Exclusivo: salarios a la baja y limitaciones a la huelga, los puntos más firmes de la futura reforma laboral

La posibilidad de acuerdos laborales con pérdida de derechos y salarios a la baja y la limitación al máximo para el ejercicio del derecho de huelga figuran entre los puntos más firmes de la reforma que planifica el Gobierno para los contratos de trabajo y que buscará agilizar en el Consejo de Mayo en las próximas semanas como paso previo a su remisión al Congreso como proyecto de ley. Así le confirmaron a El Destape funcionarios a cargo del diseño de la iniciativa, que también incluirá la habilitación de “bancos de horas” orientados a extender hasta a 12 horas la jornada laboral y el fraccionamiento de las vacaciones, en ambos casos mediante acuerdos supuestamente voluntarios de las partes.

Una revisión pormenorizada del plan permite concluir que su mayor objetivo para por la desarticulación de las negociaciones colectivas hasta ahora en manos de un sindicato por rama de actividad, tal como impone la legislación vigente, para atomizarlas en unidades lo más pequeñas posibles, que van desde las regiones, las provincias e incluso las empresas con una jerarquía por encima de los acuerdos de alcance nacional. El diseño de la reforma pasa sobre todo por los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger (a cargo de la revisión de las normas de derecho individual y colectivo) y de Economía, Luis Caputo (capítulo de costos empresariales), y los secretarios de Trabajo, Julio Cordero, y de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

Los funcionarios consultados y los dirigentes sindicales al tanto de la negociación minimizaron la difusión en los últimos días de borradores supuestamente ajustados al texto final de un proyecto de ley. Se trata, dijeron, de meros ensayos que circularon entre las áreas técnicas del Ejecutivo y las de empresas y gremios aunque sin carácter definitivo. De hecho, en algunos casos explicaron que parte de lo difundido tuvo más que ver con estudios de abogados de empresas que con proyectos del oficialismo. A esas fuentes les adjudicaron, por caso, versiones sobre posibles topes a las indemnizaciones por despido que, según los referentes del Gobierno, no están contemplados en la norma por construir.

A continuación, los puntos principales que la administración libertaria da por seguros dentro del futuro proyecto de ley:

• Salarios “por mérito” y aumentos reversibles: como adelantó en exclusiva El Destape, uno de los ejes de la reforma altera el sentido filosófico de las paritarias. De prosperar la iniciativa, pasarían de ser el espacio de discusión de un piso obligatorio de ingresos basado en la evolución inflacionaria, a un mero indicio de la base de ingresos de una actividad. Lo que en el Gobierno denominan “salarios dinámicos” implicaría un valor general atrasado contra la inflación y eventualmente estable en caso de no haber aumentos de precios, con la posibilidad de incorporar premios por productividad, estímulos y otros ítems destinados a los dependientes de mejor rendimiento, a quienes se reservaría el “beneficio” de empatar y hasta ganarle a la suba del costo de vida. También se incorporará la noción de subas reversibles o a plazo fijo, que de ese modo dejarían de ser la base de la siguiente negociación.
• Convenios por región o por empresa: la negociación bajaría su jerarquía actual para pasar de ser de alcance nacional a tener prioridad la resuelta entre empresas y sindicatos de estados subnacionales, provincias, municipios o incluso unidades productivas. Se trata de un reclamo histórico de varias patronales que alegan dificultades por parte de compañías de su rubro para afrontar aumentos acordados por igual para todo el país.
• Fin de la irrenunciabilidad: este ítem es clave porque representa la caída de una garantía inherente a la legislación laboral argentina. Ese criterio prohíbe la firma de contratos individuales o colectivos peores que los vigentes bajo la premisa de que ningún trabajador tomaría esa decisión si tuviese la oportunidad de mejorar sus condiciones. Asume como constitutiva la desigualdad de fuerzas entre el capital y el trabajo, una distinción que los libertarios y un sector del empresariado rechazan. Con el fin de esta salvaguarda, siempre según los autores, se les dejará a las partes “la libertad” para modificar condiciones por otras peores para los asalariados.
• Limitación del derecho de huelga: la reforma insistirá con el contenido del decreto de necesidad y urgencia 340/2025 que la CGT pudo frenar con un amparo en la Justicia laboral. Esa norma, enmascarada en una modificación del régimen de Marina Mercante, amplió al máximo las actividades consideradas “esenciales” y, por lo tanto, sujetas a restricciones a la hora de llevar adelante acciones de protesta. Para esos rubros se establecía una prestación mínima del 75% en una huelga. Mientras que creaba una nueva figura, la de “actividades de importancia trascendental” obligadas a garantizar un 50% de prestación ante una medida de fuerza.
• Jornada laboral y vacaciones: para ambos ítems la reforma prevé flexibilizaciones aunque sólo en caso de haber acuerdo de partes entre el empleador y el dependiente. Así, podrán constituirse bancos de horas pensados para extender hasta las 12 horas una jornada que en la actualidad está limitada a 8 horas diarias. En tanto que se habilitará la discusión para facilitar el fraccionamiento del período anual de descanso, tal como confirmó el propio Sturzenegger.
• Certificados: los autores sumaron la digitalización de toda la documentación legal que sustenta licencias médicas o de otra índole por entender que la existencia de certificados truchos complica la estructura organizativa de las compañías.
• Cuotas solidarias: en el Gobierno dudan con impulsar el cese de esos aportes que resultan obligatorios para los trabajadores no afiliados a un sindicato y que la jurisprudencia internacional en general avala por entender que esos dependientes son también beneficiarios de la gestión paritaria de las organizaciones gremiales. Mientras Sturzenegger es un cruzado de su eliminación, como lo fue para los aportes solidarios de las empresas a las cámaras patronales, funcionarios como Cordero entienden que forman parte del andamiaje financiero de los sindicatos y que suprimilos implicaría ir a una confrontación total.