas o de eficiencia, sino en la capacidad de gestión regulatoria que ciertos actores económicos logran desplegar sobre las estructuras del Estado.
En 2023, un informe gubernamental indicó que Hidden Lake SA es una sociedad ficticia que no produce bienes agropecuarios, sino que funciona como una excusa para encubrir la apropiación del lago. Por esa razón, la Inspección General de Justicia pidió la intervención judicial y eventual liquidación de la empresa, alegando que funcionaba como una pantalla para ocultar operaciones ilegales. Sin embargo, el gobierno de Milei decidió premiar con una concesión energética a la misma empresa que organismos del Estado denunciaron como fraudulenta.
La hidroeléctrica tiene características técnicas modestas: potencia instalada de 7,2 mw. El río tiene un caudal promedio de 7 metros cúbicos por segundo, de los que la central en su máxima potencia toma la mitad. Pero su valor estratégico es enorme: permite transformar agua pública en dólares privados, con tarifas garantizadas por el Estado argentino y pagadas por todos los usuarios del sistema eléctrico nacional.
Más casta, no se consigue.