La Coalición Cívica (CC) denunció que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, avanza sobre la independencia del Poder Judicial en la reforma constitucional que se discute en la provincia. Para los "lilitos", el dictamen de mayoría de la comisión de Justicia en la Convención Reformadora provincial habilita la "hiperconcentración del poder" en favor del jefe provincial en materia de justicia.
"Escándalo constitucional en Santa Fe", lanzaron vía Twitter la líder de la CC, Elisa Carrió, el titular del partido, Maximiliano Ferraro, y la constituyente santafesina Lucila Lehmann. "Advertimos, con suma gravedad, el dictamen del oficialismo en la Comisión de Justicia de la Convención Reformadora: un Consejo de la Magistratura dentro del Poder Ejecutivo, control político sobre la Justicia y designación de jueces de la Corte sin mayorías calificadas", denunciaron.
Para los "lilitos", "el verdadero objetivo del gobernador Pullaro es la hiperconcentración del poder y someter por completo a la Justicia". En ese sentido, afirmaron estar "frente a una flagrante violación del artículo 5 de la Constitución Nacional y a la demolición del sistema republicano en Santa Fe".
"El dictamen oficialista constituye un abuso del poder constituyente local y vulnera la supremacía del derecho federal. Hacemos expresa reserva de accionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar esta peligrosa suma del poder público", concluyeron.
La comisión aprobó el jueves un dictamen de mayoría que introduce modificaciones en distintos artículos de la Carta Magna provincial habilitados para su revisión. Este texto fue aprobado por el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe y fue respaldado por el bloque del Frente por la Esperanza.
El texto contempla cambios en la composición de la Corte Suprema de Justicia y en el modo de designación de sus ministros. También incorpora precisiones sobre la inamovilidad y la edad de jueces y magistrados y propone revisar el procedimiento de sanción y remoción de los jueces que no son pasibles de juicio político, estableciendo que puedan ser enjuiciados (artículo 91).
Además, plantea incorporar un inciso al artículo 93 para que la Corte Suprema de Justicia sea la autoridad competente, en forma originaria y exclusiva, para dirimir conflictos de poderes en el ámbito municipal, ya sea entre municipios entre sí o con autoridades provinciales, así como en las controversias que se susciten entre órganos extrapoder.
Junto con estas modificaciones, el dictamen también incorpora la constitucionalización del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa, así como la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo, organismos que hasta ahora no estaban expresamente previstos en el texto constitucional.
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