La política de los buitres, el invierno de Milei y la improvisación al poder

A fines del año pasado, Christopher Bogart se encontró con un argentino que trabaja en Wall Street en la reunión anual del FMI en Washington. “Argentina, si quiere acceder al mercado, primero tiene que solucionar esto. Va a ser dificilísimo que pueda recuperar el crédito con esta demanda pendiente porque nosotros vamos a seguir avanzando”, le dijo. No fue lo único. “El gobierno con nosotros no habla”, agregó. El CEO y fundador del fondo Burford ya sabía que Loretta Preska iba a fallar de acuerdo a sus intereses y veía al staff de Javier Milei perdido por completo.

La decisión de la jueza republicana de Nueva York remite al fraude de los Eskenazi, la familia de banqueros que entró a YPF de la mano de Néstor Kirchner y traicionó con alevosía el eslogan de la burguesía nacional. Aunque no habían puesto un solo dólar para quedarse con el 25% de la petrolera argentina, los dueños de Petersen reclamaban ser indemnizados y no desaprovecharon la oportunidad de hacer un negocio más. El problema tiene que resolverlo Milei, que en campaña prometió privatizar la empresa y ahora tal vez lo vuelva a considerar. 

El golpe de Preska contra la Argentina complica todavía más el proyecto de Luis Caputo, sostener por tiempo indeterminado una estrategia atada al endeudamiento. Aunque JP Morgan y el riesgo país ya habían demostrado que La Libertad Avanza no tenía forma de volver a los mercados en el corto plazo, el fallo buitre profundiza un clima de desconfianza global con la extrema derecha local. 

Burford es el fondo de financiación de litigios más grande del mundo y su especialidad es comprar juicios complejos con enorme retorno potencial. Secuela en la saga de Thomas Griesa, la republicana Preska expande el brazo de la justicia norteamericana como si fuera la continuidad de la guerra.  

En una nota muy precisa, el abogado Sebastian Soler contó la historia del litigio que iniciaron los dueños del Banco de Santa Cruz y detalló los argumentos de la defensa argentina que la jueza rechazó. Soler describe un juego de pinzas: la complicidad armoniosa entre la táctica local que inauguró el menemismo con las privatizaciones y la política expansionista de las cortes estadounidenses en su competencia internacional.

Master en Derecho de la Universidad de Harvard, Soler fue subprocurador del Tesoro bajo el Frente de Todos y sostiene que el gobierno de Menem blindó la privatización de YPF con la modificación de su estatuto para multiplicar al máximo el eventual costo de expropiarla. La reforma parecía escrita a medida de los buitres: preveía que para recuperar el control del 49% o más de las acciones, el Estado debía ofrecer a los demás accionistas el precio más alto entre cuatro métodos alternativos de cálculo.

Soler coincide con la postura de Bernardo Saravia Frías, el procurador de la era Macri: el estatuto de una sociedad privada no anula la facultad constitucional del Estado argentino de expropiar un bien por interés público. Adquirir el 100% de la empresa, remarca, hubiera impedido que YPF mantuviera una participación privada y continuara cotizando en Bolsa con gerenciamiento profesional. Pero además, no hubiera contado con el apoyo de la oposición en el Congreso.

En su análisis del caso, Soler recordó que el Departamento de Justicia presentó dos escritos en el juzgado de Preska en rechazo a la demanda de Burford y reiteró ahí que, para Estados Unidos, la propiedad en el extranjero de un estado soberano no está sujeta a la jurisdicción de las cortes estadounidenses. El pedido de los buitres, coincidían las presentaciones, violaría las normas en materia de inmunidad soberana. 

Expertos locales en la fauna de la especulación, dicen que Burford no tiene la virulencia de Elliot, el fondo que le arrancó a la Argentina de Mauricio Macri 10 mil millones de dólares con el apoyo abrumador del Congreso y el peronismo colaboracionista. 

Por supervivencia, Milei tiene que salir a defender una empresa en la que no cree y apelar para dilatar los tiempos de un fallo que no va a ser fácil de revertir. El problema es que todo su diseño de gobierno está pensado en función de beneficiar a los buitres. Incluido el todavía Procurador, Santiago Castro Videla.

Preska se aferra a una máxima que rige entre la justicia de Estados Unidos: no se falla sobre algo que no se puede ejecutar. Si lo hacen, es porque tienen un plan para apretar y llegar a su objetivo. Los más rapaces cuentan con eso.  

Contra lo que afirma la oposición de mercado, el pecado del kirchnerismo no estuvo en la estrategia jurídica sino en la política y se cometió 4 años antes de la expropiación: suponer que exponentes parasitarios del capitalismo de amigos pueden concebir alguna idea de Nación. Eskenazi fue el más notorio, pero no el único. En la arqueología de la burguesía nacional sobran rastros de una estrategia de resultados opinables, con financistas y camaleones devenidos en prósperos empresarios energéticos. 

Entre los especialistas del sector, dicen que en pocos días se verá hasta dónde llegan las consecuencias del fallo. Dependerá del financiamiento para la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur. “Si te complicó la estrategia de endeudamiento de la compañía, tenés un problema ya ahora”, dice un consultor de empresas. Vaca Muerta Sur es un proyecto que reúne a todas las petroleras y demanda en su conjunto una inversión de 2000 millones de dólares. A eso hay que sumar el financiamiento para las terminales de Gas Licuado. La petrolera de mayoría estatal se tiene que endeudar para el desarrollo de infraestructura y su última colocación grande fue en enero a una tasa del 8,5%. El presidente de la compañía Horacio Marin afirmó el viernes en América que el proyecto sigue adelante.

En Wall Street, el cambio de humor es elocuente. Los mismos analistas que hace unos meses veían a la Argentina cruzando el Rubicón ahora recomiendan huir. Eso pese a que Milei está listo para pagarle U$ 4500 millones a los fondos de inversión extranjeros en el Día de la Independencia. 

La última semana, un ejecutivo de un banco de inversión que opera en Nueva York le transmitió el panorama a un dirigente de la oposición. Los datos del último mes influyeron para mal en el poder financiero internacional. En lo económico, el déficit alarmante de la balanza de pagos en los primeros cinco meses del año, la no acumulación de reservas en tiempo de liquidación récord de la cosecha, la suba del riesgo país y la confirmación de que el dólar se despertó. En lo político, la detención de Cristina Fernández de Kirchner y las movilizaciones crecientes contra el plan del gobierno. “El efecto Milei, que siempre estuvo ahí, terminó de morir. Se terminó la idea de que al final el tipo va a ser el economista y va a ir a un régimen de flotación real”, le dijo. Todos ven que el gobierno interviene en el mercado de futuro y que el dólar atrasado puede llevar a una devaluación mayor. “Quedó claro que el riesgo político no es Cristina”, agregó. La visita de Lula Da Silva a la ex presidenta y el inicio de la campaña internacional “Cristina libre”, en medio de la cumbre del Mercosur y a días de la reunión de los BRICS en Río de Janeiro, terminó de poner el caso en primer plano a nivel global. 

El gobierno quemó etapas. Lo mismo hizo el bloque de poder que lo acompaña. Le pidieron socorro al prestamista de última instancia, se endeudaron en tiempo récord y sacaron de la cancha a la principal dirigente de la oposición. Ahora, los gobernadores de todos los colores se unen para reclamar por fondos a la Casa Rosada y dejan correr las leyes que atentan contra el evangelio del ajuste.

Este lunes, Caputo volverá a apostar para sostener la estabilidad con la licitación de la deuda en pesos. Pero la pregunta que flota entre los agitadores del mercado es una: qué nivel de devaluación hace falta para corregir los desequilibrios que el gobierno generó para llegar a las elecciones y qué margen le queda a la consultora Anker para frenar el traslado a precios. “Santiago Caputo se lo debe haber dicho a su tío: vos no devalues nunca más. Si devalúan, no saben dónde terminan”, dice un economista ligado a las finanzas. 

El ingreso de Eskenazi a YPF fue ruinoso para la petrolera porque incluía destinar el 90% de los dividendos a pagar la deuda de Repsol y significaba una sentencia de muerte para una compañía que necesita invertir y crecer. Pero el gran vaciamiento lo habían iniciado los españoles de Repsol después de que el gobierno de Carlos Menem rematara la acción de oro de la compañía, en una decisión inexplicable que salió por decreto y no tuvo el apoyo del Congreso, tal como lo recordó en los últimos días Jorge Yoma. Ese fue el huevo de la serpiente porque ningún país de América Latina hizo algo semejante. Petrobras en Brasil y Ecopetrol en Colombia abrieron el paquete accionario, pero mantuvieron la compañía bajo control estatal. Ni el Consenso de Washington pedía tanto. 

Repsol era una empresa refinadora, irrelevante a escala mundial, que dio un salto a nivel internacional cuando se quedó con YPF. Los activos que mantiene todavía hoy en Bolivia y Perú pertenecían a la YPF de Estenssoro.

Los promotores del libre mercado insisten en que el Estado no debería haber recuperado la petrolera, pero saben que el proceso de descapitalización empezó con Repsol. A partir de 1999, los dueños españoles de la compañía se dedicaron a vender los activos de YPF y transferirlos a Repsol Madrid. Salieron de Indonesia y de Libia, entregaron los activos rentables en Estados Unidos y se quedaron solo con Maxus que tenía los pasivos ambientales. Omitir ese cuadro y limitar las denuncias de corrupción a la era Eskenazi esconde una filosofía para la cual la peor herejía es obturar el gobierno pleno del mercado.

La revancha de la historia está a la vista: le toca salir en defensa del Estado al topo que vino a destruir todo desde adentro.

La crítica retrospectiva agrega que el gobierno del ex Frente para la Victoria debía permitir el ingreso de otras empresas en lugar de tomar la mayoría accionaria de la compañía. Cerca de las petroleras privadas admiten que el contrafáctico tiene patas cortas. Sin un YPF de mayoría estatal, que decidió hundir entre 10 y 15 mil millones de dólares en los primeros 4 o 5 años en Vaca Muerta para la curva de aprendizaje, el capital privado de la Argentina no hubiera tomado el riesgo. De hecho, la primera inversión de magnitud, fue la que Tecpetrol hizo en Fortín de Piedra cinco años más tarde, en 2017, y con una norma hecha en contra de YPF, como la resolución 46 de Juan José Aranguren. En ese lapso, la YPF de mayoría estatal que dirigía Miguel Galuccio pasó de los pozos verticales a los horizontales.

El fallo de Preska contra YPF llega en un momento en que la ola de frío expuso los costos de la parálisis en la obra pública, con un tendal de industrias, comercios, escuelas y casas particulares que se quedaron sin  gas. La Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural difundió en los últimos días un panorama preciso de la falta de inversión sin previsión estratégica y cuestionó a las empresas que se niegan a discutir paritarias en un contexto de alta exposición para sus empleados, en las sucursales y en la calle. Las obras de la reversión del Gasoducto Norte que debían estar terminadas en junio están retrasadas o suspendidas por lentitud administrativa y falta de pago, según denuncian las mismas contratistas que llevan adelante la obra. Eso pese a que el 90% de la financiación la cubrió un préstamo de 540 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento. Además, la Secretaría de Energía decidió hace más de un año dar de baja la segunda etapa del ex Gasoducto Néstor Kirchner. Aunque Camuzzi, la concesionaria de Alejandro Mac Farlane, atribuyó los cortes en Mar del Plata a la baja presión, la situación podría haber sido otra si se hubieran terminado las obras de ampliación del Gasoducto de la Costa. Se empiezan a ver las consecuencias de la improvisación y el abandono del gobierno.