Medio triunfo anudado a palos y soborno institucional

La votación en el Senado nacional selló un pacto que desnuda la naturaleza del experimento libertario: una ingeniería legislativa diseñada para transferir poder desde el trabajo hacia el capital concentrado. El dictamen de mayoría que se aprobó en la madrugada del jueves condensa décadas de aspiraciones empresariales que quedaron en suspenso durante los años de resistencia sindical. Ahora, con el respaldo de sectores del peronismo dialoguista y la complicidad de cúpulas sindicales que priorizaron su supervivencia institucional por sobre la defensa de los trabajadores, el mileísmo consiguió lo que otros gobiernos no pudieron: fragmentar la unidad del movimiento obrero y abrir las puertas a una precarización estructural del mercado laboral argentino.

"Es la reforma más profunda de los últimos 50 años" celebró la ubicua senadora Patricia Bullrich. No es retórica vacía. Es una confesión ideológica que ubica al actual proceso en la genealogía directa de la última dictadura cívico-militar, aquel experimento de Martinez de Hoz que desmanteló la industria nacional y sometió al trabajo a la lógica financiera. Medio siglo después, el libreto se actualiza con las mismas premisas: reducir costos laborales, fragmentar la organización colectiva, convertir la subsistencia en una variable de ajuste.

El soborno corporativo

El nerviosismo se desató en los pasillos del Senado cuando circuló la primera versión del artículo sobre aportes compulsivos. La propuesta inicial establecía que los aportes patronales a cámaras empresariales no podrían superar el 0,5% de las remuneraciones, mientras que las contribuciones a sindicatos quedarían limitadas al 2%. Pero el punto más explosivo era la fecha de caducidad: a partir del 1 de enero de 2028, todo sistema de aportes obligatorios desaparecería para las entidades empresariales.

La cláusula generó una reacción inmediata en el sector dialoguista. "Pidieron igual tratamiento para los actores involucrados", según confirmaron fuentes de la Cámara alta. El argumento circuló con rapidez: si los sindicatos conservaban sus aportes sin fecha de vencimiento, las cámaras empresariales exigían la misma prerrogativa. Después de cinco horas de negociaciones, el Gobierno cedió. Los topes se mantuvieron, pero la caída programada desapareció del texto. El giro automático se preserva para ambos bandos.

El pacto final preserva las estructuras pero rebaja los montos. Los sindicatos conservan su flujo de recursos, las cámaras empresariales mantienen su esquema de financiamiento, y el Gobierno exhibe una reforma que limita los excesos más escandalosos sin tocar el núcleo del sistema corporativo. La transacción es política antes que económica: compra lealtades, neutraliza resistencias, fragmenta oposiciones.

La concesión a las estructuras sindicales tiene un precio que pagarán quienes viven de su trabajo. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lo expresó con claridad en su cuenta de X: "Quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron los artículos que perjudican a los trabajadores. Es importante el financiamiento de las organizaciones gremiales pero no podemos cambiar plata por la explotación de todas las afiliadas y los afiliados".

La declaración de Aguiar condensa la tragedia de la negociación: dirigencias sindicales y políticas negociaron su supervivencia institucional a cambio de aceptar transformaciones que erosionan derechos construidos durante décadas. El catálogo de modificaciones que permanecieron en el texto final es un programa completo de degradación laboral.

El banco de horas elimina el concepto de hora extra y establece un sistema de compensación que permite a los empleadores extender jornadas laborales sin pagar adicionales. La lógica es simple: cuando la producción lo requiera, se trabaja más; cuando disminuya, se trabaja menos. El salario se estabiliza, pero la intensidad y el desgaste físico se vuelven variables que el patrón administra según sus necesidades. La previsibilidad del ingreso se paga con la imprevisibilidad del tiempo de vida.

Las vacaciones también ingresan en el régimen de fragmentación. El texto aprobado permite dividir el descanso anual cada siete días, y una vez cada tres años el período de verano queda fuera de las opciones del trabajador. Para quienes tienen hijos en edad escolar, esto significa renunciar a la posibilidad de vacaciones familiares. El tiempo libre deja de ser un derecho con autonomía de decisión para convertirse en una variable que el empleador organiza según los ciclos de producción.

Pero la modificación más agresiva apunta al corazón del sistema de protección ante contingencias. La licencia por enfermedad ya no se pagará con el 100% del salario. Según el nuevo régimen, un trabajador enfermo percibirá entre el 75% y el 50% de su remuneración habitual. Este punto se incorporó en la negociación de los últimos días, sin figurar en el proyecto original. Su inclusión no fue accidental: establece que la enfermedad es una responsabilidad individual cuyo costo recae sobre quien la padece, no sobre el sistema de relaciones laborales que debe protegerlo.

Los salarios por productividad completan el dispositivo de precarización. El esquema implica que los ingresos básicos vayan a la baja mientras que cualquier diferencia dependa de trabajar más horas o de la discrecionalidad de jefes y supervisores. La subjetividad patronal reemplaza a la negociación colectiva como mecanismo de determinación salarial. El resultado previsible: trabajadores compitiendo entre sí para obtener el favor de quien evalúa, erosión de solidaridades, individualización de conflictos.

Dividir para reinar

La reforma incluye dos modificaciones que transforman la arquitectura de las relaciones laborales en Argentina: la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la inversión de la lógica de negociación entre convenios de rama y convenios de empresa.

La ultraactividad funcionó durante décadas como garantía de que los derechos conquistados no retrocedieran. Cuando un convenio vencía, se prorrogaba de forma automática hasta que se negociara uno nuevo. Esto establecía un piso de derechos que ninguna negociación posterior podía perforar. El nuevo esquema elimina esa protección: una vez que expire el convenio, caerá por completo y habrá que negociar todo de nuevo, sin piso garantizado. La estrategia es simple: convertir cada negociación en un campo de batalla donde los trabajadores defiendan lo que ya tienen en lugar de avanzar sobre nuevas conquistas.

La segunda modificación establece que el convenio por empresa prevalecerá sobre el convenio de rama. Esto fragmenta el poder de negociación al obligar a los trabajadores a enfrentar a cada empleador de forma aislada, sin el respaldo de una organización sectorial que agrupe a miles de compañeros. Una empresa con treinta empleados deberá negociar su convenio frente a un patrón que conoce cada detalle de la situación particular de esos trabajadores, sus necesidades, sus debilidades. La desigualdad de fuerzas se profundiza cuando se atomiza la representación.

Las restricciones a las asambleas y la limitación en la elección y accionar de delegados completan el esquema de desarticulación. El texto aprobado establece condiciones que dificultan la organización en los lugares de trabajo, precisamente donde se construye el poder real de los trabajadores. Sin asambleas que funcionen como espacios de deliberación y decisión colectiva, y sin delegados con capacidad efectiva de intervención, la negociación colectiva se convierte en un trámite administrativo sin discusión por contrapeso.

El capítulo de las indemnizaciones condensa la lógica central de la reforma: transferir costos desde el capital hacia el Estado y los trabajadores. La modificación abarata las compensaciones por despido y elimina la posibilidad de iniciar juicios por daños y perjuicios cuando el empleador no registró correctamente al trabajador o no pagó los aportes correspondientes. La estrategia de precarización encubierta -contratar sin registrar, evadir contribuciones patronales- pierde su principal desincentivo: el riesgo de enfrentar demandas costosas.

El punto más regresivo es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo diseñado para que las indemnizaciones se paguen con recursos de ANSES en lugar de salir del bolsillo del empleador. El argumento oficial sostiene que el sistema beneficiará a las pymes, que muchas veces enfrentan dificultades para afrontar despidos masivos. La única modificación que incorporaron durante la negociación fue priorizar el uso del fondo para pequeñas y medianas empresas, reduciendo su aplicación a grandes compañías.

La operación persigue un doble efecto: primero, se socializa el costo del despido mediante un fondo que se financia con aportes de todos los trabajadores y jubilados; segundo, se elimina el desincentivo económico que enfrentaba el empleador al despedir. Si la indemnización sale de un fondo colectivo y no del balance de la empresa, el cálculo costo-beneficio cambia radicalmente. Despedir se vuelve más barato, contratar se vuelve más precario. El FAL no protege a los trabajadores: protege la tasa de ganancia de las empresas que ajustan planteles según fluctuaciones del mercado.

El traslado de la Justicia Laboral

El traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó finalmente como un anexo de la iniciativa, una decisión que desató controversias incluso entre senadores dialoguistas. La estrategia del oficialismo fue incorporar la modificación sin ampliar el temario de las sesiones extraordinarias, sin darle ingreso formal con estado parlamentario, sin tratamiento en comisión. Una maniobra que evitó el debate específico sobre una transformación que puede alterar el acceso a derechos para miles de trabajadores.

La jugada es política. Si la justicia laboral pasa a la órbita de CABA, los jueces que queden a cargo serán designados por la legislatura porteña que controlan el PRO y el mileísmo. La perspectiva es que los conflictos laborales dejen de regirse por normas específicas del derecho del trabajo y caigan en la jurisdicción administrativa, donde las cámaras empresarias tienen influencia consolidada a través de décadas de construcción de poder institucional. La modificación no mejora el acceso a justicia: lo restringe, lo orienta hacia actores que históricamente defendieron los intereses patronales.

La desregulación selectiva

El texto incluye dos ataques específicos contra sectores que representan formas contemporáneas de organización laboral y producción simbólica. El régimen para repartidores de plataformas establece por ley que no son trabajadores y, por lo tanto, no les corresponde ningún derecho laboral. Si quieren un seguro de vida por accidentes, deberán pagarlo de su bolsillo o esperar que los dueños de la plataforma decidan otorgarlo como concesión graciosa. La precariedad se vuelve norma legal, el trabajo independiente se impone como ficción jurídica que oculta relaciones de subordinación y explotación.

La eliminación de estatutos profesionales como el del periodista apunta a otro objetivo: destruir protecciones específicas conquistadas por actividades que enfrentan riesgos particulares. En el caso del periodismo, la reforma busca eliminar el artículo que defiende la libertad de prensa y expresión mediante una indemnización agravada por despido que penaliza la persecución laboral como mecanismo de censura. Sin esa protección, los editores y propietarios de medios recuperan discrecionalidad absoluta para despedir a quienes incomoden con sus investigaciones o posiciones críticas.

El último punto del catálogo ataca el financiamiento del cine, la cultura y los medios públicos. La lógica es coherente con el programa libertario: todo lo que escape a la rentabilidad inmediata debe desaparecer o subordinarse a la lógica del mercado. La producción cultural que no genera ganancias pierde legitimidad para recibir apoyo estatal, aunque esa producción sea la que garantiza diversidad, experimentación, construcción de identidades que no se reducen al consumo.

La represión como síntoma

La amplia represión de la jornada -con trabajadores apaleados y la provocación de infiltrados violentos- es un síntoma que anticipa una escalada del conflicto social. La violencia de Estado es parte del método: proteger los acuerdos de palacio atacando a quienes resisten en la vía pública.

La media sanción, sin embargo, es una derrota pírrica para el campo popular: perdió la votación pero expuso las contradicciones de burocracias políticas y sindicales que negocian supervivencia institucional mientras abandonan a sus representados. Esa grieta puede incinerar estructuras cuestionadas y abrir paso a formas nuevas de organización, más horizontales, más democráticas, más ancladas en la experiencia concreta de explotación que en los cálculos de aparato. La historia de los trabajadores argentinos está plagada de momentos donde la derrota fue condición de posibilidad para reorganizaciones que transformaron el mapa sindical y político. Esta puede ser una de esas encrucijadas.