El fiscal federal de Resistencia, Chaco, Patricio Sabadini, impulsa la primera investigación judicial por el escándalo de la corrupción libertaria en delegaciones de PAMI y ANSES. Sabadini investiga el “delito de acción pública” por supuesta “extorsión” en delegaciones a cargo de funcionarios de La Libertad Avanza (LLA). La maniobra investigada involucra a funcionarios y empleados que habrían sido obligados a entregar parte de sus sueldos para garantizar su permanencia en los cargos, tal como se reveló en distintos medios periodísticos. Todo indica que esa “plata negra” era destinada a la campaña electoral.
Para el fiscal Sabadini debe investigarse una posible “extorsión”. ¿La razón? “Se advierte que el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios, todo ello teniendo en cuenta el especial contexto en que se produjeron, y la necesidad de poder conservar sus fuentes de trabajo”, indicó Sabadini, de acuerdo al requerimiento fiscal al que tuvo acceso a El Destape. El fiscal ya ordenó las primeras medidas de prueba que se mantienen por ahora en reserva.
De acuerdo al fiscal, “las contrataciones de personal, de funcionarios y de médicos en ambos organismos tenían que efectuarse respecto de aquellas personas que de alguna manera aseguren que iban a responder al partido, siendo determinante tal condición, incluso más allá del currículum o condiciones de la persona en cuestión”. El fiscal se hizo eco de los informes emitidos el pasado 1° de mayo en programas de TN y A24. El Destape también dio cuenta de esta problemática en la nota del 2 de mayo titulada “La Libertad estalla: botin, purga y guerra de carpetas en el gobierno de Milei”.
El fiscal, que se tomó de lo difundido en los mentados canales televisivos, precisó en su dictamen, al que accedió este medio: “En el caso del Chaco, refirieron que existiría un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aporta por mes, mostrando en la oportunidad unas planillas que a simple vista muestran distintos nombres, períodos, montos y destinos del dinero, como también señalaron que cada uno de los pagos habrían sido efectuados vía transferencia bancaria a cada uno los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos”.
Justamente, por la forma en que se habrían realizado los pagos, desde LLA se defienden asegurando que fueron aportes voluntarios de empleados para el sostenimiento del espacio político comandado por el presidente Javier Milei.
“Frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se observaban en dichas presentaciones, y al tratarse de sucesos que involucraban a organismos de carácter nacional, como su funcionamiento y también sus funcionarios, se decidió desde esta Fiscalía iniciar la Investigación Preliminar que se acompaña y requerir la apertura de la instrucción como aquí se solicita, todo ello por entender que tales comportamientos resultan subsumibles en principio en los delitos” de extorsión.
Quien quedó en el centro de la escena tras el requerimiento fiscal es Afredo “Capi” Rodríguez, titular de la delegación de la Anses del Chaco y presidente de La Libertad Avanza en esa provincia. El caso, no obstante, puede involucrar a otros referentes del espacio libertario.
En diálogo con Tiempo Argentino, Rodríguez, quien se referencia políticamente con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, rechazó las acusaciones por los supuestos pedidos de dinero y criticó al fiscal por impulsar la investigación “sin pruebas”. Aseguró que no obligó a nadie a aportar dinero.
Detrás de este escándalo, que se expande a través de distintas delegaciones del PAMI a lo largo del país, se esconde un conflicto interno entre sectores vinculados a Karina Miliei y a Santiago Caputo. Sin ir más lejos, la maniobra que sucedió en Chaco se habría repetido al menos en Misiones, Santa Cruz y La Pampa.
Según publicó El Destape, en Misiones, 22 delegados de PAMI y ANSES denunciaron por escrito que Adrián Núñez, hombre de Lule Menem, les exigía el 10% de sus sueldos para una cuenta particular. El mecanismo, que recuerda a los peores vicios del puntaje político tradicional, habría operado a través de un tal Mario Pérez Miranda, señalado como "vocero" de Núñez.
En Chaco, como se mencionó, la situación alcanzó niveles de descaro inéditos: funcionarios del PAMI dejaron constancia contable de los desvíos en los propios balances internos, anotando entregas regulares de dinero para "la política" según instrucciones superiores.
La práctica del "diezmo" libertario se habría repetido en Santa Cruz, donde el jefe del PAMI de Caleta Olivia, Sergio Torres, presentó una denuncia penal contra Jairo Guzmán, referente provincial del partido, por exigir aportes económicos a una médica auditora a cambio de mantener su cargo. "O respondés al partido o te vas", habría sido la amenaza.
En La Pampa, militantes de "La Tercera Posición", agrupación libertaria local, denunciaron que Juan Pablo Patterer, jefe partidario, realizó nombramientos exprés de personas que luego fueron promovidas a áreas clave, operando un esquema de clientelismo que reproduce los mecanismos que Milei prometió extirpar.
La denuncia en primera persona
Mientras avanza esta causa judicial, Viviana Aguirre, diputada suplente de La Libertad Avanza y exfuncionaria del PAMi en La Plata, denunció que fue echada por denunciar irregularidades en la obra social de los jubilados y acusó al armador bonaerense del partido, Sebastián Pareja, y a su colaborador Juan Osaba, de haberla cesanteado por negarse a ocultar casos de corrupción.
En diálogo con El Destape Radio, Aguirre afirmó: "En una reunión me pide un millón de pesos de retorno y que firmara papeles ilegales", contó sobre el diputado provincial Sebastián Pareja.
"Lo empecé a escuchar a Javier (Milei), me gustó su perfil y dije 'ahí creo que ese es el cambio'. Cuando me dijo que se iba a postular intercambiamos los contactos y me puse la camiseta de La Libertad Avanza", relató en una entrevista realzada en el programa Verdades Afiladas. En ese momento llegó el primer pedido de aportes económicos: "Como él dijo que las campañas se las tenía que pagar uno, entre Raúl Simonetto y yo pusimos 15 millones de pesos", dijo sobre los aportes que hizo para la campaña. Relató que fue fiscal general durante los comicios y que concurrió al Hotel Libertador -que hizo de bunker para Milei durante los largos meses en los que duró el proceso electoral- a acompañar a Javier.
Tras ganar las elecciones en noviembre de 2023, Aguirre continuó con su trabajo, hasta que Juan Esteban Osaba, a quien identificó como mano derecha del senador provincial Pareja, le ofreció "ser la directora de UGL 7". Aceptó, renunció a su trabajo y un mes después, por enero de 2024, recibió un llamado de Osaba: "Me dice de tener una reunión, la tuvimos en el Senado de la ciudad de La Plata, en la oficina de Pareja y me pide un millón de pesos de retorno (que eran parte de su sueldo) y que firmara papeles ilegales. Hubo una discusión. No me negué a lo del millón de pesos, le dije 'decime cuál es la cuenta y yo te lo deposito'. Nunca me dio la cuenta, me dijo así no se manejaban estas cosas, que lo tenía que poner en un sobre y él lo pasaba a buscar una vez por mes", relató.
Los papeles que debía firmar eran de "proveedores nuevos" y "de distintos organismos, corrupción, básicamente", aclaró, para ser más específica.
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