La investigación sobre el presunto financiamiento irregular de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego sumó esta semana un elemento clave: comprobantes de transferencias bancarias que confirmarían el circuito de desvío del adicional por desarraigo desde trabajadores legislativos hacia Martín Agüero, asesor del diputado nacional Santiago Pauli y referente evangélico.
Según el portal Actualidad TDF, los comprobantes muestran que los asesores transferían mensualmente montos cercanos a los $500.000 -correspondientes al adicional por desarraigo- a cuentas vinculadas a Agüero, quien habría sido designado como administrador informal de los fondos partidarios. Esta práctica, de comprobarse, implicaría una recaudación mensual de aproximadamente $2.500.000, consolidada fuera del marco legal y administrativo.
Los registros se suman a los audios y capturas de WhatsApp ya difundidos. En uno de los audios, Pauli agradece el envío de un comprobante y ordena: “A partir de ahora mándaselo directamente a Martín, que es el que se encarga de pagar los alquileres”. Esta frase refuerza el vínculo directo entre el diputado y el presunto operador financiero del esquema.
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Qué muestran los comprobantes que comprometen a La Libertad Avanza en Tierra del Fuego
- Fechas, montos y destinatarios coinciden con los testimonios de ex asesores como Rolando Correa, quien denunció haber sido obligado a transferir el 100% de su desarraigo.
- Los pagos eran justificados como “alquileres”, aunque no existía contrato formal ni rendición pública de esos gastos.
- Las cuentas receptoras estarían a nombre de terceros vinculados al espacio político, lo que podría configurar maniobras de triangulación.
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Ls documentos exponen acuerdos políticos, reclamos por dinero y una lógica de recaudación informal dentro del bloque libertario fueguino. El uso del adicional por desarraigo -una compensación no remunerativa destinada a cubrir gastos de traslado de legisladores y asesores que viven a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires- para financiar actividades partidarias podría constituir delitos como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y defraudación a la administración pública. Además, la falta de transparencia en la rendición de estos fondos vulneraría principios de ética pública y control legislativo.
Qué dicen los audios que complican a Pauli
En los audios se escucha a Pauli explicar que los contratos otorgados en la Legislatura de Tierra del Fuego serán dados de baja si los beneficiarios no entregan el 100% del desarraigo a una cuenta designada por el partido. “No es parte del sueldo”, argumentó.
“Nos pedía que el desarraigo no era para nosotros, sino para financiar alquileres y gastos del partido. A mí me designaron como asesor de Agustín Coto, pero nunca me dieron tareas ni me hicieron viajar”, afirmó Correa en una entrevista con FM Fuego. Agregó que el dinero se enviaba a cuentas de terceros, designados para recaudar fondos, y que todo fue acordado fuera del marco formal de contratación.
Correa también apuntó contra otros referentes del espacio, como la legisladora Natalia Gracianía y el candidato a diputado por LLA, Miguel Rodríguez, a quienes vinculó con el encubrimiento de la situación. Denunció que fue presionado para no divulgar los audios que hoy se hicieron públicos, y responsabilizó a la cúpula local de cualquier represalia. “Confié en ellos, pero me mintieron. Esto no es una nueva forma de hacer política, es más de lo mismo”, sentenció Correa, quien confirmó que renunciará formalmente al partido
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