Fue una semana intensa en el ministerio de Seguridad. Entre la represión en el Congreso y los posteos xenófobos, la asonada de la policía santafesina recorrió los pasillos del petit hotel de Recoleta como un fantasma: en 2013, la ahora ministra Alejandra Monteoliva debió renunciar a la secretaría de Seguridad de Córdoba tras el acuartelamiento policial que sumió a la provincia en saqueos, violencia callejera y dos muertos. Trece años más tarde, la ministra busca cimentar el camino de retorno electoral a su provincia de origen de la mano de Javier Milei, construyendo un perfil que combina mano dura, xenofobia y devoción libertaria.
El ascenso a ministra se produjo el 10 de diciembre de 2025, cuando Patricia Bullrich dejó el ministerio para asumir como senadora. Monteoliva, hasta entonces segunda de la cartera, heredó arquitectura, objetivos y método, pero con un toque personal: el uso intensivo de redes sociales para exhibir represión y persecución migratoria.
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Ministra con antecedentes
En septiembre de 2013, el gobernador José Manuel De la Sota designó a Monteoliva al frente de Seguridad provincial tras el "narcoescándalo" que involucró a policías en tráfico de drogas. Juan Alós, uno de los agentes implicados, apareció muerto de un balazo. Tres meses después, la Policía se acuarteló para reclamar mejoras salariales. El resultado: centenares de saqueos, linchamientos entre vecinos y dos muertos. Monteoliva debió renunciar ese mismo diciembre.
Lejos de convertirse en mancha curricular, el episodio fue su pasaporte para trabajar con Bullrich durante el macrismo. Entre 2015 y 2020 ocupó cargos clave: directora nacional de Gestión de Información Criminal y directora de Operaciones de las Fuerzas Federales. En junio de 2024 regresó como secretaria de Seguridad, supervisando la implementación del protocolo antipiquetes y operativos represivos con uso masivo de gases lacrimógenos.
Su formación incluye una maestría en la Universidad de los Andes de Bogotá, donde trabajó como consultora para los gobiernos de Honduras y El Salvador, donde participó en la creación del "modelo Bukele", el esquema que convirtió a El Salvador en el país con mayor población carcelaria per cápita del continente.
Sus antecedentes seducen al núcleo duro mileísta, en especial a quienes -como Santiago Caputo y Karina Milei, por razones distintas- recelan de los importados del PRO. A sabiendas de esas intrigas palaciegas, la ministra posterga desde hace dos meses la designación de Diego Valenzuela, el intendente y senador provincial que pidió doble licencia para asumir a un cargo con el que pretende proyectar su candidatura a gobernador.
El nombramiento fue anunciado en noviembre de 2025, pero hasta febrero de 2026 el decreto no apareció. La relación entre Monteoliva y Diego Valenzuela exhibe las fisuras de un esquema que Bullrich creyó tener bajo control. En el Gobierno reconocen que Monteoliva está "pisando el documento" para evitar que Valenzuela acumule poder. El intendente pretendía una agencia robusta con Policía de Migraciones propia, similar a la ICE estadounidense. Monteoliva propicia un organismo "desconcentrado" sin competencias que pudieran hacerle sombra.
Valenzuela mantiene línea directa con Milei y sueña con disputar la gobernación bonaerense en 2027. Monteoliva mira hacia Córdoba para instalarse como candidata competitiva. La tensión escaló cuando la ministra adelantó un operativo en Villa Celina para evitar la presencia de Valenzuela y apropiarse del crédito mediático. El 26 de enero publicó en X un video del operativo: "Los que vienen a refugiarse acá, están perdidos: los buscamos, los encontramos y los echamos". La escenografía recuerda a Kristi Noem, figura central de la cruzada antiinmigrante de Trump.
Pelea de caja
La disputa política contiene, como resulta usual, una pulseada por el manejo de la caja. El historial de Bullrich al frente de Seguridad exhibe un patrón de gastos millonarios con irregularidades que atraviesa sus dos gestiones. Durante el gobierno de Macri, la Auditoría General de la Nación detectó sobreprecios que llegaron a quintuplicar el valor estimado de las compras, falta de documentación y adquisiciones directas bajo el paraguas de la "emergencia en seguridad pública" declarada en 2016. El informe firmado por la auditora María Graciela De la Rosa reveló que entre 2016 y 2019 se pagaron 35 millones de dólares a la empresa israelí IAI ELTA por un sistema de vigilancia fronterizo, cifra que quintuplica el presupuesto estimado por Gendarmería. Se abonaron 41 millones de pesos a Issatec Technologies, controlada por el lobista israelí Eitamar Barr, por servicios incluidos en el convenio original. La compra de cuatro lanchas Shaldag por 49 millones de dólares representó un sobreprecio del 138 por ciento según la UBA.
El esquema se profundizó durante el gobierno de Milei. Entre marzo y diciembre de 2024, Bullrich gastó más de 56.000 millones de pesos en municiones, gases lacrimógenos, equipos antidisturbios y vehículos mediante contrataciones directas. En total adquirió 6.481.170 municiones, 6.000 gases lacrimógenos, 10.850 pistolas y escopetas, 19.700 chalecos antibalas, 302 camionetas patrullero, 81 motos y 69 drones. También contrató una consultora para monitorear medios por 16.146.000 pesos. Ladera empoderada, Monteoliva heredó el joystick de ese arsenal y lo exhibe en cada operativo mediático.
Campaña "fake"
El patrón de operación de Monteoliva incluye la defensa sistemática de acciones policiales violentas y la difusión de versiones falsas para justificar la represión. El 11 de septiembre de 2024, durante una manifestación frente al Congreso contra el veto a la reforma jubilatoria, un agente de la Policía Federal roció con gas lacrimógeno a una niña de diez años sentada en el piso junto a su madre. El video filmado por el abogado Matías Darabos documentó el momento exacto. Monteoliva, entonces secretaria de Seguridad, salió a defender el accionar con una versión falsa: aseguró que no había sido la policía y atribuyó el hecho a una manifestante de buzo naranja.
El propagandista Eduardo Feinmann emitió un video que confirmaba la versión oficial. Al día siguiente, reconoció que el material había sido enviado por el jefe de la Policía Federal y que era falso. Bullrich defendió a ultranza: "Eso no es gasear a una nena. Nadie apunta a una nena. De ninguna manera fue intencional". La Comisión Provincial por la Memoria presentó denuncia penal que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. Monteoliva nunca se retractó. Y ascendió a ministra.
El operativo se repitió con mayor sofisticación durante la manifestación contra la reforma laboral. En una denuncia penal por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", el abogado Hernán Martínez Herrero precisó la secuencia de hechos. Alrededor de las 15:30 un grupo de siete personas "perfectamente sincronizadas" comenzó a arrojar piedras, preparar bombas molotov y lanzarlas contra los vallados policiales. Lo llamativo -remarca el escrito- es que esas siete personas nunca fueron detenidas. "Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido de siete personas, completamente aisladas del resto, no hayan sido detenidas de inmediato", señala la denuncia. Los camiones hidrantes "nunca les dieron", los gases fueron lanzados "bastante lejos de donde estaba este grupo" y los policías "nunca detuvo a los miembros de este grupo violento, más bien pareciera que los encubrían".
En contraste con las evidencias, Monteoliva anunció la identificación de 17 personas acusadas de haber protagonizado los disturbios. Ninguna de ellas forma parte del grupo que elaboró y tiró las bombas molotov. Entre los señalados está Patricio Castellán, quien apareció en fotos escondiéndose detrás de una tabla de madera junto a otros manifestantes. En diálogo con El Destape, Castellán negó haber arrojado explosivos: "No tiré ninguna bomba molotov, ni siquiera tengo idea de cómo se arma una. Fui a la movilización a defender los derechos de los trabajadores, me gasearon y me dispararon en el codo". Explicó que se resguardó con una mesa de los vendedores ambulantes "por miedo a que me impacte una bala de goma" y agregó: "Cuando tiraron las bombas molotov, a mí me estaban atendiendo en una posta de salud después de que me gasearan y me tiraran un disparo de bala de goma en el codo".
Castellán es monotributista, no está afiliado a ningún sindicato ni partido político. Ya se asesoró con abogados del CELS: "Mi idea es ir a fondo con esto en la Justicia porque esto es muy grave. Me acusan de la nada sin tener ni una prueba".
El Ministerio de Seguridad, por su parte, difundió que presentará denuncia por "terrorismo" contra los 17 identificados, aunque ninguno sea quien realmente arrojó las molotov. La operación es un clásico del accionar represivo: provocadores protegidos por la policía generan el incidente necesario para justificar la represión masiva, luego se escrache a manifestantes genuinos acusándolos de "terroristas" para disciplinar futuras protestas. La tarea se completa con la colaboración de los medios de prensa que, como ocurrió antes con el caso del policía que gaseó a la nena, difunden videos y partes policiales como si fuesen verdad.
El negocio de encarcelar pibes
La tarea de los medios y comunicadores del sistema también resultó crucial para ampliar el consenso social y político en torno a la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto oficial, que el jueves obtuvo media sanción en la Camara de Diputados, busca reducir de 16 a 14 años la edad en que un menor puede ser juzgado penalmente, con penas de hasta 20 años de prisión. La iniciativa contempla la construcción de nuevas cárceles específicas para adolescentes. Según los cálculos que se exhibieron en el recinto, cada cama en una institución de este tipo cuesta 75 mil dólares y el equipo interdisciplinario entre 250 y 300 mil dólares por año. El proyecto prevé apenas 23 mil millones de pesos, una suma que alcanza para 16 camas en toda la Argentina. La ley implica mayor presión presupuestaria para las provincias, responsables primarias de gestionar la privación de libertad por delitos comunes. En el ámbito federal, en cambio, abre nuevos negocios para la cartera de Seguridad, a cargo del sistema penitenciario, que incluye la administración de cárceles para mayores y menores. En el ministerio de Monteoliva se frotan las manor por las partidas extras que podría recibir para encarcelar pibes mientras el ajuste arrasa con comedores infantiles, pensiones por discapacidad y programas sociales.
Tiene coherencia: el ajuste no se sostiene sin represión. La ministra busca apalancar su candidatura en la represión del conflicto social, acción que es indivisible del programa económico en curso: la pauperización y la transferencia regresiva de ingresos es insostenible sin palos. Monteoliva pretende hacer mérito en el ecosistema libertario aplicando todo el repertorio represivo. El uso de infiltrados que provocan violencia, la protección policial a esos provocadores, la represión masiva posterior y el escrache de manifestantes genuinos acusados de "terrorismo" conforman un manual de disciplinamiento social que busca conjurar la protesta por el miedo.
Terror de Estado puro y duro.
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