Luego de que los directivos de Vicentin anunciaran el cierre de sus dos plantas en la provincia de Santa Fe y pusieran en jaque el futuro de 4 mil trabajadores, la crisis no para de escalar. Este lunes, la empresa comunicó oficialmente a todo su personal que no podrá abonar los salarios correspondientes a marzo, ya que “desde hace varios meses” enfrenta “circunstancias extraordinarias que han afectado su capacidad para operar con normalidad”.
Ante la imposibilidad de obtener contratos de fasón “para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad", la agroexportadora decidió frenar toda actividad industrial en sus plantas ubicadas en Ricardone y Avellaneda. De esta manera, la paralización de las plantas deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena de proveedores, transportistas y cooperativas.
Ahora, la confirmación de las autoridades empresariales de que no podrán pagar los salarios deja en evidencia la crítica situación: la empresa se encuentra sin operaciones propias de compraventa de granos, sin ingresos significativos y con deudas impagas. No obstante, el Directorio de la compañía responsabiliza a terceros y sostiene que las “decisiones judiciales recientes que todos conocen” agravaron la incertidumbre entre sus clientes, “quienes, por este motivo, han retrasado o detenido los suministros necesarios” para continuar con las actividades.
“Esto ha tenido un impacto directo en nuestras operaciones y, lamentablemente, también en nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones económicas más esenciales, entre las que se encuentran diversas obligaciones comerciales, y ahora también el pago de los salarios correspondientes al mes de marzo”, señalaron en un comunicado.
Frente a las excusas que derivaron en una decisión que deja en vilo a muchas familias santafesinas, Gustavo Feldman, abogado querellante de la Causa Vicentin en representación de Commodity, aseguró que la argumentación "es una hipocresía más" de los directivos y señaló que esto "es el reconocimiento de la ineficiencia y de la corruptela reinante en la empresa".
"Ni las víctimas, ni los acreedores, ni los fiscales, ni los jueces, ni los querellantes tenemos que ver con que Vicentin no pague los sueldos o los pague mal y nunca", apuntó Feldman. Además, señaló que el comunicado representa "el esquema discursivo que pretende imponer" la compañía, con el cual "pretende justificar que ahora no le va a pagar" a sus empleados.
Vicentin: cuatro exdirectivos presos por sospechas de estafa y asociación ilícita
En tanto, el abogado querellante sostuvo que el actual directorio considera "imprescindibles para la marcha de la empresa" a los cuatro exdirectivos detenidos, quienes "llevaron a esta situación crítica" a la empresa. Hace 10 días, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más 600 millones de dólares, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.
Según la fiscalía, los imputados formaron parte de una red que funcionó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos. Se los acusa de haber montado una "estructura organizativa destinada a cometer delitos de manera sistemática" durante los años más críticos de la cerealera.
Los fiscales expusieron que la estrategia previo al cese de pagos fue simular una salud financiera inexistente para continuar atrayendo cereal para molienda y obtener créditos bancarios. En tanto, fueron cargando el endeudamiento del grupo sobre una única empresa del pool, Vicentin SAIC.
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