Los abogados de Alesia Abaigar, Daniel Llermanos y Adrián Albor, realizaron una presentación en la que señalaron graves fallas en la instrucción del caso en que se investiga como un delito federal un escrache al diputado José Luis Espert. También cuestionaron que la Justicia actúe con una “doble vara” y que busque un efecto disciplinante sobre quien quiera ejercer la protesta social. En diálogo con El Destape, Albor adelantó que denunciará a la jueza Sandra Arroyo Salgado por encubrimiento luego de que rechazara investigar las filtraciones de la pesquisa que se hicieron a la prensa que actúa en sintonía con los intereses del gobierno.
Albor y Llermanos pidieron a comienzos de esta semana el sobreseimiento de su representada por considerar que no cometió ningún delito; apelaron la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado de extender el secreto de sumario en la pesquisa porque les impide tener acceso al expediente; y denunciaron la filtración de información de la causa a un sector de la prensa por lo que requirieron una investigación penal separada que haga foco en el accionar de los integrantes del juzgado federal de San Isidro que lleva adelante el caso. La jueza rechazó todos los planteos salvo el pedido de sobreseimiento por “falta de acción” para lo que abrió un incidente cuyo resultado es cantado.
En diálogo con este medio, Albor explicó que Arroyo Salgado:
- Mantendrá el secreto de sumario “pese a que implica una grave afectación al derecho de defensa”. Por esta decisión, los letrados recurrieron a la Cámara Federal de San Martín en queja. Reclaman que revise la decisión de la jueza federal de San Isidro de no permitir a las partes acceder al expediente.
- Se negó a resolver la situación procesal de los acusados pese a que se encuentran vencidos los plazos (indagó a todos los acusados y no resolvió su situación).
- Rechazó investigar la filtración de datos sensibles de la causa a un sector de la prensa.
Respecto a este punto, Albor adelantó a El Destape: “Le vamos a hacer una denuncia penal y otra en el Consejo de la Magistratura por encubrimiento por cuanto se negó a investigar las filtraciones que muy probablemente sean de su juzgado”. “Al haber secreto de sumario el expediente no lo vieron las partes”, agregó el letrado. Y destacó que Arroyo Salgado “como jueza tiene la obligación de investigar los delitos de los que toma conocimiento. Acá hay una filtración porque son elementos de la causa los que aparecieron en la prensa. Nosotros señalamos que la filtración proviene del juzgado. Al no investigar incurre en encubrimiento”, concluyó.
Arroyo Salgado quedó en el centro de la escena judicial luego de que ordenara las detenciones de 5 involucrados en este proceso: Alesia, Eva Mieri, Candelaria Montes, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi. A los últimos tres lo liberó con cierta velocidad. A Alesia, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, y a Eva Mieri, concejala de Quilmes, la jueza las recluyó en la cárcel federal de Ezeiza y tuvo que liberarlas a instancias de la Cámara Federal de San Martín, tras un pedido de excarcelación de las defensas. Está claro que Arroyo Salgado aborda el escrache a Espert con bosta en la puerta de su casa como un caso testigo con el que busca transmitir un mensaje disciplinante. Sino no se comprende que todos los acusados fueran imputados por los delitos de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos cuando lo que hicieron a lo sumo es una contravención.
El accionar de los militantes kirchneristas se dio luego de que Cristina Kirchner fuera detenida en el marco la causa Vialidad, caso paradigmático de la persecución judicial, y de que Espert dijera en un evento en la Universidad Católica Argentina: “Florencia Kirchner es una hija de puta, es una hija de una gran puta”. Tras sus dichos tuvo que retirarse de la sala.
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Pedido de sobreseimiento
En el escrito que rechazó casi en su totalidad Arroyo Salgado, al que tuvo acceso El Destape, los abogados de Alesia citaron los hechos que la jueza adjudicó a su defendida y cuestionaron con criterios jurídicos el encuadre que la magistrada le dio al caso.
Arroyo Salgado describió 3 hechos ocurridos el 17 de junio en la casa de Espert, ubicada en la localidad de Beccar, San Isidro:
- La colocación de un pasacalle en la reja del frente de la vivienda con la leyenda: “Acá vive la mierda de Espert”.
- Esparcir estiércol en la vereda de la casa.
- Arrojar 51 panfletos con a frase: “Espert sos una mierda…con Cristina no se jode”.
Lejos de los delitos que les imputó la magistrada a los acusados, para los letrados de Alesia el primer hecho podría calificarse de injurias –de acción privada-; el segundo “no encuentra previsión en el catálogo argentino de los delitos”. Mientras que el referido a los panfletos “quedan al amparo del derecho constitucional de manifestarse, más allá de su clara atipicidad”.
Los abogados criticaron a la jueza, a la que acusaron de pretender “finalidades prácticamente apocalípticas, magnificando un simple escrache a un sujeto realmente repudiable por sus dichos y acciones (Espert), y transformándolo en una supuesta instigación a la violencia política o la coacción dirigida a que un funcionario no cumpla con su función”. “No alcanza con atribuir finalidades catastróficas para convertir un hecho en ilícito cuando clara y objetivamente no lo es”, añadieron.
Por eso reclamaron “la excepción de falta de acción por inexistencia de delito”. El planteo es que no se puede impulsar la acción penal si no hubo delito. La jueza abrió un incidente para darle tratamiento a este planteo que a juzgar por el accionar de Arroyo Salgada en este expediente tiene un final cantado. Un dato no menor: lo que resuelva podrá ser apelado ante la Cámara Federal de San Martín.
La “doble vara” judicial
Los abogados también denunciaron en su presentación de principios de semana una “doble vara” por parte de la Justicia. Señalaron que lo que se investiga en la causa como un delito fue “una protesta política” contra un diputado que “utilizó desde siempre un discurso provocador”. Y que no se persigue la “verdadera” incitación a la violencia colectiva de Espert o el presidente Javier Mieli.
Albor y Llermanos resaltaron que cuando se realizó el escrache “ya eran conocidos los graves ataques del diputado Espert a la militancia kirchnerista que exceden el marco de la acción política, constituyendo clara incitación a la violencia en los términos de la norma que se pretende atribuir a nuestras Defendidas”.
“¿Por qué se realizó la protesta en la casa del denunciado?”, preguntaron los abogados de Alesia. “Se trató de una acción ‘defensiva’ frente a los ataques peligrosos del Diputado Espert a la Democracia y a la República”, respondieron.
Los letrados añadieron que “no debe confundirse un ‘escrache’ con la incitación a la violencia colectiva. Un claro ejemplo de incitar a la violencia colectiva consiste en asimilar a militantes políticos con insectos transmisores de enfermedades (kukas), como lo hace de manera corriente el querellante”.
En el escrito se recordó que el presidente Javier Milei llamó a “buscar a los zurdos hasta el último rincón de la Tierra” y sus dichos no fueron considerados en tribunales como incitadores de violencia colectiva. “Ello a pesar de haber conseguido, precisamente el presidente, haber generado violencia colectiva con sus dichos, como lo han sido los cavernícolas que en Mendoza atacaron a ‘los zurdos del CONICET’”.
“Los que generan violencia de manera diaria consiguen que la misma ‘justicia’ que resuelve que no hay delito cuando se instiga al odio contra la identidad sexual (cuando el presidente califica de pedófilos a los homosexuales), transforme en delito de Lesa Humanidad a una falta municipal”, sumaron. Algo similar podría decirse de cuando el Presidente sostiene que se odia lo suficiente a los periodistas.
Efecto disciplinante
Los abogados también resaltaron en la presentación ante Arroyo Salgado el contrapunto de que se detenga a manifestantes por realizar un escrache a un diputado oficialista y se deje en libertad a quienes llevan adelante la represión ilegitima del gobierno de Milei: “Mientras los autores de numerosos delitos por represión ilegítima siguen en libertad -intento de asesinato del periodista gráfico Pablo Grillo, agresión salvaje a Beatriz Blanco y la niña atacada con gases en el hecho que la ministra Bullrich intentó encubrir- hoy tenemos presos políticos en la República Argentina, por el sólo hecho de ejercer la protesta social”, afirmaron. En el caso Grillo, ya está más que comprobado que el gendarme Héctor Guerrero fue quien ejecutó de forma ilegal el disparo que casi le cuesta la vida al fotorreportero y a pesar de ello aún no fue convocado por la Justicia a prestar declaración indagatoria. Mucho menos fue detenido. A la par, en el caso de Fabricia Pegoraro, de 10 años, quien fue gaseada por el efectivo de la Federal Cristian Rivaldi, el agente fue procesado pero nunca detenido.
Por eso para los abogados de Alesia no hay dudas: “Este proceso no busca la realización del derecho de fondo, sino disciplinar a quienes ya no pueden tolerar la libertad de poder elegir entre aceptar ser esclavizados o morirse de hambre”.
En esa línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó cuando aún estaban detenidas Alesia Abaigar y Eva Mieri: “Este tipo de avance penal contra expresiones políticas disidentes genera un efecto inhibidor. Desalienta la protesta y la participación política. Avanzar en ese sentido implica profundizar el autoritarismo político. Nos encontramos estas últimas semanas con allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache, es decir, por una acción política. El gobierno usa de esta forma el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes, pero un sector del poder judicial está siendo instrumento del gobierno en esa desproporción”.
Filtraciones a pedido del gobierno
Los abogados también le enrostraron a la jueza que se enteran por la prensa hegemónica de datos del expediente (que tiene secreto de sumario) que a ellos se les niega. “Como una burla, el secreto de sumario resultó de aplicación solamente para los Defensores y no se extiende a ‘periodistas afortunados’”, señalaron a comienzos de semana. “No es un secreto que la prensa colaboracionista con el régimen de Milei ha exhibido documentos y videos del presente legajo”, agregaron. Entre otras cosas, indicaron que se mostraron imágenes de las personas acusadas cuando fueron detenidas, cual trofeo, como si fueran grandes narcotraficantes. O imágenes de uno de los autos que se habría utilizado para ir a realizar el escrache al momento del hecho. Así como capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp de los acusados y documentos de la Policía Federal. Es que la maniobra persecutoria no es completa si el accionar judicial no se complementa con el accionar mediático.
Según los abogados “visto que las partes no tenemos acceso a las actuaciones, sólo cabe concluir al menos de momento que este gravísimo delito previsto en el art. 157 CP ha sido cometido por personal o funcionarios del juzgado interviniente”. Por tal motivo, pidieron que se extraigan testimonios y se investigue este suceso en otra causa. Albor y Llermanos sostuvieron en su escrito que si Arroyo Salgado no hace esto “se verá incursa en el encubrimiento” de la maniobra.
Arroyo Salgado finalmente rechazó este planteo. Por eso, Albor adelantó a El Destape que denunciarán a la jueza por encubrimiento.
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